Miles de indígenas protestaron este viernes frente al Palacio del Planalto, sede del Gobierno brasileño, contra el presidente Jair Bolsonaro, en el marco de un reclamo para que el Supremo Tribunal Federal impida finalizar el proceso de reconocimiento de tierras ancestrales. Quemaron una representación de un féretro de 10 metros de longitud con la inscripción "genocida".
Miles de indígenas protestaron hoy frente al Palacio del Planalto, sede del Gobierno brasileño, contra el presidente Jair Bolsonaro.
El centro de la protesta es contra los proyectos del Gobierno de liberar la exploración minera y agrícola dentro de sus tierras, garantizadas en la Constitución de 1988.
El presidente de Brasil respondió por las redes sociales: "Este tipo de gente quiere volver al poder con ayuda de aquellos que censuran, detienen y atacan a los defensores de la Constitución y la libertad". El mensaje del mandatario brasilero fue contra los jueces de la corte suprema que han abierto causas y ordenado detenciones contra bolsonaristas por ataques a la democracia y difusión de noticias falsas.
Unos 6.000 indígenas de 173 pueblos originarios de Brasil acampan desde esta semana en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia, ante la inminencia de un fallo de la corte suprema que es considerado clave para el futuro de las tierras ancestrales. La sesión final fue postergada para el próximo miércoles. La manifestación es de las más importantes de los pueblos originarios, informó la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib).
El Supremo Tribunal Federal, la corte suprema, votará sobre el marco temporal aceptado en la disputa, un pedido para que los indígenas apenas puedan reivindicar la demarcación de tierras ocupadas antes de la Constitución de 1988.
Esta agenda de reducir el espacio temporal para reivindicar tierras ancestrales es una de las banderas del presidente, que, en cambio, promueve una ley para legalizar la minería y agronegocio dentro de las tierras indígenas.
La corte debe resolver un fallo de un tribunal de apelaciones sobre un territorio del estado de Santa Catarina reivindicado por los pueblos xokleng, guaraní y kaingang. El juez supremo Edson Fachin, relator del caso en la máxima corte, pidió fallar a favor del movimiento indígena sin reconocer la existencia de un "marco temporal" a partir de 1988.
Brasil incluyó en 1988 la legalización de tierras indígenas en su Constitución tras el fin de la dictadura militar en 1985. Bolsonaro dijo que esta decisión "llevará a la quiebra" al agronegocio brasileño, que es la actividad más importante del Producto Interno Bruto del principal socio comercial de Argentina.
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