Cuatro menores de edad del pueblo indígena Murui fueron asesinados en la Amazonia colombiana por disidentes de las FARC que están en una tregua bilateral con el gobierno, denunció este domingo la Defensoría del Pueblo de Colombia.
Colombia vive un conflicto armado que persiste tras el acuerdo de paz y enfrenta a rebeldes, narcotraficantes y agentes estatales en una prolongada guerra que deja más de nueve millones de víctimas.
Según las comunidades indígenas de la zona, los menores habían sido reclutados forzosamente por los rebeldes que se apartaron del pacto de paz alcanzado en Cuba en noviembre de 2016, por el que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se desmovilizaron y pasaron a la actividad política legal.
El ente estatal que vela por el respeto de los derechos humanos confirmó la denuncia de la Defensoría del Pueblo y detalló en un comunicado que los "cuatro niños y adolescentes, miembros de la comunidad indígena Murui" fueron ejecutados en los límites entre los departamentos de Caquetá y Amazonas (sur) "luego de haber desertado" del frente Carolina Ramírez, una de las facciones disidentes de las FARC que se adhirió a un cese al fuego bilateral planteado por el gobierno el 1 de enero.
Los disidentes, agrupados bajo el nombre Estado Mayor Central de las FARC (EMC), es uno de los frentes que no se adhirieron al pacto de paz y suman unos 3.000 combatientes, aunque están a punto de iniciar un nuevo proceso de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, a pesar de varias violaciones a la tregua.
Ni las autoridades ni los originarios precisaron las edades de las víctimas. Hasta ahora solo se conoce el nombre de uno de ellos: Luis Alberto Matías Capera, reclutado a finales de marzo en un poblado del vecino departamento de Putumayo y asesinado a tiros el 17 de mayo junto a los otros tres menores.
"Reclutar y asesinar niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas no son precisamente gestos de buena voluntad para alcanzar la paz. Además de ser evidentes violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)", reclamó la Defensoría.
A su turno, Petro calificó el múltiple asesinato como "un crimen atroz, una bofetada a la paz" y anticipó "medidas frente a estos hechos".
Voceros del EMC expresaron a periodistas que los consultaron por WhatsApp que "no se van a dar declaraciones al respecto hasta que no se tenga la información totalmente cotejada" con sus frentes en la zona.
Colombia vive un conflicto armado que persiste tras el acuerdo de paz y enfrenta a rebeldes, narcotraficantes y agentes estatales en una prolongada guerra que deja más de nueve millones de víctimas.
Petro, primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia, dialoga con guerrillas, grupos armados de origen paramilitar y las bandas del narcotráfico para poner fin a la violencia en el mayor productor de cocaína del mundo.
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