Este 31 de diciembre vence el plazo establecido por el Gobierno colombiano para que la exguerrilla FARC entregue todos los bienes que adquirió durante su lucha armada, pero en medio de acusaciones cruzadas solo presentó oro, efectivo, inmuebles y todo tipo de pertenencias por un valor total de 44.000 millones de pesos, apenas un 8,8% del medio billón declarado en 2017.
Juan Manuel Santos y Timochenko tras la firma del del acuerdo de paz, el 26 de septiembre en Cartagena
La entrega de sus bienes conseguidos a través de la violencia y que serían utilizados para indemnizar a sus víctimas había sido una de los puntos centrales del acuerdo de paz firmado entre la entonces la guerrilla, por entonces la más importante del conflicto armado del país, y el Estado colombiano en 2016.
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Este acuerdo avanzó al año siguiente cuando la desmovilizada guerrilla hizo un inventario de todos sus bienes por un valor total de más de 145 millones de dólares, en el que incluyeron desde desde lingotes de oro, dólares e inmuebles hasta obras, como rutas, y elementos de cocina.
El inventario fue recibido por la Misión Verificadora de la ONU y luego fue el Gobierno colombiano quien armó un cronograma para la devolución de estos bienes, que finaliza hoy, con apenas cerca de 13 millones de dólares entregados.
El Gobierno de Iván Duque anunció que denunciará el incumplimiento de la exguerrilla devenida en partido político a la Jurisdicción Especial para la Paz, la corte que define todos los temas referidos a los acuerdos de paz, y a la Fiscalía nacional.
Pero desde la exguerrilla acusan al Gobierno de ser responsable del restraso.
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Según el diario El Espectador, Pastor Alape, exjefe de las FARC y el encargado hoy del inventario a ser devuelto, declaró ante la JEP hace unos días que fue el Gobierno el que cambió las reglas, lo que provocó un retraso de su parte.
Tanto la ONU, encargada de fiscalizar el cumplimiento del acuerdo de paz, como un amplio frente de organizaciones de derechos humanos locales han denunciado en los último años constantes incumplimientos, especialmente de la parte del Gobierno y vinculados a la falta de protección para los excombatientes desmovilizados y los líderes sociales que trabajan, principalmente en zonas rurales, para implementar las condiciones del acuerdo de paz.
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