Otros tiempos: el ex presidente Mauricio Macri y el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne junto a la ex directora del FMI Christine Lagarde, en 2019.
La evaluación ex-post del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el “excepcional” préstamo otorgado a la Argentina en junio 2018 (“el más amplio acuerdo en la historia del Fondo”) soslaya lo fundamental: por qué otorgó ese mega préstamo a sabiendas que ya se había acentuado el proceso de fuga de capitales y sin establecer ninguna medida para frenar esa fuga, como un control de cambios.
La evaluación ex-post es un blanqueo sobre la responsabilidad del FMI respecto del préstamo otorgado a la gestión de Mauricio Macri, a la vez que hace recomendaciones peligrosas para la negociación en curso.
Veamos primero los números oficiales:
Durante el gobierno de Mauricio Macri (2015/2019) la fuga de capitales alcanzó la friolera de los U$S 86.199 millones que se financiaron con el préstamo extraordinario del FMI y de otros organismos financieros internacionales.
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Según los registros del Banco Central, durante la gestión de Macri la salida de capitales fue la siguiente:
En 2016 salieron U$S 9.951 millones.
En 2017 la fuga fue de U$S 22.148 millones.
En 2018 fueron U$S 27.230 millones.
En 2019 (prácticamente hasta octubre de ese año) la salida fue de U$S 26.870 millones.
Es más que evidente el préstamo extraordinario que el FMI le otorgó a la Argentina en 2018 se concretó cuando ya se había acentuado el proceso de fuga de capitales. Y el préstamo ayudó a financiar ese proceso de salida de capitales.
En esos cuatro años la deuda pública aumentó en U$S 82.400 millones: pasó de U$S 240.665 millones a U$S 323.065 millones, colocando a la Argentina virtualmente en cesación de pagos, no sin antes imponer un cepo cambiario. Luego de las elecciones presidenciales de octubre de 2019 se estableció un nuevo cepo, habilitando la compra de tan solo 200 dólares por mes por persona.
Lo que sí dice la evaluación ex-post es que “la estrategia y condiciones del programa no fueron lo suficientemente sólidas para corregir los problemas estructurales de Argentina, como finanzas públicas frágiles, dolarización, alta inflación, políticas monetarias débiles...”, a la vez que recomienda “ampliar los consensos políticos” que supuestamente no existieron durante el gobierno de Macri, lo que constituye una suerte de “recomendación” para las negociaciones en curso que lleva adelante el presidente Alberto Fernández.
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Es que con un Banco Central casi sin reservas y con un enorme endeudamiento público del Tesoro Nacional, de las provincias y del propio Banco Central (Leliq), el informe-evaluación apunta a alcanzar los “consensos políticos” necesarios para rescatar y garantizar el pago de la deuda con el propio Fondo y con el resto de los acreedores.
Así, se esfumó la expectativa de que el informe-evaluación revisara lo actuado por el FMI y su responsabilidad en la crisis argentina. Y también sobre las negociaciones en curso.
Hasta ahora, el FMI no se movió ni un centímetro de su postura original: sigue cobrando los intereses y los vencimientos de capital y tampoco aceptó eliminar la sobretasa de interés que le cobra a la Argentina –de más de U$S 1.000 millones– y que el gobierno nacional viene pagando rigurosamente.
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