El enojo de Lisandro Martínez con el gobierno de Milei sobre la Ley de Tierras: "¡No se venden!"
Lisandro Martínez expresó su rechazo a la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno de Javier Milei y dejó un contundente mensaje en redes.
Lisandro Martínez cuestionó la Ley de Tierras y apuntó contra el Gobierno: “Argentina no se vende”
Lisandro Martínez volvió a utilizar sus redes sociales para expresar su postura sobre un tema de actualidad en la Argentina. El defensor de la Selección Argentina publicó un fuerte mensaje contra la reforma de la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno de Javier Milei.
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“¡Las tierras argentinas no se venden!”, escribió el futbolista junto a emojis de enojo y varios signos de exclamación.
La publicación del jugador generó una rápida repercusión y sumó cientos de reacciones. El mensaje apareció en medio del debate político y social por los cambios que el Gobierno propone para la normativa que regula la propiedad de las tierras rurales.
Martínez es uno de los futbolistas argentinos que suele mantenerse activo en las redes sociales y compartir sus opiniones sobre distintos temas que atraviesan al país. En esta oportunidad, manifestó públicamente su rechazo a la iniciativa y se sumó a las críticas de diferentes sectores.
La discusión también motivó convocatorias frente al Congreso de la Nación, donde organizaciones sociales, ambientales y distintas personalidades expresaron su preocupación por las posibles modificaciones a la legislación vigente.
Qué propone la nueva Ley de Tierras que impulsa el Gobierno de Javier Milei
La reforma forma parte del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se encuentra en tratamiento legislativo y contempla cambios en la regulación de la tenencia y adquisición de tierras rurales.
Uno de los puntos centrales del debate está relacionado con la participación de extranjeros en la compra de campos. La propuesta original planteaba eliminar los límites establecidos por la Ley 26.737, mientras que una versión posterior del proyecto modificó ese criterio y propuso elevar del 15% al 25% el límite máximo de tierras rurales que podrían quedar en manos extranjeras.
El proyecto también contempla restricciones para la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros y empresas controladas por gobiernos de otros países. El objetivo es impedir que capitales estatales accedan a inmuebles rurales considerados estratégicos, una discusión que incluye la preocupación por el avance de inversiones vinculadas a China.
Además, la iniciativa establece controles especiales para las operaciones en zonas de frontera y busca impedir que personas o empresas actúen como intermediarias para evitar las restricciones previstas por la normativa.
Otro de los puntos que genera debate es el mecanismo de silencio administrativo. Según el texto analizado, si las autoridades no responden una solicitud de autorización dentro de los plazos establecidos, la operación podría considerarse aprobada.
El Gobierno sostiene que los cambios permitirán atraer inversiones y generar nuevas oportunidades económicas. En cambio, sectores opositores, organizaciones sociales y ambientales advierten sobre posibles consecuencias para la soberanía y el control de recursos estratégicos.
