Las “mafias” que pagan a familias enteras en Costa Rica para que se casen con chinos

El trato era sencillo: 200 dólares por una boda… con un ciudadano chino. “Me contactó una muchacha, de fuera del barrio, y me dijo si quería ganarme una plata casándome y que me divorciaban luego”, cuenta María arropada por sus hijas y nietos en las calles de San José, en busca de alguna ayuda para alimentar a su familia.

Por entonces, la mujer vivía en uno de los barrios más humildes de la capital del país, los llamados “precarios”, donde la seguridad brilla por su ausencia.

La historia es conocida por los vecinos: un abogado (o un representante de éste) llega al “precario” en busca de los más necesitados y les convence para que contraigan matrimonio con una persona desconocida, un extranjero que busca legalizar su situación en el país. “Andan normal, buscando a quién agarran. Como aquí la gente requiere… Con poco que lleguen y les ofrezcan, los pobres se van de nariz (sin pensarlo)”, asegura una veterana del lugar.

María lo recuerda perfectamente. “Yo estaba en una muy mala situación (…), así que me casé y me gané eso”, le confiesa a BBC Mundo. Sin prácticamente salir del barrio, María firmó un documento en un vehículo y recibió 110.000 colones a cambio, unos US$200. “Nada más me enseñaron una fotillo del chino. Me la mostraron y me dijeron ‘doña María, usted se casó con este chino'”.

Poco después la misma persona volvió con los papeles del divorcio. Y a los pocos años, ella volvió a casarse con otro hombre, otro ciudadano chino, según le dijeron. “La primera vez fue en 2011, algo así… La segunda, unos años más tarde”, comenta sin querer ahondar en el asunto, que considera ya “cerrado”.

Su caso no es aislado y uno de los primeros periodistas en hacerse eco del asunto fue Greivin Moya, con un reportaje titulado “Familias completas de barrios pobres se casaron con chinos para legalizar su permanencia en el país” publicado en el medio costarricense Teletica en agosto del año pasado.

El tema forma parte de un problema mayor con el que las autoridades lidian a diario. Las dimensiones del fenómeno, no obstante, son difíciles de establecer. La inmigración china a Costa Rica es una de las más antiguas: comenzó en 1855, con un primer grupo de 75 personas. El censo oficial de 2011 (el último publicado) cifra en 385.899 el número de foráneos residentes en Costa Rica, y de ellos tan solo 3.389 son chinos.

Pero investigadores especializados de la Universidad Estatal a Distancia (Uned) elevan ese número y lo sitúan entre los 50.000 a 70.000 chinos, de una población extranjera estimada en un millón de personas (sobre los casi 5 millones que viven en el país). En cualquier caso, el gobierno manifiesta su preocupación por el asunto.

“El de los matrimonios por conveniencia es un problema generalizado y hay que verlo en su conjunto: es una cantidad muy grande. En este momento tenemos más de mil casos, expedientes activos donde estamos luchando”, explica el procurador adjunto Guillermo Fernández.

De la totalidad de denuncias por inexistencia o nulidad de matrimonios presentadas por el Registro Civil ante la Procuraduría, el de los chinos es el primer grupo de extranjeros de fuera de la región y el quinto de la clasificación, formada por 39 países.

Los colombianos lideran esa lista (395 denuncias desde 2010), seguidos de los cubanos (374), de los dominicanos (113), los nicaragüenses (95) y los chinos (67).

Pese a que el número de ciudadanos del país asiático no es muy elevado, para el procurador es solo la “punta del iceberg”. “Tienen que haber muchos más: personas que no se animan a denunciar, casos de los que no nos hemos enterado”, asegura en conversación con BBC Mundo.

La directora de Migración y Extranjería, Gisela Yockchen, habla de “un mercado negro” donde “hay responsabilidades compartidas entre quienes aceptan la propuesta, quien se presta y quien formaliza la situación irregular”.

Yockchen no dispone de información sobre el dinero que mueven estas “mafias”, pero señala que, de acuerdo a los casos conocidos en el país, son gestionadas por nacionales. “Hay muchas víctimas”, incide. “El que se ha prestado acaba siendo una víctima, así como la personas extranjera. Está siendo estafada porque finalmente el trámite migratorio no va a llegar a buen fin, en algún momento va a ser detectado”.

De acuerdo a las autoridades, estas redes utilizan varios modus operandi, y entre ellos está el robo de nombres de personas que no son conscientes de lo que ocurre hasta que, de repente, se topan con que su estado civil ha cambiado. Esa es una de las situaciones que facilita que se destape el delito, así como la falta de cumplimiento del trato por parte de las mafias. Cuando se detecta el delito, el extranjero puede llegar a ser deportado.

“Usualmente, son personas con escasos recursos que fueron convencidas para que celebraran un matrimonio de este tipo con la condición de que en un determinado tiempo se divorciarían. El incumplimiento de ese divorcio lleva a la otra parte, a la que actuó ingenuamente, a denunciar“, explica el director general interno del Registro Civil, Luis Guillermo Chinchilla.

En una denuncia de nulidad a la que tuvo acceso BBC Mundo, se refleja esa situación: una empleada del hogar que se casó con un ciudadano oriental por dinero y no consigue el divorcio, pese a las peticiones que le realiza a la abogada que la captó. El documento también muestra la otra versión, la del extranjero.

“Tenía poco de haber llegado al país, no hablaba ni entendía el idioma español (…) y firmó el documento sin saber que se trataba de un matrimonio simulado”, se indica en el escrito. El ciudadano chino creía, según lo expresado ante las autoridades a través de un apoderado especial, que eran los papeles para solicitar la residencia.

El problema de los llamados matrimonios de papel no es nuevo para Costa Rica, un país tradicionalmente receptor, caracterizado como un remanso de paz en medio de una de las zonas más violentas del mundo.

A finales de los años 2000, las autoridades evidenciaron una “incidencia alta” de estos casos y se identificó a personas en Costa Rica que se dedicaban a promover este tipo de irregularidad, lo que impulsó el endurecimiento de la política migratoria.

“Yo divido la situación en dos periodos: antes del año 2010 y posterior a ese año”, señala la directora de Migración, Gisela Yockhen, en conversación con BBC Mundo. En esa fecha entró en vigor una nueva ley migratoria, que pena a notarios y otras personas involucradas en este delito con entre 2 a 5 años de cárcel y dificulta el proceso para conseguir la residencia.

“Ya no se le concede la residencia permanente libre de condición a una persona por el simple hecho de estar casado con un costarricense. Ahora se otorga una residencia temporal por los tres primeros años y se incorpora dentro de los requisitos pruebas fehacientes de la convivencia”, explica la directora de Migración.

El proceso se ha afinado mucho. Entre las evidencias, las autoridades ahora solicitan las fotografías de la boda, facturas, entrevistas por separado al año de tramitar la residencia e incluso cartas de amor. Esos nuevos mecanismos han hecho que bajen “muchísimo” los casos, sostiene la representante oficial.

No obstante, “aunque se dé sólo un caso, se considera alarmante”. “Es un asunto importante. Ya no es que nos tenga preocupados, ahora lo que hace es que nos tiene ocupados”, resume la directora de Migración.