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Internacionales Ecuador |

Asesinan a tiros en Guayaquil a un fiscal que investigaba el narcotráfico en Ecuador

Un fiscal ecuatoriano que investigaba casos de violencia en el país fue asesinado este lunes a tiros en plena calle en Guayaquil.

Édgar Escobar, de 43 años, fue baleado y asesinado frente al edificio La Merced de la Fiscalía en Guayaquil, Ecuador. Era el fiscal de la Unidad de Personas y Garantías y trabajaba en casos de asesinatos, organizaciones narcodelictivas, falsedad de información, robos y otros, según destacó el diario ecuatoriano El Universo.

Dos hombres han sido arrestados en conexión con el caso, supuestamente los sicarios que acabaron con la vida del fiscal.

Vídeos en las redes muestran la detención de ambos en plena calle por parte de las fuerzas de seguridad ecuatorianas, que han divulgado sus fotografías.

Guayaquil, la mayor ciudad del país junto a Quito, ha sufrido una fuerte ola de violencia en los últimos meses a cargo del crimen organizado y la delincuencia.

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Édgar Escobar, de 43 años,

Édgar Escobar, de 43 años, "fue baleado esta mañana frente al edificio La Merced de la Fiscalía" .

El gobierno de Ecuador extendió por 30 días un estado de excepción el pasado 13 de septiembre. En todo el país se han producido unas mil muertes violentas en lo que va de año, según fuentes citadas por la agencia de noticias Efe.

La mayor parte de los homicidios han tenido lugar en la provincia costera de Guayas, donde también se han disparado los robos y asaltos.

Según señala el último Informe Mundial de las Drogas, publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el puerto de Guayaquil es uno de los principales puntos de salida de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa, principalmente.

El video

https://twitter.com/NoticiasEcuado9/status/1571853451138572296

La oscura trama del secuestro de cocaína más grande de la historia de Rosario

El cargamento de 1.658 kilos de cocaína, valuado en unos 60 millones de dólares, que fue secuestrado el viernes 26 de agosto en un galpón del barrio Empalme Graneros, uno de los más violentos de Rosario, encierra varios misterios que la investigación en manos del juez de Campana, Adrián González Charvay, aún no devela.

El principal misterio: ¿qué organización internacional era la “dueña” del cargamento? En la Policía Federal Argentina sólo apuntan que es de origen colombiano, pero no aparece por ahora ningún nombre a la vista, porque –según señaló a AIRE Mariano Giuffra, superintendente de Drogas Peligrosas de la Policía Federal– están prófugos, aunque no hay un pedido de captura, por ahora, emanado del juzgado federal de Campana.

Como ocurre cuando la información clave para la investigación la suministra la DEA (la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos), aparecen agujeros negros en la trama, que muchas veces no tienen una explicación clara. Lo mismo ocurrió con la caída en 2019 del llamado Clan Loza, que en Argentina fueron condenados en diciembre pasado por lavado de activos pero no se les secuestró ni un gramo de cocaína.

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Los narcos tenían previsto enviar la cocaína camuflada en bolsas con cereales.

Los narcos tenían previsto enviar la cocaína camuflada en bolsas con cereales.

Sobre el caso de los 1.658 kilos de cocaína secuestrados en un galpón de Génova al 2400 de la ciudad de Rosario, sólo se saben algunos detalles del último capítulo, en el que intervino la Policía Federal, que fue en el seguimiento durante las últimas semanas del cargamento que movían dos hombres de experiencia en el negocio narco y que no eran de Rosario: José Sofía y Gabriel Nicolau, ambos oriundos de la provincia de Buenos Aires.

Según los investigadores consultados por AIRE, el “tesoro” de cocaína, valuado en 60 millones de dólares, no estuvo siempre en ese galpón de Empalme Graneros, sino que lo fueron cambiando de lugar. Se sospecha que la preparación de la carga, camuflada en los big bags de pellets de maíz, se hizo en otro depósito, en Julio Marc y Robert Arlt, en la zona sur. Ese lugar está ubicado en el barrio Alvear, a unas diez cuadras de la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario.

De acuerdo a las fuentes, hubo un problema de fuerza mayor que demoró el envío del cargamento. Esta organización narco usaba como pantalla para el envío de la cocaína camuflada en productos agropecuarios la empresa Pepe Cereales, con sede en Santiago del Estero. La firma está a nombre de Héctor Ernesto Pérez, un empresario de 69 años que decidió mudarse a esa provincia durante la pandemia, tras comprar en 2018 un campo en la zona de Los Juríes, en General Taboada.

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La droga se encontraba oculta en bolsas de granos que iban a ser exportadas desde el Puerto de Rosario.

La droga se encontraba oculta en bolsas de granos que iban a ser exportadas desde el Puerto de Rosario.

