La verdadera historia de Maricarmen en Madrid: pagaba 500 euros en una de las zonas más caras y desde 2020 se negó a dejar la vivienda
Conocé la verdad sobre el desahucio de Maricarmen en Madrid: vencimiento del contrato de renta antigua, fallos de la Justicia y el acuerdo en Retiro.
Maricarmen Abascal afectada por el desahucio de alquiler en Madrid.
El caso de María del Carmen Abascal, Maricarmen, de 87 años, se convirtió en uno de los episodios más controvertidos del debate sobre vivienda en España. La mujer fue desalojada el 23 de septiembre de 2026 de la vivienda del barrio de Retiro, Madrid, en la que residía desde 1956.
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La escena de su salida en camilla y su posterior ingreso hospitalario generó una fuerte reacción social. Sin embargo, detrás de las imágenes y de las consignas que acompañaron el caso existe una historia judicial más compleja: el contrato de renta antigua que había comenzado con sus padres, dos subrogaciones familiares, una disputa sobre la vigencia del alquiler y una resolución judicial que terminó avalando la extinción del contrato.
Maricarmen tenía reconocido un 50% de discapacidad y continuaba abonando unos 500 euros mensuales por la vivienda. La propiedad, por su parte, sostuvo que el contrato ya no estaba vigente y buscó recuperar el inmueble.
El contrato de alquiler comenzó en 1956
La historia de Maricarmen en esa vivienda comenzó hace siete décadas. Su padre había firmado el contrato de alquiler en 1956, cuando ella todavía era una niña.
Tras la muerte de su padre, ocurrida en 1960, el contrato pasó a su madre mediante una primera subrogación. Cuando la madre murió en 2005, Maricarmen pasó a ocupar la vivienda como segunda subrogataria.
Ese segundo traspaso es el punto central del conflicto judicial.
La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 estableció límites para las subrogaciones de los contratos de renta antigua. En el caso de las segundas subrogaciones a favor de hijos, la permanencia podía extenderse de manera vitalicia cuando se cumplían determinadas condiciones, entre ellas un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
Maricarmen tenía reconocida una discapacidad del 50%. Por eso, la interpretación judicial que finalmente prevaleció consideró que no podía beneficiarse de esa extensión vitalicia.
La cuestión no fue que dejara de pagar el alquiler: durante años continuó abonando la renta. El conflicto fue determinar si, desde el punto de vista jurídico, tenía derecho a permanecer en la vivienda con aquel contrato.
Qué ocurrió cuando cambió la propiedad de la vivienda en España
En 2018, el inmueble pasó por una operación de compraventa. Posteriormente, la vivienda que ocupaba Maricarmen quedó en manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión S.L.
Dos años después, en 2020, Maricarmen recibió una propuesta para comprar la vivienda por algo más de 240.000 euros, una posibilidad que no podía afrontar con sus ingresos.
A partir de allí se profundizó la disputa sobre la continuidad del alquiler.
La propiedad sostuvo que el contrato que Maricarmen había heredado de sus padres debía considerarse extinguido. La mujer, en cambio, continuó pagando la renta y defendió su derecho a permanecer en la casa en las condiciones que había mantenido durante décadas.
Los 500 euros de alquiler y la cifra de 1.650 euros
Uno de los datos que más se difundió durante el conflicto fue que Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros mensuales por una vivienda ubicada en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro.
También circuló ampliamente que la propiedad quería llevar esa renta hasta 2.650 euros mensuales.
Sin embargo, el punto requiere una precisión importante.
Urbagestión negó que hubiera impuesto unilateralmente una subida de la renta vigente hasta esa cifra. Según la empresa, una vez planteada la extinción del contrato antiguo, se discutió la posibilidad de realizar un nuevo contrato de alquiler.
Durante esas negociaciones apareció una cifra de alrededor de 1.650 euros mensuales, que la representación de Maricarmen consideró inasumible. La empresa sostuvo que ese importe suponía una rebaja respecto del valor de mercado de la vivienda.
Por eso, no es preciso resumir el caso simplemente como que "le subieron el alquiler de 500 a 2.650 euros". El conflicto principal fue primero jurídico: si el contrato de renta antigua seguía vigente. Después apareció la discusión sobre cuánto debería pagar Maricarmen en caso de firmar un nuevo contrato.
Video: Maricarmen te explica misma su caso
La batalla judicial por el contrato de renta antigua
La disputa llegó a los tribunales y tuvo diferentes interpretaciones en las distintas instancias.
