Bolsonaro detenido: intentó romper su tobillera electrónica y la Corte Suprema habló de riesgo de fuga
Bolsonaro quedó detenido en Brasilia tras la detección de una violación en su tobillera electrónica. La Corte Suprema habló de riesgo de fuga y manipulación del dispositivo.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue llevado a la cárcel: la Corte levantó su prisión domiciliaria.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue detenido este sábado en Brasilia por orden del juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien sostuvo que el exmandatario intentó manipular la tobillera electrónica que llevaba desde que cumple arresto domiciliario. El magistrado señaló que el sistema de monitoreo registró una violación del dispositivo a las 00:08, lo que confirmó para el tribunal un “riesgo concreto de fuga”.
De acuerdo con el informe del Centro de Monitoreo Integrado, la señal indicó una “violación del equipamiento”, situación que para De Moraes evidenció un intento deliberado de Bolsonaro por quitarse o romper la tobillera.
El juez sostuvo que esa acción buscaba aprovechar el movimiento generado por una vigilia convocada por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, frente a la residencia del expresidente para facilitar una eventual fuga.
Bolsonaro quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2030
El expresidente brasileño enfrenta prisión preventiva por riesgo de fuga, según el fallo del juez Alexandre de Moraes.
El magistrado también remarcó lo que definió como un “modus operandi reiterado” del exmandatario: la activación de sus bases de apoyo para generar confusión y entorpecer acciones judiciales. En la resolución, recordó que otros dirigentes cercanos a Bolsonaro ya abandonaron Brasil para eludir procesos judiciales, entre ellos los diputados Alexandre Ramagem y Eduardo Bolsonaro.
La defensa denuncia arbitrariedad y advierte sobre el estado de salud del exmandatario
Los abogados del expresidente cuestionaron la decisión y adelantaron que presentarán un recurso ante el Supremo Tribunal Federal. Señalaron “profunda perplejidad” ante la prisión preventiva y aseguraron que la medida “pone en riesgo su vida” debido a las secuelas de la puñalada sufrida en 2018 y a otros problemas de salud que arrastra desde entonces.
La defensa también rechazó que una posible vigilia haya sido considerada como agravante, al afirmar que se trataba de una reunión religiosa amparada por la Constitución, que garantiza tanto la libertad de culto como el derecho a manifestarse.
La prisión preventiva no implica el comienzo de la pena de 27 años dictada en septiembre, sino una resolución destinada a preservar el orden público y asegurar el cumplimiento de la ley penal mientras avanza el proceso.
