La invasión rusa a Ucrania alteró por completo el conjunto de las relaciones económicas, comerciales y financieras internacionales que atravesaban por serias dificultades.
Las sanciones económicas por el ataque de Rusia a Ucrania mutilan un parte del comercio mundial y presionan al alza todos los commodities.
Por de pronto, la guerra y las sanciones económicas a Rusia mutilan una parte del comercio internacional, agravan los suministros energéticos ( gas, petróleo), golpea al sistema financiero y abren un cuadro de incertidumbre generalizado con conflictos generalizados por las disimiles posturas y alineamientos adoptados por los países en relación al conflicto.
“Rusia es uno de los mayores exportadores de petróleo y gas natural, por lo que las sanciones económicas tienen un efecto boomerang que se ve reflejado en los precios de los energéticos. Este impacto será particularmente notorio en Europa, la cual depende mucho del gas natural proveniente de Rusia. No dude que pronto veremos la reactivación de plantas de energía nuclear en Alemania y otros países europeos, los cuales siguieron una política de desnuclearización desde el incidente en Fukushima, Japón. Fuera de Europa, veremos que la gasolina y el diésel también tendrán importantes alzas. Para contrarrestar un poco dicho efecto, Estados Unidos estará ofreciendo parte de sus reservas estratégicas de gasolinas”, señala el especialista internacional Jose Roberto Balmori.
“Rusia y Ucrania, además, son exportadores importantes de metales como el cobre, el aluminio, y el níquel. Estos metales se utilizan para fabricar semiconductores, los cuales ya han sufrido de un entorpecimiento en su elaboración a causa de la pandemia del covid-19. Cuellos de botella para productos que utilizan semiconductores como lo son los vehículos, computadoras, celulares y otros aparatos electrónicos, se agravaran por la escasez de insumos para fabricar dichos chips”, agrega el especialista.
Para la Argentina, en lo inmediato, el alza de los precios de las materias primas mejora los precios del comercio de exportación, por el alza de los valores de la soja, trigo, maíz. Significa mayor entrada de dólares. Pero también incrementa los precios de la energía, como gas, petróleo, con un efecto sobre las importaciones.
Algunos analistas ya estiman que eso llevaría a un deterioro del superávit comercial porque los precios de la energía que Argentina importa crecerían más que el aumento de los alimentos que el país exporta. Hoy, este superávit comercial del orden de los U$S 15.000 millones es insuficiente para hacer frente al pago de los servicios del comercio exterior, como fletes, viajes, los pagos de intereses y de deuda pública y privada, atesoramiento y otros. Por ejemplo, en enero, a pesar del superávit comercial cambiario de poco más de U$S 1.000 millones, las reservas del Banco Central disminuyeron en U$S 2.000 millones. También podría llevar a “cuellos de botella” en la importación de gas o petróleo, alterando la cadena de producción interna.
En todos los casos implica mayores precios internos sobre los alimentos y mayores costos sobre la producción, es decir, más inflación y menor actividad económica. Si los pronósticos de suba de los precios para 2022 oscilaban entre el 50/55%, incluso antes del acuerdo con el FMI, ahora a la inflación propia se sumaría la “inflación importada” que ya se estaba manifestando antes del estallido de la guerra.
También la presión inflacionaria externa altera el “entendimiento” con el FMI que ya registra choques en torno al aumento de las tarifas energéticas. Para el Fondo el aumento segmentado de las tarifas sería insuficiente para reducir los subsidios, mientras el temor del Gobierno a un aumento mayor y más generalizado llevaría a una mayor inflación y a un incremento de los altos niveles de indigencia y pobreza.
El acuerdo con el FMI incorpora “auditorias trimestrales” para verificar los grados de cumplimiento de lo acordado y de las modificaciones a introducir en función de los cambios económicos internacionales e internos. En consecuencia, esas auditorias podrían llevar a nuevas disidencias con el Fondo si los subsidios se incrementan por los mayores costos energéticos o por la eventual reducción del superávit comercial o por un menor crecimiento económico.
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