El futuro de la democracia en Israel está en manos de la Justicia de ese país. El Tribunal Supremo examina desde este domingo ocho demandas para que se pronuncie sobre si Benjamín Netanyahu puede seguir siendo primer ministro después de haber sido encausado por corrupción. Un fallo en contra del mandatario conservador conllevará previsiblemente la convocatoria de otras elecciones legislativas, las cuartas en poco más de un año.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
Según relata el diario El País, el adelanto electoral es una de las cautelas previstas en el acuerdo de coalición suscrito hace dos semanas entre Netanyahu y el líder centrista Benny Gantz. Los magistrados del Supremo revisarán también la constitucionalidad de ese pacto político a fin de dictar su resolución antes del jueves de esta semana, cuando expira el plazo para la formación de Gobierno. Si se llegara a traspasar dicho límite legal, la Kneset (Parlamento) quedaría automáticamente disuelta y los israelíes serían llamados de nuevo a las urnas. En la balanza de los jueces pesarán tanto la observancia de las leyes básicas de rango constitucional como el respeto a la voluntad popular expresado en en voto de los ciudadanos.
Un fallo en contra del mandatario conservador conllevará previsiblemente la convocatoria de otras elecciones legislativas, las cuartas en poco más de un año.
La batalla legal que acapara la atención de los israelíes coincide en el tiempo con la aceleración la desescalada de las medidas de contención de la pandemia, plasmada en la reapertura gradual de escuelas e institutos. Hasta ahora, el coronavirus solo se ha cobrado en Israel 229 muertes y algo más de 16.000 casos de infectados, pero ha paralizado la economía más dinámica de Oriente Próximo y disparado la tasa de paro hasta el 27% en un país acostumbrado al pleno empleo. Gantz y Netanyahu invocaron la situación de emergencia nacional para aparcar su rivalidad y pactar un Ejecutivo de gran coalición.
Netanyahu, que lleva 17 meses como primer ministro en funciones, se había garantizado la continuidad en el poder mediante un pacto de rotación en el cargo con Gantz antes de tener que comparecer ante un tribunal de Jerusalén el próximo día 24. El jefe de Gobierno con más tiempo de mandatos acumulados en la historia de Israel está procesado por soborno, fraude y abuso de poder en tres casos y afronta una condena de hasta 10 años de cárcel.
Partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil han pedido al Supremo que se pronuncie sobre si un responsable político encausado por cohecho puede dirigir el Gobierno. Una sala excepcionalmente integrada por 11 magistrados y encabezada por la presidenta de la institución, Esther Hayut, tiene la última palabra.
Netanyahu, que lleva 17 meses como primer ministro en funciones, se había garantizado la continuidad en el poder mediante un pacto de rotación en el cargo con Gantz.
La legislación hebrea prescribe que un ministro formalmente acusado de corrupción debe renunciar al cargo, pero el jefe del Gobierno solo está obligado a dimitir tras ser condenado por sentencia firme.
El fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit ha anticipado en su informe escrito ante el Supremo que “no existe base legal” para poder vetar al líder del Likud, el partido más votado en las legislativas del pasado 2 de marzo. En su opinión, se enfrentan dos principios básicos: “el acatamiento a la voluntad de la mayoría en una democracia y la integridad exigible a los servidores públicos, en particular a los cargos electos”.
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