El ministro de Economía Martín Guzmán cumplió un ciclo y podría ser reubicado con honores, pero el gobierno se resiste a reemplazarlo. En la foto, junto a Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.
Lejos de “la ley de leyes”, un presupuesto es una desiderata, una subestimación para realzar mejoras futuras y la confesión cifrada del plan de gobierno realmente existente. El decreto 331/22 es también la solución constitucional para otra jugada destituyente de la oposición y un gesto de alineación con el FMI.
El viernes pasado el Staff del FMI aprobó las metas trimestrales correspondientes al segmento enero-marzo del corriente año, producto de lo cual desembolsó los U$S 4.100 millones previstos para afrontar el pago de los vencimientos del mayor condicionamiento político y colonial de la historia argentina: el Stand By perpetrado por el gobierno de Mauricio Macri. Así, se estaría cubriendo una parte de las divisas destinadas a pagar la estafa acordada de manera conjunta entre la administración de Donald Trump, el Directorio del FMI y el gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio), y que de aquí a setiembre suma vencimientos por unos U$S 4.900 millones.
Se obtuvo también un “wick” para evitar un “waiver”, es decir un guiño para evitar un perdón, dado que las metas de acumulación de reservas –por las dificultades analizadas en éstas columnas y pese a los resultados de balanza comercial– y de reducción del gasto primario, son prácticamente inalcanzables con miras a la segunda revisión, que será en agosto o setiembre. La realidad parece haber conseguido convencer a Martín Guzmán de que, si bien “el acuerdo no nació sin vida o fallido”, fue una de las primeras víctimas indudables de la guerra ruso-ucraniana y de la rigidez especulativa de los grupos económicos que ya están financiando la campaña de los candidatos más perfilados de la ultraderecha: Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei (porque ya no hay matices y los dos primeros se animan a decir todo lo que piensan).
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El verdadero jefe de la oposición y candidato confirmado –por éste columnista y sin temores– es Macri: es él y no Milei el que define la línea de la oposición irracional y sin cuartel que ya curten desde hace meses: “Con el gobierno no tenemos nada que negociar”. Juntos por la Extinción del Peronismo (no es un superlativo del autor, sino declaraciones explícitas de Macri, que ya domesticó a Milei) viene desplegando esa estrategia desde el primer pico de la pandemia, se radicalizó con la aparición de les libertaries y tuvo un hito destacado en diciembre de 2021, cuando rechazó de plano el presupuesto 2022 del gobierno que –con enorme ingenuidad y a más de dos años de haber asumido– sigue reclamando responsabilidad y autocríticas de quienes ya están situados fuera de toda lógica racional, de toda ética de responsabilidad y, por lo tanto, de cualquier pacto democrático.
A ésta altura de la nota, viajemos al pasado reciente, a una nota con el líder piquetero y ¿ex kirchnerista? Luis D’Elía en plena era cambiemita; porque aporta a la lógica con que se plantea la disputa política entre dos modelos capitalistas antagónicos (sabemos que para el trotskismo todos los demonios son iguales y burgueses) y alude al rol de los movimientos sociales, a sus lógicas de acumulación política.
1. “Con Macri no hay que negociar nada, hay que pedirle la renuncia para que no haga más daño”.
2. “El Movimiento Evita trabaja desde 2015 para sacarle cinco o más puntos a cualquiera que esté en condiciones de ganarle al macrismo, para dividir el espacio opositor. Son unos soretes, ponelo así que no tengo problemas, son unos soretes disfrazados de compañeros que hacen lo que pueden en nombre de la gente. Porque yo te hago una pregunta: sindicalizar la precariedad y ver de nuevo cómo le roban unos puntos al proyecto popular más competitivo, ¿te parece una actitud inteligente por izquierda? Seguir siendo funcionales a Cambiemos en nombre de la revolución con pueblo, no me parece ni combativo ni revolucionario y la podés explicar como quieras”.
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Hoy Luis D’Elía, Fernando “Chino” Navarro y Emilio Pérsico toman partido en la interna del Frente de Todos (FDT) para enfrentar a Cristina Kirchner y eclipsan “debates menores”, como el presupuesto definido por el decreto 331/22, que debía ser presentado antes del anuncio de los resultados de la primera revisión del Fondo.
Un presupuesto de 1.052 folios y siete anexos que ratifica las metas acordadas con el FMI y subestima nuevamente la inflación anual, que si bien corrige el 33% del presupuesto enviado al Congreso y el 48% estipulado en el acuerdo con el Fondo, sigue estando varios puntos por debajo de las estimaciones más realistas y se ubica en el 57,7% (con un rango de variación de hasta el 62%). Analicemos algunos detalles.
