La serie histórica que publica el BCRA permite reconstruir la evolución: en marzo de 2024 la deuda era de 96,8 millones; para diciembre de 2025 trepó a 183,2 millones; en enero llegó a 185,2 millones y en febrero alcanzó su pico. Situación crediticia: normal. Sin mora. Sin atrasos.
No es delito sacar un crédito. Pero hay una pregunta que ningún comité de riesgos parece haberse formulado: ¿cómo garantiza la devolución de un préstamo millonario un magistrado que tiene dictada la prisión preventiva —por ahora suspendida por sus fueros—, que enfrenta un procesamiento confirmado por la Cámara Federal por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y cuyo expediente ya está en el Consejo de la Magistratura camino a un jury de enjuiciamiento?
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La respuesta corta es que no puede garantizarla. Si el Consejo de la Magistratura lo suspende y luego lo destituye —un escenario que la Comisión de Acusación ya empezó a recorrer—, Salmain deja de percibir su salario de juez federal. Si la prisión preventiva se hace efectiva porque pierde la inmunidad, queda detenido. En cualquiera de los dos casos, el crédito pasa a ser un problema del Banco Nación y, por extensión, del Estado.
Consejo de la Magistratura caso Gaston Salmain 2
Si el Consejo de la Magistratura lo suspende y luego lo destituye, Salmain deja de percibir su salario de juez federal.
La situación es éticamente cuestionable. Una entidad pública le presta dinero a un funcionario que la propia Justicia considera con mérito suficiente para enviarlo a prisión. El sistema financiero estatal evalúa la capacidad de repago de un deudor en función de su situación laboral y patrimonial. La situación laboral de Salmain depende, literalmente, de que no lo echen del cargo por el que está procesado. Es circular: se endeuda con el Estado porque el Estado todavía no lo destituyó.
No es un dato menor. El Consejo de la Magistratura ya lo excluyó de concursos judiciales. La Cámara Federal de Casación le prohibió salir del país. La Cámara Federal de Rosario confirmó su procesamiento por unanimidad. El gremio de los empleados judiciales pidió que lo aparten de la subrogancia en Santa Fe. Y la diputada provincial Lionella Cattalini presentó un pedido formal de suspensión preventiva. Todo esto ocurrió en los últimos tres meses. Salmain, sin embargo, sigue firmando sentencias y sigue firmando créditos.
El hombre de Rafaela que llegó a la Corte Suprema
La causa que tiene a Salmain contra las cuerdas es más grande que él. El expediente madre es "Bailaque Marcelo Martín y otros", una investigación compleja por corrupción judicial que ya tiene al ex juez federal Marcelo Bailaque detenido con prisión domiciliaria —los fiscales pidieron 10 años de cárcel para él—, al financista Fernando Whpei procesado como arrepentido, al ex director de la AFIP en Santa Fe Carlos Vaudagna declarando como imputado colaborador, y al escribano Santiago Busaniche procesado como partícipe secundario en el cobro de la presunta coima vinculada a los 10 millones de dólares de la causa Attila.
Gastón Salmain
En ese marco, la defensa de Busaniche presentó en febrero un escrito que sacudió las aguas hasta Buenos Aires. Pidió que se cite a declarar a Héctor Daniel Marchi, según publicó el sitio La Política Online. El nombre no es menor. Marchi es un contador oriundo de Rafaela que llegó a la Administración General de la Corte Suprema de la Nación en 2003, impulsado por el ministro Ricardo Lorenzetti, también rafaelino. Desde ese cargo, durante 15 años, Marchi administró los fondos multimillonarios del Poder Judicial de la Nación. Fue desplazado en 2023, en medio de una interna feroz dentro del máximo tribunal. Lorenzetti resistió su salida.
¿Cómo llega Marchi a esta causa? Por la boca del arrepentido.
Vaudagna, el ex titular de la AFIP en Santa Fe, declaró que en sus conversaciones con Busaniche —registradas en audios incorporados al expediente— aparece una figura a la que se refería como "el colorado". Según la acusación fiscal, ese apodo corresponde a Marchi. El propio Vaudagna sostuvo en su declaración ampliatoria de octubre pasado que Marchi fue el administrador general de la Corte Suprema hasta abril de 2023 y que habría tenido participación en la maniobra de extorsión contra dos agentes bursátiles rosarinos, Claudio Iglesias y Jorge Oneto. Lo dijo así: Marchi impulsaba desde Buenos Aires el chantaje, presionando a Busaniche para que empujara el armado de la causa contra Iglesias y Oneto.
carlos vaudagna
Carlos Vaudagna, el ex titular de la AFIP en Santa Fe.
La defensa de Busaniche no se limitó a pedir su citación. Solicitó que se lo exima del juramento de decir verdad —una figura procesal que se aplica cuando existe riesgo de autoincriminación— y que se le secuestre el teléfono celular para conocer toda conversación que pudiera haber mantenido con los involucrados. También pidieron que se cite a la hermana de Marchi, domiciliada en Rafaela, y a todos los empleados que trabajaron en su oficina en la Corte desde mediados de 2019.
El pedido incluye oficios a la Corte Suprema para que informe los datos de identificación y contacto de Marchi, las personas que se desempeñaron en su oficina, su número de celular y si la línea era personal o provista por el tribunal. También solicitan que se informe si Marchi pidió licencia laboral durante el período investigado y que se aporten registros de ingresos y egresos de su oficina, incluyendo grabaciones de cámaras de seguridad.
La estrategia es transparente: la defensa de Busaniche busca llevar la causa hacia arriba. Si Marchi efectivamente participó de la maniobra extorsiva, el circuito de corrupción no se agota en un juez de Rosario, un financista arrepentido y un escribano operador. Llega hasta la cúspide del Poder Judicial.
Salmain está procesado en la causa Attila por haber dictado una medida cautelar que obligó al Banco Central a venderle al fideicomiso Attila, controlado por Whpei, 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial durante la vigencia del cepo cambiario, a fines de 2023. A cambio, según la acusación, Salmain y Busaniche le habrían pedido al financista una coima equivalente al 10% de la diferencia entre el dólar oficial y el blue: unos 200 mil dólares. La devaluación de diciembre de 2023 pulverizó la brecha y el negocio. Pero el expediente quedó.
También está siendo investigado en otra causa por el presunto direccionamiento de expedientes previsionales y por irregularidades patrimoniales. El juez federal Román Lanzón autorizó en marzo el levantamiento de su secreto fiscal, bancario y bursátil por 90 días.
Y en el Consejo de la Magistratura, el cerco se cierra. La Comisión de Selección lo excluyó de concursos. La Comisión de Acusación tiene su expediente. La diputada Cattalini pidió su suspensión preventiva. El sindicato de empleados judiciales pidió que lo saquen de la subrogancia en Santa Fe.
Lo que no logró el sistema institucional es lo que logra, paradójicamente, el sistema financiero: tratarlo como si nada estuviera pasando. Como si fuera un juez más pidiendo un crédito más.
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