De esa firma provenía el expellets de maíz que se usaba como pantalla. El destino de la carga era España. Antes de enviar la droga hicieron una operación de exportación de este producto que se usa como alimento de animales. La carga salió del Puerto de Buenos Aires y la Aduana y la AFIP ya tenían información que esa firma estaría involucrada en el contrabando de cocaína. Pero no interrumpieron la operación para ver quiénes intervenían y cuál era el destino. El destino fue la empresa española Beniel.

El problema que ocurrió fue que la carga que salió desde el Puerto de Buenos Aires, según los investigadores, se pudrió en el viaje porque a uno de los contenedores le entró agua. Ese percance obligó, según fuentes de la Policía Federal, a tener que cambiar la mercadería que hacía de camuflaje. Por ese motivo el nuevo cargamento que iba con la cocaína se demoró.

Los gerentes de la droga en Argentina, José Sofía y Gabriel Nicolau –este último era el que articulaba la llegada con España–, se vieron obligados a buscar otro producto. De acuerdo a las fuentes, en Villa María habían adquirido una carga de harina de soja. El problema es que ya tenían embalada la droga en los big bags de expellets de maíz, que estaban acopiados en el galpón en Empalme Graneros. Los agentes de la Aduana y la Policía Federal monitoreaban los puertos de la zona, como Rosario y San Lorenzo, de donde podría salir la carga. Pero, al momento del secuestro, el cargamento no tenía un despacho definido. Las fuentes policiales señalan que iban a embarcarlo en Rosario.

Leer más ► La trama secreta detrás del envío de 1.658 kilos de cocaína a España y Dubai: un cartel colombiano y un pesado del conurbano bonaerense

Nicolau estaba alojado en un complejo de cabañas en Victoria, Entre Ríos. Viajaba todos los días a Rosario para coordinar el embarque. Ese problema de la partida que llegó podrida a España los obligó a cambiar de planes y el juez de Campana dio la orden de no esperar más, de allanar el galpón de calle Génova al 2400 para evitar el riesgo de que la cocaína se esfumara.

Nicolau era quien tenía los contactos en España, según los investigadores. Allí había montado una empresa de alimentos para animales de granja, cuyo nombre es Puk Nutrientes, con sede en Barcelona, donde tenía otra firma anotada en un rubro totalmente diferente y cuyo nombre parece sacado de una sátira: “Blanca Esperanza” se llama esa empresa de “artículos de belleza”.

Sofía, el socio de Nicolau, estaba en el radar de los investigadores desde hace tiempo. Es un personaje oriundo de Haedo, Buenos Aires, con un historial espeso. Este hombre de 57 años amenazó por teléfono desde Rosario, en abril de 2018, a la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. “Es un mensaje de la familia y de Gustavo Sancho. Esto no da para más. O liberan a todos o a la jueza le va a pasar como a Nisman y a sus hijas, como a Candela”, advirtió Sofía el 3 de abril de 2018 a través de un teléfono celular a una secretaria del juzgado.

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El desbarate se dio luego de una investigación radicada en la Justicia federal de Campana.

El desbarate se dio luego de una investigación radicada en la Justicia federal de Campana.

Ocho meses después, según publicó el periodista Agustín Ceruse en La Nación el 1º de mayo pasado, Arroyo Salgado dejó de investigar a Sancho por narcotráfico y lavado de activos y se retiró de la querella por la muerte de su exmarido, Alberto Nisman, el fiscal del caso AMIA. Sancho preparaba embarques de droga a Europa. Era el encargado de conseguir la droga, mientras que la misión de Sofía era armar las empresas en Argentina y España.

Sofía hizo una serie de maniobras en esa causa que fueron más allá de las amenazas a la magistrada. También plantó pruebas para que acusaran a un hombre que nada tenía que ver con el tema y le debía plata por un negocio que había salido mal.

Sofía fue detenido el 2 de noviembre de 2019 tras arribar a Ezeiza procedente de España. Al día siguiente declaró que el autor de la amenaza bien pudo haber sido un viejo deudor suyo. Todo era mentira. Diez días después cambió la versión: aclaró que también pudo haber sido Cristian Quinteros, su chofer, que fue había sido asesinado el 5 de diciembre de 2018. Quinteros, conocido como Gordo Tita, no podía defenderse.

El juez federal Lino Mirabelli procesó a Sofía por “la coacción, agravada por haber sido las amenazas anónimas y haberse dirigido contra un miembro de los poderes públicos con el propósito de obtener respecto de este una medida o concesión”. Por estrategia procesal, lo consideró penalmente responsable de aquellos delitos, no como autor sino en calidad de coautor. Luego la Cámara Federal confirmó en marzo el procesamiento, esta vez sin prisión preventiva.

Sofía estaba en libertad y en esa condición planeó y fue un engranaje clave en la operación para exportar 1.658 kilos de cocaína camuflados en pellets de maíz a España desde Rosario, un lugar al que visitaba de manera permanente. Desde el juzgado, Mirabelli le habían enviado días antes del secuestro de la cocaína una cédula para el juicio por las amenazas.

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