Hay una obstinación sorprendente en la conducción no colegiada del FDT y que se expresa en sus elecciones más importantes. Cuando está más que claro que cumplió un ciclo y podría ser reubicado con honores, se resiste en reemplazar a Martín Guzmán, incluso a riesgo de romper sin retorno con Cristina y hasta con Sergio Massa. Un ministro parece ser más importante que la cohesión política de toda la coalición. Para no enfrentarse con algunas de las representaciones del poder real (la Mesa de Enlace por el tema retenciones, por caso), acepta el riesgo de fracturar su base electoral, de seguir perdiendo votos “por izquierda”. Para no alterar el cumplimiento de las metas pactadas y las expectativas del FMI, ajusta el presupuesto y pone en riesgo los indicadores virtuosos de un modelo de desarrollo inclusivo pero con preocupantes niveles de pobreza e indigencia.
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El caso del presupuesto es otro en esa línea. Si bien 2022 no es un año electoral, el presupuesto actual cuenta con $627.000 millones menos que el de 2021 (que contaba con el Aporte Solidario, los DEGs de la pandemia y los gastos insumidos por las Paso). Las reducciones más significativas del gasto están en los montos previstos para obras públicas, los subsidios al transporte y las tarifas energéticas y el financiamiento al Tesoro en pesos, previstos en el acuerdo con el Fondo.
Con una inflación del 62% punta a punta y un dólar que cerraría el año en $176, se estima que el gasto rondará los $16 billones y el PBI se actualiza en $76,5 billones, compatible con un crecimiento real del 4%. De este modo y tomando el volumen del gasto contra el PBI, tenemos que el presupuesto representa el 20,9% del producto, por debajo del 24,4% de 2021 y del 25,9% del 2020, uno de los más bajos de los últimos años.
No se retocaron las metas anuales de déficit primario (2,5% del PBI) y emisión para asistencia al Tesoro Nacional (1% del PBI), aunque serán revisados trimestralmente y muy posiblemente retocados en alza, como el grueso de los créditos asignados a los ministerios y otras estructuras del Estado nacional, dado que las referencias macroeconómicas que condicionan los cálculos van a quedar rápidamente desactualizadas.
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Con una contracción del 1,6% respecto del PBI, las cinco con mayor presupuesto asignado son el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el Ministerio de Economía; y las Obligaciones a cargo del Tesoro (que son créditos para brindar asistencia financiera a los sectores públicos y privados y atender compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales). La jurisdicción con mayores incrementos es el Ministerio de Ambiente con un 111%, pero en realidad representa sólo el 2% del total del presupuesto asignado. Algo similar ocurre con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, con un incremento 61,5% pero el mismo peso respecto de los créditos totales.
En el caso de las partidas de seguridad social –críticas en la actual coyuntura económica y social–, se observa un incremento promedio del 61,8%, casi en línea con la inflación proyectada en el decreto, pero por debajo de la evolución inflacionaria estimada por casi todas las consultoras e incluso por el propio INDEC. Veamos las cifras por programas:
Dos de los programas más importantes de promoción y asistencia social, como la Tarjeta Alimentar y el Potenciar Trabajo (en el ojo de la tormenta por el debate de reconversión de planes, el manejo de los mismos y el tipo de inclusión laboral que promueve el peronismo), vienen ejecutando los recursos disponibles por encima de lo previsto en el decreto. El gasto devengado en la Tarjeta Alimentar se incrementó un 100% en mayo y el Potenciar Trabajo un 158%. Es la realidad la que concretamente adecúa las estimaciones presupuestarias de un programa alineado con las exigencias del FMI.
Más allá de los debates entre heterodoxos y ortodoxos, e incluso entre economistas afines al gobierno nacional (donde se alistan de las dos vertientes) y de las características del plan de estabilización que todes reclaman, está claro que –en la actual coyuntura nacional y mundial– sin incremento del gasto, no habrá desarrollo que se sostenga; y sin coordinar los organismos de control estatal ni afinar sus herramientas para impulsar una reforma tributaria progresiva y administrar mejor el flujo de divisas, el gobierno puede cerrar el año eligiendo entre cumplir el acuerdo con el FMI o contener las demandas crecientes de los que menos tienen, que en gran medida son también sus electores. Hay un escenario más preocupante: que no ocurran ninguna de las dos cosas.
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