La merma de las lluvias en el sur de Europa fue uno de los diez desastres climáticos más costosos de 2023.
Como nunca antes, España enfrenta un invierno de penuria hídrica que obligó a las autoridades de varias regiones a limitar el acceso al agua en muchas localidades y que abre el debate sobre los usos productivos y la forma de gestionar este recurso, que una vez más queda en el centro de la crisis climática que atraviesa el planeta por el calentamiento global.
En Catalunia, una de las zonas más ricas de ese país europeo, las autoridades decretaron una emergencia “por falta de agua” y se estima que unos seis millones de personas afrontan restricciones para su uso domiciliario. En Andalucía, en el sur, las limitaciones al acceso de agua afectan a más de cuatro millones de ciudadanos.
Según información oficial del gobierno de ese país, el 34,5% del territorio español se encuentra en situación de emergencia (21,9%) o alerta/excepcionalidad (12,6%) por escasez de agua.
Según un informe que cada año realiza la organización Christian Aid, la merma de las lluvias en el sur de Europa fue uno de los diez desastres climáticos más costosos del año pasado, con un perjuicio de hasta 50 euros por cada habitante a causa de la sequía que comenzó a sentirse con fuerza en la primavera boreal de 2023.
El 2023 terminó como el año más cálido jamás registrado a nivel global: en Europa fue el segundo más cálido, después de 2020, y en España fue el segundo más cálido desde que hay registros, solo por detrás de 2022, y el sexto más seco. Según los datos de Copernicus (un ente de la Unión Europea), 2023 terminó en España con una temperatura media de 15,2 grados en la península, 1,3 °C por encima de la media histórica.
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Según la Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) el año hidrológico 2022/2023 cerró con precipitaciones a la baja y terminó siendo el tercero más seco desde que comenzaron los registros en España hace seis décadas, con un valor acumulado un 16% por debajo de lo normal, y extremadamente seco en áreas de Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.
Para Naciones Unidas, el agua y el cambio climático están estrechamente relacionados. “El cambio climático afecta al agua presente en el planeta de formas complejas. Desde patrones de precipitación impredecibles hasta la reducción de las capas de hielo, pasando por el aumento del nivel del mar, inundaciones y sequías: la mayor parte de los impactos del cambio climático se reducen al agua”, dice el documento “El agua: en el centro de la crisis climática”.
Las previsiones climáticas dicen que, a nivel general, habrá cada vez una mayor escasez de agua en España, tanto por efecto del cambio climático como por los usos productivos de ese recurso en una región históricamente afectada por el déficit hídrico.
“Hay una proliferación descontrolada, y en muchos casos ilegal, de cultivos de regadío intensivo e industrializados que consumen el 80% del agua de nuestro país, agotando nuestras reservas hidrológicas” señala un trabajo de la World Wildlife Foundation (WWF).
“Se hace un uso descontrolado del agua que afecta a miles de hectáreas en España, esquilmando nuestros recursos hídricos, secando acuíferos, ríos y humedales y poniendo en riesgo nuestro propio abastecimiento, ante los ojos de las autoridades responsables de la gestión del agua y de toda la sociedad” agrega el trabajo.
Según la WWF, España será uno de los países europeos con mayor riesgo de sufrir estrés hídrico crítico en menos de 30 años, si no se toman medidas. “En 2050 tres cuartas partes de la población española podrían sufrir una escasez extrema de agua, siendo ciudades como Sevilla, Granada, Córdoba o Murcia las que se vean más afectadas de todo el continente europeo”.
¿Cómo evitar que algunas zonas de España se conviertan en un desierto? Según esa organización es necesario avanzar hacia “un cambio profundo y un nuevo modelo de gestión del agua” en el que la demanda “se ajuste a unos menores recursos hídricos disponibles por el cambio climático y se persiga y erradique este uso ilegal del agua, para poder garantizar agua para la naturaleza y las personas”.
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Esto requiere, entre otras cosas, el cierre “de todos los pozos y fincas ilegales”, el desarrollo de proyectos piloto de ahorro de agua, el uso de nuevas tecnologías y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y adaptadas a las actuales condiciones climáticas.
“Es hora de luchar por conservar nuestros acuíferos, nuestros ríos y nuestros humedales e impulsar la restauración de los ecosistemas acuáticos, la biodiversidad que alojan y los servicios ambientales que proveen a la sociedad”.
Desde Greenpeace España también alertaron por el problema de “la intensificación de la sequía en España”, al tiempo que pidieron a los decisores “una gestión de los recursos hídricos que se anticipe y prevea las sequías, permitiendo mitigar sus efectos negativos, tanto ecológicos como socioeconómicos. Es necesario avanzar en eficiencia para garantizar el derecho humano de toda la población al agua, pero generando el mínimo impacto ambiental”.
