jueves 9 de abril de 2020
Opinión | Jubilaciones |

Las hipocresías detrás del debate sobre las jubilaciones de privilegio

Lo sucedido en el Congreso de la Nación reflejó una serie de mentiras, verdades a medias y posturas hipócritas que terminaron eclipsando el tema de fondo.

Conviene ir por partes para desmenuzar estas hipocresías de la política. En diciembre pasado, cuando el Gobierno dispuso congelar la actualización de los haberes jubilatorios por medio de la ley de emergencia económica, exceptuó de la medida a los regímenes especiales que benefician a los magistrados del Poder Judicial, a los diplomáticos, a los expresidentes y vicepresidentes.

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El escándalo que se desató fue tal que el propio presidente Alberto Fernández debió anunciar que enviaría un proyecto de ley al Congreso para corregir las inequidades que provocan los llamados "regímenes de privilegio". Cumplió su promesa dos meses y medio después con una propuesta que si bien proponía recortar las jubilaciones de los magistrados y de los diplomáticos, exceptuaba del nuevo régimen a los miembros de la Corte Suprema y a los expresidentes y vicepresidentes, que continuarán cobrando sus haberes con los beneficios actuales. Primera hipocresía.

En el ínterin, el Gobierno anunció hace dos semanas un aumento en las jubilaciones del régimen general, es decir, del jubilado de a pie. Una medida que si bien beneficiará a partir de marzo con el 13% de aumento a los haberes mínimos (que rondan los $15.000 mensuales), perjudicará al resto de los jubilados con haberes superiores, que percibirán un incremento menor al que les hubiese correspondido si la fórmula de actualización estuviese vigente. El presidente Fernández negó el Gobiermo aplicase un "ajuste" sobre los jubilados, pero lo cierto es que el congelamiento de la fórmula de actualización le permitirá al Estado un ahorro de $5.000 millones mensuales. Segunda hipocresía.

Impuesto a las ganancias. El Poder Judicial no paga este tributo, beneficio que no sólo contempla a los jueces y fiscales, sino que también abarca a todos los empleados judiciales.

Tercera hipocresía: el impuesto a las ganancias. El Poder Judicial no paga este tributo, beneficio que no sólo contempla a los jueces y fiscales, sino que también abarca a todos los empleados judiciales, desde el chofer hasta el funcionario de mayor rango. El Estado se priva de recaudar por este concepto unos $27.000 millones anuales; sin embargo, en lugar de impulsar un proyecto de ley que apunte a solucionar esta inequidad de fondo entre los contribuyentes, el Gobierno (tal vez para no malquistarse con los trabajadores judiciales) optó por recortarle las jubilaciones a los jueces.

Una decisión calculada

No fue ociosa esta decisión. El Gobierno calibró que es políticamente más redituable el discurso de embestir contra los privilegios del Poder Judicial y por ello machacó en las diferencias que existen entre el haber mínimo que cobra un jubilado de a pie y la jubilación promedio que perciben los magistrados, que ronda los $270.000 mensuales, con máximos de $770.000 mensuales.

El oficialismo no falta a la verdad cuando advierte que el sistema previsional es profundamente inequitativo: por ello propuso un nuevo mecanismo de cálculo del haber jubilatorio de los jueces en el proyecto de ley que envió al Congreso, el cual obtuvo ayer media sanción en la Cámara de Diputados. En pocas palabras, con este nuevo cómputo los haberes los magistrados ya no percibirán el 82% móvil sobre el último sueldo en actividad, sino sobre sobre un promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas. Este cambio implicará una reducción en sus jubilaciones que oscilaría entre el 20 y el 40% mensual.

Los jueces pegaron el grito en el cielo y advirtieron que, con este nuevo régimen, habrá cientos de magistrados en condiciones de jubilarse que anticiparán su renuncia antes de la sanción de la ley para no perder sus beneficios. Alertaron que se podrían producir alrededor de 300 nuevas vacantes con la entrada en vigor del nuevo régimen. La oposición de Juntos por el Cambio dramatizó la situación: con este proyecto, el Gobierno pretende cubrir las vacantes y colonizar la Justicia con candidatos a jueces afines al kirchnerismo.

Los jueces pegaron el grito en el cielo y advirtieron que, con este nuevo régimen, habrá cientos de magistrados en condiciones de jubilarse que anticiparán su renuncia antes de la sanción de la ley para no perder sus beneficios.

El oficialismo rechazó las acusaciones e insistió en que los magistrados en condiciones de jubilarse no deberían temer, ya que sus derechos adquiridos están garantizados y no sufrirán recortes en sus haberes. Sin embargo, cuando la oposición le reclamó que incluya una cláusula por escrito en ese sentido, se negó. Cuarta hipocresía.

Ante esta negativa del oficialismo, Juntos por el Cambio rechazó dar quórum en la sesión de ayer en la Cámara de Diputados. Una sesión que finalizó en escándalo con denuncias de la oposición, que acusó al Frente de Todos de lograr el quórum de manera irregular con la presencia de Daniel Scioli, designado embajador argentino en Brasil. El debate se confundió en una ola de denuncias cruzadas entre oficialistas y opositores, que sumieron a la Cámara baja a un show mediático en el que prevalecieron las hipocresías y se soslayaron, una vez más, las soluciones a los problemas estructurales.

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