La Escuela Bustos, por ejemplo, sólo en la jornada del lunes sufrió cinco amenazas y otras tantas el martes. Este miércoles, a pesar del mal tiempo, durante la mañana los alumnos debieron salir a la lluvia en dos ocasiones mientras se desplegaba el protocolo, tras dos llamados de alerta. En las últimas tres semanas, la institución lleva contabilizado el triste y preocupante número de 19.
“El año pasado trabajamos duro junto al MPA para individualizar a los actores, y en muchos casos fueron imputados penalmente. Además, elevamos un pedido a la Fiscalía de Estado para que se pueda cuantificar el costo de cada denuncia falsa, para demandar a los autores o a los padres (en el caso de los menores) y que los responsables deban afrontar un equivalente a todo el gasto que generaron con su llamado“, detalló el funcionario y agregó: “Creemos que esto puede ser una salida y una forma de hacerle entender a la sociedad la gravedad de estas acciones. No es una broma, es un delito que pone en riesgo a muchas personas en cada evacuación“.
“Un bombero que está evacuando una escuela puede no estar atendiendo un incidente en un domicilio. Un patrullero que está controlando una evacuación deja de recorrer las calles para prevenir los delitos. Las consecuencias de estos hechos son totalmente negativas y tienen que tener un costo“, sostuvo Galfrascoli.
Además, expresó: “Descarto totalmente que esto se trate sólo de picardías. El objetivo es generar miedo y conmoción y, por qué no, una intención de desviar los recursos del Estado para poder mientras tanto cometer otro tipo de delitos“.
Dejá tu comentario