En primera instancia, una resolución fue favorable a Maricarmen. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid revocó posteriormente esa decisión y consideró extinguido el contrato al analizar los límites de la segunda subrogación.
El caso llegó al Tribunal Supremo, que terminó avalando la extinción del arrendamiento. De este modo, la resolución judicial que permitió avanzar con el desahucio no estableció que Maricarmen hubiera dejado de pagar el alquiler ni que hubiera ocupado ilegalmente la vivienda: determinó que ya no tenía derecho a continuar en ella bajo aquel contrato de renta antigua.
Este punto resulta fundamental para comprender el caso.
Maricarmen había vivido allí durante 71 años y había seguido pagando la renta, pero la permanencia durante décadas no significaba, por sí sola, que el contrato conservara indefinidamente sus efectos jurídicos.
Cuatro intentos de desahucio antes de la salida definitiva
Una vez resuelta la disputa judicial, comenzaron los intentos de ejecutar el desalojo.
El primero se produjo en octubre de 2025, pero fue suspendido. Durante 2026 hubo nuevos señalamientos, entre ellos los previstos para junio.
Finalmente, el 23 de septiembre de 2026 se concretó el cuarto intento.
Para entonces, el caso ya había adquirido una enorme repercusión pública. Vecinos, organizaciones de inquilinos y distintas figuras públicas se movilizaron para intentar impedir el lanzamiento.
Maricarmen fue finalmente retirada de la vivienda en camilla y trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde permaneció ingresada después del desalojo.
El conflicto de Maricarmen: cómo la intervención del Sindicato de Inquilinas frenó la venta del inmueble
Las propuestas para evitar el desalojo
Durante las semanas previas también aparecieron diferentes propuestas para intentar encontrar una salida.
Una escritora que prefirió mantener su identidad en reserva llegó a ofrecerse para cubrir la diferencia entre los 500 euros que Maricarmen pagaba y la cantidad reclamada para un nuevo alquiler.
También hubo gestiones de organismos públicos para buscar alternativas habitacionales o una solución que permitiera que la mujer continuara en su entorno.
Urbagestión, por su parte, anunció después del desalojo una propuesta para poner la vivienda a disposición de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) y los servicios sociales municipales, con el objetivo de encontrar una solución para Maricarmen.
El acuerdo que permitirá a Maricarmen volver a su casa
La historia tuvo un nuevo giro pocos días después del desalojo.
El 28 de septiembre de 2026, Urbagestión y los representantes de Maricarmen alcanzaron un acuerdo con la mediación de la EMVS.
La solución contempla un nuevo contrato de alquiler por ocho años, con una renta vinculada a los ingresos de la mujer: no podrá superar el 30% de su pensión, lo que representa aproximadamente 500 euros mensuales.
El acuerdo no supone la continuidad del antiguo contrato de renta de 1956. Se trata de un nuevo vínculo contractual con nuevas condiciones.
Maricarmen aceptó las condiciones comunicadas por su abogada, aunque al 29 de septiembre todavía no había firmado el contrato. El regreso a la vivienda quedó previsto para después de recibir el alta médica.
Una historia más compleja que la imagen del desahucio
El caso de Maricarmen quedó asociado a las imágenes de una mujer de 87 años siendo retirada en camilla de la casa donde había vivido desde 1956. Esa escena explica buena parte de la reacción social que provocó el desalojo, pero no resume por sí sola el conflicto.
Detrás hubo un contrato de renta antigua firmado en 1956, dos subrogaciones familiares, una discusión sobre los límites establecidos por la legislación española, años de litigio judicial, distintas propuestas económicas y una resolución que terminó considerando extinguido el contrato.
También es cierto que Maricarmen continuó pagando durante años los aproximadamente 500 euros de alquiler y que su situación personal y económica hacía imposible asumir las cantidades planteadas para un nuevo contrato.
Finalmente, la salida encontrada fue diferente: un nuevo alquiler de ocho años y una renta adaptada a sus ingresos, que le permitirá regresar al mismo departamento una vez que reciba el alta hospitalaria.
El caso dejó así dos cuestiones diferenciadas: por un lado, el conflicto jurídico sobre la vigencia del contrato original; por otro, el debate social y político sobre cómo abordar situaciones de vulnerabilidad habitacional sin desconocer los derechos de las partes involucradas.
