Pero al FMI le preocupan tres cosas: la aceleración inflacionaria, ya que el acuerdo establecía un inflación anualizada en el 48% y que hoy se proyecta por encima del 70% (ya se proyecta un IPC de ése nivel); el “costo social” o, mejor dicho y desde la perspectiva del Staff, la “sustentabilidad social y finalmente política” de un programa que se sostiene con una caída notable en la participación de los trabajadores en el ingreso (14 puntos desde 2015) y un 40,3% de su población total por debajo de los índices de pobreza a febrero 2022; y finalmente un dato que no forma parte de los compromisos establecidos en el Staff Report y se actualiza a diario en los intercambios por Whatsapp o llamadas telefónicas entre los técnicos del Fondo y funcionarios del gabinete económico: la cohesión interna del Frente de Todos tanto para cumplir con el acuerdo (que garantice el repago de la estafa consumada por Cambiemos) y las capacidades del presidente y de su gabinete para conjurar los cuestionamientos y proyectos legislativos con impacto en el gasto, propuestos por un sector de los movimientos sociales y el ala kirchnerista de la coalición, tales como el salario básico universal, un bono generalizado a todes les trabajadores o una disminución de los incrementos tarifarios para la energía. Este es uno de los puntos del acuerdo que no podrá ser cumplido por el gobierno nacional, ya que la disparada de los precios por la guerra generó un aumento en los subsidios que torna inalcanzable una reducción del 0,6% del PBI, ni siquiera implementando la segmentación tarifaria que se pondría en marcha el 1 de junio y que supone que el 10% de la población deberá afrontar el precio pleno.
No hay cuestionamientos del FMI para los proyectos que buscan gravar la evasión y la fuga o la renta inesperada. La demora del primero tiene que ver con la negativa absoluta de Juntos por los Ricos (porque de defender a 10 empresas agroexportadoras, 6 fondos especulativos o 51 empresas evasoras) a darle la media sanción que necesita en diputados y la del segundo sólo el presidente y el ministro de Economía podrían explicarla. Pasaron 41 días desde el anuncio, durante los cuales el gobierno dio margen a toda clase de lobbys, particularmente de la Unión Industrial Argentina, que agrupa a muchas de las empresas que deberían pagarlo.
Es un estilo y pasó con casi todos los anuncios que afectaron intereses poderosos, el aporte solidario (que Alberto Fernández y Martín Guzmán se encargaron de aclarar que era una idea de Máximo Kirchner y Carlos Heller) demoró 7 meses en ingresar al parlamento en busca de dictamen. También con Vicentín, 6 meses entre el anuncio y la renuncia al proyecto para declararla de utilidad pública sujeta a expropiación. Fuentes cercanas al presidente nos aseguran que el proyecto ingresaría en junio, se está ajustando todo para –al hilo de lo buscado con el aporte solidario– evitar errores pasibles de judicialización posterior y afectar al menor universo posible en base a datos consistentes.
Viene a cuento: mientras se escribe este artículo, Gabriela Cerrutti reivindica en una nota radial el modelo anuncio/dejo correr/consigo los votos/lo hacemos o no lo hacemos. Señala a los votantes y periodistas que critican algunas medidas del gobierno de “militantes de un espacio simbólico” que “no dimensionan que de seguir así, van a contribuir con una vuelta de la derecha” porque “la gente no distingue de dónde vienen las críticas”. “No es tiempo de pelearse, nosotros tenemos otro estilo”. Lo dijimos, modelo confirmado, así se gobernará con los que estén de acuerdo, el resto seguirá el camino de Roberto Feletti. Si pasamos el 2023, nos quedamos por 10 años. Fidecomiso sí, retenciones no. No habrá margen para otra cosa.
Pero sí hay preocupación por el Staff del FMI por la enorme dificultad del gobierno para retener divisas por encima de los aportes comprometidos en el acuerdo, que no pondrían en riesgo los 4.000 millones de dólares destinados al repago de la deuda macrista que ingresarían en junio, pero es objeto de monitoreo permanente.
Un informe de MATE (Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía) que persigue la variación de reservas, señala que en el primer trimestre del año ingresaron al Banco Central 1.500 millones de dólares producto del saldo positivo de la balanza comercial, de los que pudieron acumularse sólo 72 millones. Es decir que salieron 1.432 millones de dólares, prácticamente la totalidad y por la demanda de las empresas para desendeudarse y sacar dólares del circuito local.
El equipo de MATE, hace la traducción en términos de la “cuenta del almacenero” o también podríamos decir que la “del cuaderno Gloria de Néstor”, de la relación entre los ingresos y sangría de divisas. Da del siguiente modo:
Considerando el ingreso de DEGs por la emergencia sanitaria y para restituir pagos realizados durante 2021, el nivel de reservas internacionales del BCRA en millones de dólares se viene recuperando lentamente (cerca de los niveles de mayo 2021), pero sigue debajo de los 45.364 millones de dólares de enero 2020 y las reservas netas según el último informe del BCRA se ubicaron en 7.450 millones de dólares, contando DEGs del FMI y tenencias en oro, sin los cuales el nivel de las reservas líquidas sería negativo en 3.839 millones de dólares.
¿Cuál es la meta de acumulación comprometida con el FMI para 2022? 5.800 millones de dólares y pueden contabilizarse desembolsos del Fondo e ingresos de capitales de organismos internacionales de crédito que excedan los 1.389 millones de dólares. Lo que requeriría que el Banco Central consiga en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios) unos 3.400 millones de dólares y retenerlos.
Es por ésta cuenta que sectores del oficialismo se preguntan por qué cuesta tanto sacar del parlamento el proyecto para que “la paguen los que la fugaron” o no aparece por el Congreso el aporte extraordinario por la rentabilidad inesperada y sale exprés el DNU para permitir que las petroleras accedan a que el BCRA les venda libremente dólares a $118.
Si no se revisan y ajustan las importaciones anticipadas de los privados, la remisa de utilidades a casas matrices o estructuras off shore, la subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones del complejo agroexportador y teniendo en cuenta el impacto del aumento de precios de alimentos y energías por efectos de una guerra que se ha cronificado, cuesta imaginar cómo vamos a mejorar la relación entre el ingreso/egreso de divisas, ni siquiera duplicando las exportaciones previstas.
Un modelo al que le sobren dólares, empleo precario y trabajadores pobres ya era francamente cuestionable, pero si faltan dólares y se frena el crecimiento, lo que van a faltar son votos. Ese es el gran desafío para el rumbo y el equipo confirmado hasta 2023.
