Asignaciones familiares: Anses oficializa aumentos del 7,5%
En nombre de la “solidaridad” y el “reparto” el Gobierno, con el aval del Congreso, volvió a meter mano en las jubilaciones y pensiones. Y el achatamiento de los haberes - que representa inicialmente un ajuste fiscal de $ 5.100 millones mensuales no tiene ninguna motivación solidaria sino, por el contrario, reunir fondos para el pago de la deuda
El sistema previsional argentino no es ni de solidaridad ni de reparto. Es un régimen de aportes y contribuciones definidas (sobre el salario) y beneficios también definidos (por alícuotas o porcentajes del salario), con independencia de los rendimientos que hayan tenido o no los fondos ingresados al sistema.
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La magnitud de los aportes y las contribuciones, más los rendimientos de esos ingresos, se calcularon de modo de asegurar los beneficios, que deben guardar una relación con los últimos ingresos obtenidos en la actividad, como el otrora “famoso” 82% o la garantía de un piso del 70%, para mantener el nivel de vida de la etapa activa. Por esto, la jubilación es un salario diferido y los fallos de la Justicia reconocen reajustes cuando no se cumplen esos principios. Los casos Badaro, Elliff, Blanco y tantos otros ratificaron esos derechos.
Por la confiscación de los excedentes primero de las cajas previsionales y luego del sistema integrado por los distintos gobiernos de turno, sumado al crecimiento de la informalidad previsional y la reducción de las contribuciones patronales, el sistema previsional pasó a financiarse con distintos impuestos y el 15% de la coparticipación federal, aún con la reducción de los beneficios ( en torno del 65% del salario), implementados en 1994 con la ley 24.241.
A partir de esta realidad, el Gobierno y sectores afines sostienen que es lícito y correcto que la Anses se haga cargo del pago de beneficios y gastos que van más allá de lo contributivo y lo previsional. Los argumentos son que “el sistema se financia con impuestos que paga la población en general y que al ser un “sistema de reparto” los haberes jubilatorios dependen de lo que haya para repartir”.
Con esto se oculta que esos impuestos con destino al régimen previsional se establecieron en los 90, por iniciativa de Domingo Cavallo, para cubrir el enorme bache que adrede se infringió al sistema previsional por la reducción de las contribuciones patronales (del 33% al 20% promedio), la pérdida de los aportes por el surgimiento de la AFJP y la absorción de los déficits de las Cajas provinciales transferidas y no transferidas.
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También se le ordenó a la Anses cubrir los déficits de las cajas de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad y otros sistemas específicos. Luego, absorbidas las AFJP, el sistema otorgó jubilaciones a trabajadores con menores aportes por la informalidad en la que trabajaron, y se continuó con la reducción de las contribuciones patronales, al establecer un mínimo no imponible sobre el salario del trabajador.
Por eso los impuestos que recibe la Anses son una mera compensación por ingresos que se le sustrajeron y gastos que se le agregaron que se mantienen -con algunos cambios como la reducción de las contribuciones patronales- y se fueron profundizando.
Anses paga pensiones no contributivas y la Asignación por Hijo que son de Desarrollo Social, el programa de computadoras que debería cubrir Educación, los déficits de las cajas de las fuerzas de seguridad propios de Defensa y planes de empleo que corresponden a Trabajo.
A todo esto se agrega que la Anses se hizo cargo de esos déficits no propios y mayores gastos no por contar con excedentes sino a través del mecanismo de no cumplir con las leyes previsionales, tal como lo ratificaron los diversos fallos de la Corte Suprema (Badaro, Elliff, Blanco). Por eso, después de pagar más de 500.000 juicios, ANSeS acumula más de 300.000 reclamos judiciales.
En resumen: el sistema previsional argentino no es “de reparto” sino de prestaciones definidas. Quien se jubila tiene derecho a cobrar no lo que queda para repartir sino una proporción del sueldo de acuerdo a los años aportados, actualizados por la movilidad, fórmula que fue alterada en forma reiterada y que ahora, ley de Emergencia mediante, fue suspendida y reemplazada por aumentos por decretos, que achataron la pirámide previsional y que han abierto las puertas a una mayor litigiosidad.
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