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Imputaron a directivos de una agencia de Bolsa de Rosario por administración fraudulenta y falsificación de balance

Las maniobras efectuadas por los imputados perjudicaron a los inversores, ya que utilizaron su dinero sin consentimiento para fondear operaciones de otra sociedad, propiedad de los mismos dueños, que terminó quebrando.

La Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario imputó este martes a ocho directivos y el síndico de la sociedad de bolsa Guardati y Torti Sociedad Anónima (GT SA) los delitos de administración fraudulenta y confección, aprobación y publicación de balances falsos. Como el fiscal Sebastián Narvaja hizo la acusación sin pedido de medida cautelar privativa de la libertad, la audiencia se hizo sin presencia de juez y por plataforma virtual. El episodio bajo investigación se originó a partir de las denuncias de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y 42 comitentes (inversores) que no pudieron recuperar los fondos líquidos que habían confiado a GT SA, con un perjuicio calculado en 1,2 millones de pesos y casi medio millón de dólares. Las imputaciones penales a directivos y la convocatoria de acreedores de la empresa están asociadas a la onda expansiva que provocó la caída de Vicentin a fines de 2019.

Los directores de la sociedad de bolsa GT SA son en buena parte los mismos de otra empresa, de nombre parecido pero dedicada al corretaje y acopio de granos: GyT Plus SA, una de las más grandes del mercado y principal captora de granos para Vicentin. En el concurso de la agroexportadora, GyT Plus SA presentó acreencias por 223,6 millones de pesos.

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Los directivos imputados son Ángel Alberto Torti, Juan Carlos Guardati, Natalia Susana Guardati, Noemí Alicia Ponte, Susana Margarita Alesandrini, Alejandro Damián Giacomino, Juan Martín Guardati, Laura Marcela Torti. El noveno es Gustavo Ricardo Rossi, en carácter de síndico.

Todos fueron acusados como coautores de la confección, aprobación y publicación de balances falsos; otro tanto por administración fraudulenta, salvo el síndico Rossi cuya imputación en este delito es como partícipe necesario.

La maniobra que llevó a la imputación de los directores consistió en utilizar dinero de los inversores para atender los problemas financieros de la corredora, descalzada en los primeros meses de 2020 por el default de Vicentin. Esas maniobras están prohibidas por tratarse de dos empresas diferentes, pero además por violar las normativas de regulación de la CNV.

“A través de dichas maniobras, consistentes en operaciones de transferencias bancarias y de compra-venta de dólares y de títulos valores, se utilizaron los fondos en poder de la ALyC, confiados para su administración por los clientes Cuenta-Comitentes, para fondear las operaciones de la firma GyT Plus S.A., con conocimiento que ésta se encontraba en cesación de pagos”, describe el acta de imputación penal.

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El fiscal Sebastián Narvaja, de la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, imputó a los ocho directivos y al síndico de la sociedad de bolsa Guardati y Torti Sociedad Anónima (GT SA).

El fiscal Sebastián Narvaja, de la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario, imputó a los ocho directivos y al síndico de la sociedad de bolsa Guardati y Torti Sociedad Anónima (GT SA).

La fiscalía describió que esas operaciones “estuvieron dirigidas a financiar la actividad de GyT Plus SA, en provecho exclusivo de dicha firma y de sus socios”. Detalla que al 30 de setiembre de 2019 la corredora de cereales tenía un pasivo corriente de $1.697.797.522,91 y un patrimonio neto negativo de $746.320.522,91. En diciembre de 2019 cesó su giro comercial. “En otras palabras, se trataba de una empresa en cesación de pagos que de ningún modo habría podido cubrir el fondeo provisto por Guardati y Torti SA (la sociedad de bolsa)”.

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Con estas maniobras provocaron “una pérdida de liquidez y un desbalance patrimonial en Guardati y Torti S.A. fruto del cual cuando los fondos disponibles de los Cuenta-Comitentes (inversores) fueron requeridos, se declaró un quebranto que impedía cumplir con las obligaciones relativas a sus clientes”, lo que provocó perjuicio patrimonial a los clientes y a la propia sociedad y llevó también a esta a su presentación en convocatoria de acreedores en junio de 2020.

