El norte argentino es la región en la que más avanza la deforestación para sembrar pasturas ganaderas o cultivos agrícolas como la soja.
Gentileza: Martín Katz | Greenpeace.
Ni la Ley de Bosques, ni la emergencia ecológica, ni las nuevas exigencias de mercados como el europeo –que no comprarán más alimentos que no puedan certificar un origen libre de deforestación– han logrado que frene la destrucción de los bosques y montes en el norte de Argentina, donde en los primeros nueve meses de 2023 se desmontaron 90.755 hectáreas, un 21% más que durante el mismo período de 2022.
Las provincias más afectadas son las de Chaco y Santiago del Estero, donde casi todos los desmontes son ilegales según denunció la organización Greenpeace Argentina, desde donde a principios de año lanzaron una convocatoria ciudadana para instalar el debate sobre la necesidad de penalizar esa forma de destrucción de los ecosistemas.
“Es muy preocupante este aumento de la deforestación y, sobre todo, que la mayoría sea ilegal. Resulta evidente que las multas económicas no son suficientes como sistema de disuasión. Cuando son bajas, los empresarios las incluyen como parte de los costos de producción; y cuando son altas ponen sus abogados para no pagarlas. Además, casi nunca se reforesta. Por otro lado, es claro que hay complicidad de muchos funcionarios en la violación de la Ley de Bosques”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
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Según el relevamiento difundido la semana pasada por la organización ecologista –extremadamente preciso, ya que se realiza sobre la base de la comparación de imágenes satelitales– entre los meses de enero y septiembre de este año la deforestación en Chaco alcanzó las 41.848 hectáreas; en Santiago del Estero 30.828 hectáreas; en Formosa 12.498 hectáreas; y en Salta 5.582 hectáreas.
Si se suman estos números de las cuatro provincias que componen el Gran Chaco argentino se llega a un total de 90.755 hectáreas, una superficie equivalente a 4,5 veces la ciudad de Buenos Aires. En una comparación interanual, durante los primeros nueve meses del año pasado ese total trepó a 74.698 hectáreas.
Durante los 12 meses de 2021, se deforestaron unas 205.492 hectáreas, con un 33% de esta pérdida como consecuencia de los incendios forestales.
La principal causa de la pérdida de bosques, sobre todo en la región del Gran Chaco –el segundo ecosistema forestal más grande del continente– es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que, en gran medida, se exportan a países de Asia y de Europa.
Según Greenpeace “es hora de terminar con la impunidad de arrasar con nuestros bosques”, ya que la deforestación provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. “Estamos ante una evidente emergencia climática y de biodiversidad que nos obliga a actuar en consecuencia”, señaló Giardini.
Durante el mes de julio pasado, ante la emergencia forestal que sufre Argentina, esa organización lanzó una consulta on line a toda la ciudadanía preguntando si consideraba que los desmontes ilegales e incendios forestales deben ser considerados como un delito penal, algo que hasta ahora no está contemplado como tal en el código penal nacional.
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Hasta principios de octubre participaron de esa consulta virtual más de 260.000 personas, con una abrumadora mayoría del 99% de los firmantes a favor de condenar ese crimen ambiental.
