La política económica oficial necesita sí o sí el adelanto de los fondos comprometidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que vencen antes de fin de año. Son unos U$S 10.000 millones. El Gobierno no tiene ningún otro prestamista.
El ministro de Economía de la Nación Sergio Massa y la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva.
NA Pero, además, la Argentina necesita disponer de esos fondos para intervenir en el mercado de cambios ante un Banco Central con las reservas “en rojo” y ante la dolarización de plazos fijos y otras colocaciones financieras que presionan al incesante aumento del valor de los dólares alternativos y el blue.
El precio a pagar es que la deuda con el FMI subiría otro escalón, pero hay más.
La condición del FMI para esta operación es que el gobierno ejecute una fuerte devaluación del peso para encarecer importaciones y “abaratar” exportaciones, dado el fuerte déficit comercial que vienen mostrando las estadísticas del comercio exterior, agravado por la sequía.
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Además, debería afrontar los pagos de intereses al propio FMI, que de aquí a fin de año rondan los U$S 2.200 millones.
Esa devaluación no sería acompañada por un levantamiento del “cepo” porque, aun a los nuevos valores del dólar oficial, habría una demanda de divisas que no podría ser enfrentada, lo que llevaría a una devaluación del peso aún mayor.
Una devaluación del peso oficial, como plantea el FMI, acentuaría la inflación por el traslado a los precios internos de la “corrección” cambiaria en momentos en que para la medición de mayo se pronostica una suba de precios igual o superior al 8,4% de abril.
Para el oficialismo sería un mayor golpe de cara a las próximas elecciones, porque la suba de los precios saltaría a los dos dígitos mensuales. De ahí la resistencia oficialista inclinada a acelerar las minidevaluaciones diarias de tal manera que supere la marca inflacionaria mensual.
En tanto, para el FMI, el adelanto de los fondos serviría para que el Gobierno pueda llegar a las elecciones y a la asunción de la nueva gestión, en diciembre.
Todo esto sucede con un fuerte ajuste del gasto primario, fundamentalmente en los gastos sociales, lo que explica la nueva va tensión del oficialismo con las organizaciones sociales.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, “el gasto total de la Administración Nacional registró una caída de 7,6% a/a en el primer cuatrimestre del año, compuesto por una reducción de los gastos primarios de 9,2% a/a y un incremento de los intereses de la deuda de 9,1% a/a. Dentro de las erogaciones primarias se destacan las reducciones de 29,5% a/a en los subsidios a la energía, de 29,9% en las asignaciones familiares y de 26,0% a/a en los gastos de capital, fundamentalmente de las transferencias para gastos de capital (28,4% a/a). En el caso del rubro jubilaciones y pensiones, si bien la reducción porcentual fue más acotada (2,5% a/a) por su participación en la estructura del gasto primario (41,0%) resultó el quinto rubro de mayor contribución a la reducción del gasto”.
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De estos datos se desprende que, pese a la reducción del gasto, fundamentalmente el social, la inflación siguió en ascenso. La mayor emisión del Banco Central no obedece a la financiación del Tesoro sino a la recompra de títulos de la deuda en pesos del Tesoro y al crecimiento fenomenal de la tasa de interés que pagan las Leliqs, que es una deuda del Banco Central.
La deuda en pesos representa el 34% del total de la deuda pública del Tesoro, una deuda indexada por inflación o dólar que se encuentra en poder de tenedores privados, como empresas, fondos comunes y compañías de seguros.
La desvalorización del peso es el factor más poderoso de inflación. El propósito de una devaluación mayor es financiero: sobre todo, producir una desvalorización de patrimonios, ingresos y salarios para atraer divisas y capitales del exterior. Producir, asimismo, una desvalorización de las Leliqs, medidas en dólares, que recaerá sobre los depósitos bancarios. La devaluación buscaría mejorar los flujos para pagar los intereses de la deuda pública.
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