Redacción Aire Digital
El presidente del gobierno catalán, Quim Torra, será juzgado el próximo 25 y 26 de septiembre por un delito de desobediencia tras haberse negado a retirar de edificios públicos los lazos amarillos con los que el movimiento independentista denuncia el encarcelamiento de los líderes del fallido proceso de secesión de 2017.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) comunicó este lunes la fecha de las sesiones del juicio oral, por el que el líder secesionista afronta un pedido de inhabilitación de la Fiscalía de un año y ocho meses y una multa de 30.000 euros.
El inicio de este nuevo juicio añade más tensión al comienzo de un ciclo político que se prevé muy convulso, ante la esperada sentencia del Tribunal Supremo español contra los políticos y activistas catalanes juzgados por delitos de rebelión y sedición, en relación con el frustrado intento de ruptura con España de hace dos años.
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El máximo tribunal catalán, que juzgará a Torra en su condición de aforado- por ser un cargo público-, considera que existen indicios de un delito de desobediencia o de denegación de auxilio judicial, porque el presidente catalán hizo caso omiso a la orden de la Junta Electoral Central (JEC) que le ordenó que quitara los lazos amarillos durante la precampaña de las pasadas elecciones generales del 28 de abril.
Según el tribunal, Torra tenía la posibilidad de cumplir con el mandato de la JEC pero optó por “persistir en la desobediencia”.
Durante la investigación, Torra declaró ante el TSJC que actuó en el marco de su derecho a la libertad de expresión, “que defenderá hasta las últimas consecuencias”.
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Pese a que finalmente el presidente catalán retiró los lazos, lo hizo fuera de plazo, lo que para la Fiscalía reviste gravedad porque “incide directamente en el derecho de participación política de la totalidad de la ciudadanía”.
Los polémicos lazos amarillos generaron tensión entre la ciudadanía en Cataluña mucho antes de las elecciones, debido a la existencia de “brigadas” de ciudadanos que salían por las noches a “limpiar” las calles de estos símbolos, adoptados por los independentistas para denunciar la existencia de “presos políticos”, algo que el gobierno de España niega.
Nota de Redacción: en esta noticia se utilizó información de Télam
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