Lula Da Silva, expresidente de Brasil, recuperó este martes sus derechos políticos y puede ser candidato en 2022, ya que el juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal, anuló todas sus condenas por corrupción, justo en el momento más álgido del escándalo de filtraciones que reveló un complot entre el exjuez Sérgio Moro y el grupo de fiscales de la Operación Lava Jato en contra del líder opositor.
El expresidente Lula Da Silva podría presentarse a las elecciones que se disputarán el próximo año en el país vecino.
Es indudable que la anulación de dos condenas y otra tercera causa abierta beneficia a Lula, quien solo ayer fue confirmado como el favorito por una encuesta para las elecciones presidenciales del año próximo.
Sin embargo, la decisión del juez Fachin, un aliado de los fallos de Lava Jato hasta ahora, se basó en cuestiones de jurisdicción y no por los cuestionamientos sobre la parcialidad de los entonces fiscales y jueces contra el exmandatario. En otras palabras, pese al cimbronazo político, el magistrado salvó penalmente a Moro y al exjefe de Lava Jato, el fiscal Deltan Dallagno.
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"Siempre estuvimos del lado correcto, contra el lawfare. La decisión está en sintonía con todo lo que decimos hace cinco años. Pero la decisión no repara los daños irremediables causados por Moro y los fiscales al expresidente Lula, al sistema de justicia y al país", afirmó el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins.
"La decisión salva a Lula pero también a Moro y al resto de Lava Jato. Tener este desenlace confirma la frase de que Brasil no es para principiantes. Ahora jurídicamente, después de este fallo, no es relevante evaluar si Moro fue parcial o no", explicó, por otra parte, a Télam el abogado criminalista Luciano Quintanilha de Almeida, socio del estudio Vilardi Advogados. En concreto, el juez Fachin hizo lugar a un habeas corpus que presentó el año pasado la defensa de Lula. Consideró que las causas contra el expresidente no eran competencia de Lava Jato por cuestiones jurisdiccionales, ya que no existen vínculos entre el caso y la corrupción en Petrobras.
En conclusión, el juez de la corte remitió las causas a Brasilia, donde el tribunal regional de la capital deberá decidir si la causa pasa a un juez de primera instancia y todo el proceso comienza de cero, lo que daría suficiente tiempo a Lula para presentar su candidatura presidencial el año próximo, si así lo desea. Potencial rival en las próximas elecciones, Bolsonaro expresó hoy sorpresa por la anulación de las causas y pronosticó que el pueblo repudiará al exdirigente metalúrgico si se presenta el año próximo.
Bolsonaro vinculó al juez Fachin con el Partido de los Trabajadores y dijo que esperará que el pleno del máximo tribunal pueda modificar esta decisión. "Nos sorprende esta decisión porque el accionar delictivo de esa administración (de Lula) le quedó clara a la sociedad. El PT hizo una administración catastrófica, desvíos de Petrobras… Creo que el pueblo no quiere tener un candidato como este en 2022 o pensar en elegirlo”, dijo Bolsonaro al canal de noticias CNN Brasil.
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Dónde está preso Lula Da Silva
Lula pasó 580 días preso por una condena emitida por Moro en una celda en la ciudad de Curitiba, en el estado de Paraná, y quedó fuera de la elección de 2018. Su lugar fue ocupado por Fernando Haddad, quien perdió el balotaje con Bolsonaro, el candidato que apoyó toda la derecha para evitar la vuelta del Partido de los Trabajadores, aún los sectores que hoy critican al ultraderechista por su gestión de la pandemia y la crisis económica. Tras esa victoria electoral, Moro renunció a su cargo de juez y por 17 meses fue ministro de Justicia de Bolsonaro.
Hoy Moro vuelve a aparecer en las encuestas presidenciales. Por eso es relevante que la decisión de hoy del juez Fachin no se basa en las denuncias de Lula por un 'lawfare' atribuido a fiscales y jueces tanto de primera como de segunda instancia, sino por una cuestión de competencia jurisdiccional.
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Condena a Lula Da Silva
Lula fue condenado a 8 años y 10 meses de prisión por presuntamente haber recibido un inmueble en la playa de Guarujá como soborno de la constructora OAS a cambio de favores políticos, pena confirmada por la cámara de Porto Alegre y el Superior Tribunal de Justicia, tercera instancia, y que estaba en apelación ante el Supremo Tribunal Federal, la corte constitucional.
Además, había sido condenado por la jueza sustituta de Moro, Gabriela Hardt, a 12 años y 11 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero por reformas realizadas por las constructoras Odebrecht y OAS en una casaquinta en Atibaia, estado de San Pablo, propiedad de un amigo. Finalmente, estaba procesado en una causa sobre donaciones al Instituto Lula, entidad no gubernamental fundada por el exsindicalista y exmandatario.
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