SanCor atraviesa horas decisivas tras la sentencia de quiebra, pero el final está lejos de estar escrito porque las máquinas no se apagan. ¿Puede recuperarse la empresa?
SanCor había solicitado su propia quiebra, admitiendo que no estaba en condiciones de afrontar su deuda.
La situación de SanCor Cooperativas Unidas Limitada dio esta semana un giro determinante, algo que muchos calificaron como una "crónica de una muerte anunciada". Tras años de dificultades financieras, la propia administración de la firma solicitó la quiebra al no tener posibilidades económicas de plantear un plan de cuotas y arribar a un acuerdo con sus acreedores en el marco del concurso preventivo.
Sin embargo, lejos de significar el inmediato cierre de las persianas, la sentencia judicial abre una ventana de esperanza de que la actividad continúe, pero no necesariamente bajo la misma estructura ni con la misma empresa.
Así lo analizó Emanuel Chiabo, presidente del Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe y docente de Comercial II (Concursos y Quiebras) de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), quien dio en AIRE algunos detalles de este proceso judicial que, a modo de adelanto, apuesta por la vida de la “empresa como unidad económica-social”, más allá de quienes sean los nuevos propietarios y con la nostalgia por ser oriundo de la localidad de Humberto Primo.
En primera medida, el Dr. Chiabo consignó que, al declararse la quiebra por pedido expreso de SanCor CUL (quiebra pedida por el propio deudor) es importante el reconocimiento por parte del Juez de la existencia del proceso concursal anterior, y garantiza un orden que protege tanto a los trabajadores como a los acreedores históricos.
Uno de los puntos centrales del análisis del especialista es la "razonabilidad" de la decisión judicial de no detener las máquinas. "El juez dispuso que la empresa siga funcionando en las plantas que actualmente producen, a pesar de serlo con un porcentaje muy bajo con respecto al 100% de la capacidad operativa que tienen, para proteger a los trabajadores, que no se desvalorice en su totalidad la empresa y que se pueda tratar de vender bajo licitación al mejor precio posible todas las plantas conjuntamente o en forma individual", explicó.
En ese sentido, sostuvo que "la empresa en funcionamiento y produciendo tiene un valor superior a si la rematan de manera desguazada, sin personal, sin producción. El juez busca mantener el valor de las plantas que se encuentran operativas y con personal porque cuando mejor se vende, más dinero va a haber para repartir a prorrata, es decir, proporcionalmente entre todos los acreedores".
"Lo que si ocurrirá será la subasta judicial de las plantas cerradas y demás inmuebles que no se utilizan, cuyos fondos serán importantes para sostener el funcionamiento del proceso y de las plantas que siguen operando", diferenció.
El especialista subrayó que, si bien es un proceso liquidativo, el objetivo final que intenta el Juzgado es la supervivencia de la unidad productiva: "Es una quiebra, un proceso liquidativo. No se busca salvar la cooperativa, sino preservar la actividad productiva para poder venderla mejor”, indicó.
Y completó: "Las empresas, cuando caen, no se pueden atacar: lo que debe correrse es el grupo de personas que la administra como en el caso de una cooperativa o los dueños en el caso de una sociedad. Lo que se intenta de parte del juez es que terceros compren las plantas y continúen la actividad bajo otra estructura. Lo importante es no desarmarla apenas se declara la quiebra".
Para quienes ya habían verificado sus créditos en el concurso preventivo, el Dr. Chiabo trajo tranquilidad. El proceso se recalcula bajo las nuevas condiciones de la quiebra: "Toda la gente que verificó no se tiene que preocupar. Los más de mil trabajadores y acreedores tienen que quedarse tranquilos porque los síndicos, que son los mismos del concurso, van a recalcular cada uno de los créditos conforme su situación en la quiebra".
Además, recordó que existe un nuevo período (que vence el 29 de mayo) para que nuevos acreedores o anteriores con nuevas deudas se presenten, es decir, deudas que nacieron luego de la fecha de presentación en concurso preventivo, reclamen sus derechos ante el síndico.
De los 1.519 acreedores totales, 1.063 son trabajadores (914 aún continúan empleados). Respecto a ello, el Dr. Chiabo detalló: "El juez expresa que se van a priorizar los créditos laborales, más allá de estar en un proceso falencial. Esto es el conocido pronto pago laboral. El cual es un privilegio de cobrar primero que otros acreedores por la calidad alimentaria de dichas deudas".
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"Con la liquidación de las plantas cerradas y demás inmuebles ociosos, ingresará dinero y servirá para pagarle a los acreedores laborales que tienen preferencia. Entonces, cuando se venda la empresa, lo que es crédito laboral con derecho a pronto pago ya podría estar resarcido, lo cual es sumamente positivo", afirmó.
Ante la salida de la anterior administración cooperativa, la gestión diaria de la empresa queda bajo una nueva estructura de control.
"La empresa la va a llevar adelante la administradora judicial designada por el juez, con el acompañamiento de los síndicos. Estos van a tener derecho a controlar la gestión diaria porque el síndico tiene la obligación de informar mensualmente la marcha de la empresa: cómo produce, cómo vende y si tiene ganancia", sostuvo el Dr. Chiabo.
El especialista manifestó que el futuro de la empresa podría darse a través de una venta por licitación. Donde una persona podría adquirir la totalidad de las plantas en funcionamiento o varias personas diferentes plantas en funcionamiento.
Finalmente, expresó su anhelo de que este proceso judicial sea el puntapié inicial para una recuperación definitiva de la actividad láctea: "Sería muy importante que comencemos a recuperar la industria láctea que trae dificultades económicas hace varios años, volviendo a ser lideres mundiales en dicha producción en la provincia de Santa Fe y Córdoba".
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