jueves 4 de junio de 2020
Economía | Jubilaciones |

La Corte Suprema, el achatamiento de las jubilaciones y los fondos de Anses

Durante décadas, los gobiernos de distinto signo político vienen utilizando los fondos jubilatorios para financiar déficits fiscales y subsidiar diversos sectores económicos. La contracara son jubilaciones magras y una alta litigiosidad previsional.

En el fallo Badaro, la Corte Suprema se pronunció en contra del “achatamiento” de la pirámide previsional que se produce cuando se otorgan aumentos de haberes diferenciados, superiores para los más bajos menores o en detrimento del resto. Es lo que está pasando ahora con los 2 bonos de hasta $ 5.000 otorgados para los que ganan menos de $ 19.064. Y lo que podría acentuarse si los incrementos por decreto de marzo y junio próximos aumentaran en distintas proporciones según los rangos de haberes.

En la sentencia, la Corte Suprema dice que “le asiste razón al apelante (Badaro) cuando señala que la política de otorgar incrementos sólo a los haberes más bajos trae como consecuencia el achatamiento de la escala de prestaciones y provoca que quienes contribuyeron al sistema en forma proporcional a sus mayores ingresos se acerquen cada vez más al beneficio mínimo, poniendo en igualdad de condiciones a los que han efectuado aportes diferentes y quitándoles el derecho a cobrar de acuerdo con su esfuerzo contributivo”.

Leer más ► Las medidas de Alberto Fernández que buscan balancear la economía

Esta postura de la Corte se basa en que en el sistema de jubilaciones es un régimen de contribuciones definidas (sobre el salario) y beneficios también definidos (por alícuotas o porcentajes del salario), con independencia de los rendimientos que hayan tenido o no los aportes y las contribuciones ingresados al sistema.

La magnitud de los aportes, sumada a los rendimientos de esos ingresos, deberían asegurar los beneficios, que deben guardar una relación con los últimos ingresos obtenidos en la actividad, como el “famoso” 82%, de manera que la persona ya jubilada mantenga el nivel de vida que tuvo como trabajador activo. Por esto, la jubilación es un salario diferido.

Al comienzo estos sistemas (tanto públicos como privados) son fuertemente superavitarios, ya que sólo recaudan aportes y pagan pocos beneficios. Los excedentes son invertidos en acciones, bonos y otros instrumentos cuyos rendimientos deberían ayudar a capitalizar el sistema.

Un estudio de 1994 de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana (FIEL) reconoció que “en la década de 1950, la acumulación de esos títulos públicos en las ‘Cajas’ de previsión representaba el 47% del Producto Bruto Interno (PBI)”. ¡Casi la mitad de toda la riqueza que producía el país en un año!

Leer másVacaciones en el exterior: Brasil vs Uruguay, ¿conviene usar la tarjeta, llevar dólares, pesos u otras monedas?

En tanto que otro trabajo elaborado por Oscar Cetrángolo y José L. Machinea (1993) admite que “desafortunadamente, los superávits de los primeros años no lograron financiar los déficits posteriores. La razón de eso debe buscarse en el hecho de que los excedentes fueron colocados en bonos de la Tesorería con un rendimiento del 4% anual mientras la inflación oscilaba entre el 15 y 25% anual. Por otro lado, el Tesoro hacía sus aportes como empleador en bonos. En 1970, se dispuso mediante una ley el rescate de los bonos por un monto total de 215 millones de dólares, en 10 cuotas anuales sin ajuste”.

Otro factor de deterioro fue la tolerancia del Estado con la evasión y el trabajo no registrado. En tanto, se aprobaron jubilaciones de privilegio para jueces, diputados, senadores y concejales, entre otros. Entre octubre de 1980 y setiembre de 1984 se eliminó el aporte patronal del 15%. Luego, aunque fue restituido parcialmente, hasta setiembre de 1991 fue inferior al 15%.

En esas condiciones, las jubilaciones y pensiones se degradaron y el sistema debió ser asistido por el Tesoro. Luego, con el argumento de la “quiebra” previsional, en 1994 se creó la jubilación privada a través de las AFJP invirtiendo –previo cobro de suculentas comisiones– los aportes también en títulos públicos y acciones, no sin prometer haberes mediocres.

Entonces, a cambio de asistir al sistema con impuestos y el 15% de la coparticipación, volvieron a reducirse los aportes patronales, se transfirieron a la Anses cajas provinciales y los déficits de las cajas no transferidas.

Así las cosas, la Anses se hizo cargo de esos déficits ajenos y de mayores gastos no por contar con excedentes, sino incumpliendo con las leyes previsionales.

Luego de la crisis de 2001/2002, hubo aumentos del haber mínimo en detrimento del resto de los jubilados lo que acrecentó la litigiosidad previsional porque los aumentos jubilatorios fueron diferenciados y para un gran sector de jubilados inferiores a la variación de los salarios. La Justicia se llenó de juicios previsionales y, en Badaro y Elliff, la Corte falló a favor de los litigantes. Anses aún está pagando juicios por reajustes mal pagados durante más de una década.

En 2008 se estatizó el sistema pero se mantuvo la ley de jubilaciones de los 90, que había reducido el cálculo de los haberes, y se continuó cargando a la Anses el pago de beneficios que no se financian con aportes. Ejemplos: las pensiones no contributivas y la Asignación por Hijo que son de Desarrollo Social, el programa de computadoras que debería cubrir Educación, los déficits de las Cajas de las Fuerzas de Seguridad propios de Defensa y planes de empleo que corresponden a Trabajo.

Leer más ► La industria santafesina cayó un 7,4% en noviembre y advierten que la crisis persiste

En 2007, se creó el FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) que llegó a acumular en diciembre de 2017 el equivalente a U$S 64.055 millones. En abril de 2019, por la devaluación y el desplome de los bonos, acciones y Letras, el FGS había descendido a 41.774 millones. Y se estima que ahora está por debajo de los U$S 30.000 millones.

En 2018 y 2019 volvieron a reducirse las contribuciones patronales, merma que no se acrecentó pero que se mantiene en los niveles reducidos del año pasado, según la reciente ley de Emergencia y Solidaridad.

Así las cosas, la Anses se hizo cargo de esos déficits ajenos y de mayores gastos no por contar con excedentes, sino incumpliendo con las leyes previsionales. Por eso acumula una alta litigiosidad y un pasivo indeterminado por los juicios en su contra ( ¿300.000?) mientras sigue financiando los déficits del Estado.

Las vicisitudes del sistema previsional muestran la responsabilidad de gobiernos de distinto signo político a lo largo de varias décadas en utilizar los fondos jubilatorios para financiar déficits fiscales y subsidiar diversos sectores económicos. La contracara son jubilaciones magras, mientras no se respetan y no se extienden a todos los jubilados los fallos de la Justicia.

Temas

Dejá tu comentario