La fiscalía describe los movimientos bancarios detectados entre cuentas de una y otra sociedad. Esos fondos eran en parte dinero líquido de los inversores que estaban en custodia de GT SA para realizar operaciones que ellos mandaran.

Más aún, se detectó que parte de los fondos en dólares se usó para la compra de bonos Bonar 24, hacer una diferencia rápida, volver a venderlos y depositar de nuevo el dinero en las cuentas bancarias, todo sin autorización de los comitentes, es decir de los dueños de los fondos.

“En suma, se utilizaron los fondos de propiedad de los cuenta-comitentes para fondear la operatoria de una Sociedad que pertenece a los directivos que se encontraban a cargo de la custodia de los mismos. Toda la maniobra se efectuó sin que Guardati y Torti S.A. contase con los activos suficientes para cubrir los cheques emitidos y para restituir los fondos de sus cuenta-comitentes”, dice la imputación de fiscalía.

Además, deja en claro que los imputados no pueden desconocer el alcance perjudicial de las operaciones porque “fueron resueltas con conocimiento cabal del estado financiero y comercial de GyT Plus SA, en la medida que Juan Carlos Guardati, Ángel Alberto Torti y Alejandro Giacomino ocupaban el directorio de ambas empresas”. El 6 de febrero de 2020 (dos meses después de la caída de Vicentin), el crédito otorgado por Guardati y Torti SA a GyT Plus SA ascendía a $416.000.000 y un saldo negativo de -62 millones de pesos en su cuenta disponibilidades.

“La supuesta normalidad informada por Guardati y Torti S.A. a inicios de 2020 permitió sostener la administración infiel de sus administradores, en perjuicio de la propia sociedad y de los clientes cuenta-comitentes de la misma”, acusa el fiscal Narvaja.

“De tal manera, con respecto a las cuarenta y dos personas referidas se perfeccionó un daño patrimonial equivalente (en capital) a $1.189.138,29 y U$S 448.950,05”.

Balances

Por otra parte, la Fiscalía les imputó introducir información falsa en el balance cerrado el 30 de septiembre de 2019, contabilizando como activos los fondos líquidos de los comitentes, que deberían figurar como pasivo. Esa maniobra “no perseguiría otro propósito que mostrar un menor pasivo. Esta decisión resultó nociva y perjudicial para todo tercero que trabase negociación con Guardati y Torti SA”.

A su vez, en el balance no se informaron “hechos posteriores que generarían impacto inmediato en la situación financiera y económica” y que los directivos conocían. Esos hechos son mayúsculos: cheques rechazados por $45.490.244,67; aporte extraordinario por parte de los socios Ángel Torti y Juan Carlos Guardati de 591.000 dólares, sin aclaración del concepto de dicho aporte, que además fue en calidad de préstamo a la propia sociedad y no de capitalización; aceleración exponencial de operaciones con títulos valores en moneda extranjera; suspensión de la matricula por parte de la Comisión Nacional de Valores; e inhabilitación para operar en los mercados.

Padoán, Vicentin y Torti

Guardati y Torti SA no sólo fue la gran operadora de Vicentin en el mercado de granos, lo que le permitió crecer en los últimos años en base a compras de mercadería siempre dos o tres dólares por encima del precio que pagaba el resto, todo sustentado en la combinación de operaciones de mercado de granos y maniobras financieras. No fue la única que cayó en desgracia como efecto dominó tras la devaluación de 2019 y la caída de Vicentin.

Ángel Torti además era el socio político de Alberto Padoán dentro de la Bolsa de Comercio de Rosario en los años en que el hombre fuerte de Vicentin manejó la institución. Padoán renunció a fines de diciembre de 2019 a integrar el directorio (ya había dejado la presidencia de la Bolsa) y dos meses después tuvo que hacerlo Torti cuando salió a la luz la cesación de pagos de GyT Plus SA. Poco después se conocerían las maniobras utilizadas con fondos de comitentes de la firma de bolsa, que sumada a la decisión de la Comisión Nacional de Valores del 18 de marzo de 2020 de denunciar penalmente a los directores, los llevó este martes al banquillo de los acusados por delitos económicos.

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