La Justicia investigará a Pitty la numeróloga tras acusaciones de manipulación
La Corte Suprema definió que el fuero ordinario investigue a Verónica Asad por presunta captación de personas vulnerables, estafas y manipulación psicológica.
La Corte definió el futuro judicial de "Pitty, la numeróloga".
La Corte Suprema de Justicia de la Nación destrabó el conflicto de competencia y decidió que la justicia ordinaria instruya la causa contra Verónica Asad, conocida popularmente como "Pitty, la numeróloga". Los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti ratificaron el criterio del Procurador General, Eduardo Casal, al considerar que los hechos denunciados no afectan intereses federales.
Las denuncias por manipulación y captación contra Pitty la numeróloga
El expediente cobró impulso a partir de la presentación de Pablo Salum, referente de la "Red LibreMentes", quien acusó a Asad de utilizar su rol para captar a personas en situación de vulnerabilidad. Según la denuncia, la numeróloga ejercía una manipulación psicológica sobre sus clientes con el objetivo de obtener dinero o bienes. Como primera medida, el juzgado de instrucción ya aceptó una prohibición de acercamiento y contacto de la mujer hacia Salum.
La investigación buscará determinar si Asad efectivamente aprovechó su influencia como guía espiritual para ejercer presión indebida. Al tratarse de conductas vinculadas estrictamente a su actividad privada, la Corte entendió que el fuero federal no debe intervenir, separando este caso de las polémicas contrataciones públicas que la involucraron el año pasado.
pitty la numerologa
Pablo Salum, impulsor de la denuncia, solicitó una restricción de acercamiento contra Verónica Asad tras acusarla de manipular psicológicamente a sus clientes.
La situación judicial de la numeróloga tomó relevancia pública masiva cuando trascendió su contratación en el Banco Nación durante la gestión de Silvina Batakis. En aquel entonces, la entidad le pagó con fondos públicos para brindar un "curso de coach" a la gerenta general, María del Carmen Barros. A pesar de la imputación inicial por defraudación y peculado, la justicia de Comodoro Py dictó el sobreseimiento de todos los involucrados el año pasado.
Una auditoría interna de la institución bancaria concluyó que la contratación no generó un perjuicio patrimonial, lo que dejó sin sustento la acusación federal. Con ese capítulo cerrado, la justicia ordinaria se enfocará ahora exclusivamente en el accionar de Asad frente a sus seguidores particulares, analizando si sus prácticas cruzan el límite de la legalidad y constituyen delitos de estafa o manipulación.
