En vísperas de un nuevo mandato de Nicolás Maduro, Venezuela enfrenta una escalada de tensiones marcada por acusaciones de secuestros, detenciones y un clima de incertidumbre que mantiene al país en vilo.
Maduro también tomó juramento a trabajadores civiles armados bajo el mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Edmundo González Urrutia, líder opositor reconocido como presidente electo por varios países, denunció el secuestro de su yerno mientras llevaba a sus nietos a la escuela.
Según el relato de González, los responsables fueron hombres encapuchados vestidos de negro.
LEER MÁS ► Venezuela: Edmundo González Urrutia denunció que el chavismo secuestró a su yerno
Nicolás Maduro respondió con contundencia al panorama de denuncias. El mandatario informó la detención de siete supuestos mercenarios extranjeros, entre ellos dos estadounidenses, dos colombianos y tres ucranianos. Según Maduro, los detenidos planeaban “acciones terroristas contra Venezuela”.
“Estamos enfrentando un plan de desestabilización. Estos mercenarios venían con instrucciones claras para atacar nuestra patria”, afirmó el presidente durante un acto oficial, donde también juramentó a trabajadores civiles armados bajo el mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
La capital venezolana está inmersa en un ambiente de incertidumbre. Milicianos armados, controles policiales y vehículos blindados se despliegan por puntos estratégicos de Caracas, reflejando el clima de tensión a días de la toma de posesión de Maduro.
La líder opositora María Corina Machado denunció actos de intimidación contra su familia: “Maduro y compañía, no tienen límites en su maldad. Rodearon la casa de mi madre y hasta sobrevolaron la zona con drones. Cobardes”, escribió en sus redes sociales.
En tanto, la oposición convocó a una protesta nacional para el 9 de enero, un día antes de que Maduro inicie su nuevo mandato de seis años. María Corina Machado confirmó su participación en la manifestación, subrayando que será una jornada histórica para Venezuela.
El recuerdo de las protestas pasadas, que dejaron más de 2.400 detenidos, sigue latente en el país. Aunque el gobierno liberó recientemente a 1.515 personas, organizaciones como Foro Penal denuncian que aún hay 1.795 presos políticos en el territorio.
