A través de sus canales oficiales, la fuerza de seguridad brasileña fue tajante: “El crimen no quedó impune y en Río de Janeiro el racismo no es una broma”. La investigación, llevada adelante por la Comisaría 11ª (Rocinha), concluyó que Páez profirió insultos y realizó gestos despectivos hacia un trabajador local. Además, una amiga de la abogada también fue imputada, en este caso por el delito de perjurio.
Tobillera electrónica y pasaporte retenido
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Páez permanece detenida desde el pasado 14 de enero. Actualmente, cumple arresto domiciliario en Brasil, bajo el monitoreo de una tobillera electrónica y con su pasaporte retenido por las autoridades.
Desde su entorno, calificaron las medidas cautelares como desproporcionadas. “Estoy pasando un infierno”, manifestó la joven, cuya defensa hace hincapié en que no posee antecedentes penales y se encuentra a derecho ante la justicia brasileña.
El origen del conflicto: ¿estafa o racismo?
El incidente se desató en el local "Barzin Ipanema" por una discusión en torno al pago de la cuenta. Según la versión de Páez, el bar intentó estafarlas agregando consumos que no habían realizado.
La abogada denunció que los empleados las intimidaron, no las dejaban retirarse y hasta realizaron gestos obscenos hacia ellas. Fue en ese contexto de tensión que la argentina admitió haber tenido una “reacción malísima”. Las cámaras de seguridad del local captaron el momento en que Páez se retiraba imitando gestos de un mono y emitiendo sonidos, lo que derivó en la denuncia inmediata por parte del personal.
Las penas que enfrenta la abogada argentina en Brasil
En Brasil, el delito de racismo es considerado de extrema gravedad:
- Las penas oscilan entre los 2 y 5 años de prisión.
- Es un delito que no contempla la salida bajo fianza.
Asistencia consular: El Consulado argentino en Río de Janeiro confirmó que brindará acompañamiento y asistencia a la joven, aunque aclararon que no intervendrán en el proceso judicial, ya que la causa depende exclusivamente de la competencia de la justicia brasileña. Ahora, el Ministerio Público deberá decidir si eleva la causa a juicio o solicita el archivo.
