Por Andrea Romanos
Las fuertes protestas que tuvieron lugar en Ecuador del 3 al 13 de octubre, encendidas por la decisión del gobierno de eliminar los subsidios a los combustibles, tienen algunos claroscuros. Para poner luz sobre ellos, este lunes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se trasladó a Quito e investigará durante los próximos días sobre posibles violaciones de los derechos humanos.
Se trata de un trabajo independiente y que dispone de agenda propia, y coincide con otro trabajo de campo que está llevando a cabo la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que llegó al país hace una semana con el mismo objetivo: esclarecer si durante los 12 días que Ecuador vivió una de las olas de violencia más graves de su historia reciente se vulneraron los derechos básicos de los manifestantes.
La Misión de la CIDH ha llegado al día de hoy a #Quito #Ecuador para documentar y recoger información sobre el respeto a los #DDHH en el contexto de las recientes protestas. Se reunirán con Estado, movimientos sociales e indígenas y visitarán Latacunga, Guayaquil y Cuenca. https://t.co/drZjsDpokp
— CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) October 28, 2019
Tanto la CIDH como la delegación de la ONU tuvieron encuentros con representantes de todos los sectores. El gobierno ecuatoriano fue quien invitó a los organismos, y defiende que actuó con moderación y no tiene nada que ocultar. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, pidió que que se analice los derechos humanos de todos.
“También que se revisen los derechos humanos de la gente que lo perdió todo, que fue secuestrada, que no pudo trabajar 12 días, que los dejaron sin agua, a los que dejaron sin medicina, más de 50 ambulancias detenidas (…) ¿y los derechos de esos pacientes, dónde quedan?“, apuntó Sonnenholzner en el marco de un evento en la capital.
El lunes, la delegación de la CIDH se reunió también con la ministra de Gobierno, María Paula Romo; con representantes de la Cancillería, el contralor Pablo Celi y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín; así como representantes de la Presidencia, ministerio de Cultura, Finanzas y Salud.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador hizo públicas este lunes las cifras registradas durante la cruzada contra el Gobierno. “Teníamos la obligación de entregar la información que durante 12 días de protestas recopiló la Defensoría. La cifra oficial al 13 de octubre: 1.192 aprehensiones, 1.340 heridos y 10 fallecidos“, indicó el defensor del pueblo, Freddy Carrión.
Desde que se iniciaron las movilizaciones, distintos grupos –entre ellos el movimiento indígena que encabezó las protestas– denunciaron violaciones por parte de las fuerzas del orden.
La CIDH ya cuenta con siete informes que le hizo llegar la Defensoría del Pueblo, y que analizará en los próximos días. También visitará centros de detención de la capital ecuatoriana, así como los de la ciudad de Latacunga. Según dijo Carrión, su estimación es que el 76% de las aprehensiones corresponden a detenciones arbitrarias.
El Gobierno, por su parte, sostuvo que en toda ocasión utilizó herramientas previstas en los convenios internacionales para este tipo de casos, como gas lacrimógeno. Asimismo, sostienen que no se produjeron víctimas mortales por acción directa de los efectivos de seguridad involucradas –Policía o Ejército–, como tampoco el empleo de fuerza letal, por lo que pidió a la CIDH que analice la cuestión a fin de poder conocer el origen de algunos casos de heridos de bala, que el Ejecutivo atribuye a otros factores o circunstancias.
Con información de EFE y medios locales
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