Comenzó el diálogo en el Congreso chileno para modificar la Constitución

La necesidad de reformar la Carta Magna para ampliar los derechos de la sociedad y combatir las desigualdades es una de las demandas centrales en las multitudinarias manifestaciones que se suceden en las grandes ciudades chilenas desde el 18 de octubre. A esa demanda, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera respondió primero con evasivas, luego la consideró una posibilidad pero no una prioridad y finalmente la propuso como una cuestión "urgente".

En la reunión de este miércoles, el debate se centró en los mecanismos que se elegirán para hacer los cambios, todos ellos previstos en la ley. Un camino posible es la instalación de un Congreso Constituyente, que convertiría al Parlamento en Asamblea habilitada para modificar artículos, una fórmula que es rechazada por los manifestantes por el desprestigio del Poder Legislativo.

Otra vía puede ser la formación de una Convención Constituyente integrada por legisladores y asambleístas designados en elecciones, una fórmula discutida por los sectores de la oposición que impulsan la reforma y resisten la idea de la imposición de parlamentarios sin pasar por el tamiz de las urnas.

Queda entonces la alternativa de declarar la necesidad de la reforma constitucional y convocar a elecciones para instalar una Asamblea Constituyente, capacitada para sesionar de manera soberana y con total independencia del Congreso.

Esta última opción es la que menos seduce al oficialismo, debido a que una elección en este momento, en el que las encuestas destacan la impopularidad de Piñera, puede dejar a la alianza gobernante con escasa representación en el trámite de reforma.

Según La Tercera, hasta la tarde de hoy primaría la solución intermedia "entre la Asamblea Constituyente y el Congreso Constituyente, es decir una convención constituyente con delegados elegidos por la ciudadanía pero que también incluya a parlamentarios".

Si no hubiera consenso entre las fuerzas políticas, la discusión puede quedar trabada, debido a que se necesitan los dos tercios de los votos en el Parlamento para imponer cualquiera de las fórmulas en debate.

En este esquema, la oposición impulsa un plebiscito para que sea la ciudadanía cuál de estos mecanismos prefiere para reformar la Carta Magna, que tuvo una veintena de cambios desde su sanción, en 1980.