Avellaneda: confirmaron la prisión preventiva para una suboficial de la PDI investigada por filtrar información sobre allanamientos
La mujer, de 27 años, está acusada de haber filtrado información reservada que permitió frustrar parcialmente una serie de allanamientos por una investigación de microtráfico. También hay otro agente policial detenido.
Confirmaron la prisión preventiva para una suboficial de la PDI investigada por filtrar información sobre allanamientos.
La prisión preventiva de una suboficial de la Policía de Investigaciones (PDI), investigada por la presunta filtración de información reservada en una causa por microtráfico en Avellaneda, fue confirmada en segunda instancia. La decisión fue tomada por el camarista Eduardo Bernacchia, quien ratificó la resolución del juez de primera instancia Mauricio Martelossi.
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La mujer, identificada por sus iniciales SEO y de 27 años, continuará privada de su libertad. La investigación está a cargo del fiscal Sebastián Galleano, integrante de la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En el mismo expediente también permanece en prisión preventiva otro agente policial investigado por los hechos.
La filtración que habría frustrado los allanamientos
Según la acusación, la suboficial y el otro agente de la PDI habrían utilizado su condición de funcionarios públicos y el acceso a información confidencial para beneficiar a un hombre investigado por la venta de drogas y a otras personas vinculadas a él.
De acuerdo con la investigación, el otro agente le comunicó a la suboficial, mientras ella se encontraba de licencia, la fecha exacta en la que se realizarían una serie de allanamientos en Avellaneda. Luego, la mujer habría enviado mensajes por WhatsApp a uno de los residentes de los domicilios que iban a ser allanados para alertarlo sobre el procedimiento.
Los allanamientos se realizaron el viernes 29 de mayo y, según la Fiscalía, la filtración permitió frustrar parcialmente el operativo y dificultar el avance de la investigación.
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Eliminación de mensajes y dispositivos
El fiscal Galleano sostuvo que existen evidencias de que, una vez descubierta la filtración, los dos agentes investigados habrían intercambiado mensajes sobre las comunicaciones que podían comprometerlos, eliminado conversaciones y descartado teléfonos celulares.
Además, la Fiscalía sostiene que los policías habrían intentado instalar una hipótesis alternativa para desviar la investigación y responsabilizar a otros integrantes de la fuerza.
Según la acusación, se habrían confeccionado imágenes digitales que simulaban capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre superiores y compañeros de trabajo y personas vinculadas a los domicilios allanados.
Los argumentos para mantener la prisión preventiva
Al confirmar la prisión preventiva, el camarista Eduardo Bernacchia consideró que las evidencias presentadas por la Fiscalía son suficientes, en esta etapa del proceso, para acreditar la materialidad de los hechos investigados. También tuvo en cuenta que la pena en expectativa sería de cumplimiento efectivo.
Otro de los fundamentos fue la existencia de peligro de entorpecimiento probatorio. Según explicó Galleano, la resolución de segunda instancia valoró la capacidad que tendría la imputada para desviar la investigación y el riesgo que podría existir para los testigos.
La defensa había solicitado que la mujer cumpliera la medida bajo la modalidad de prisión domiciliaria, debido a que tiene una bebé. Sin embargo, el camarista consideró que el interés superior del niño no se limita exclusivamente a la presencia de la madre en el hogar y señaló que la salud y el cuidado de la menor están siendo atendidos por familiares y médicos.
De todos modos, Bernacchia instó a la Fiscalía a gestionar un lugar de alojamiento que permita a la imputada permanecer junto a su bebé o contar con condiciones más adecuadas, teniendo en cuenta el estado de salud de la niña.
De qué delitos está acusada la suboficial de la PDI
La mujer está imputada como coautora de los delitos de encubrimiento agravado, por su condición de funcionaria pública, e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La causa continúa bajo investigación del fiscal Sebastián Galleano y busca determinar el alcance de la presunta filtración de información y la participación que tuvieron los agentes policiales involucrados.
