El último viernes, poco antes del mediodía, se conocieron cuatro ofertas de empresas interesadas en realizar las obras de mantenimiento de las defensas del Gran Santa Fe ante la inminente llegada del Fenómeno del Niño, con propuestas que oscilan entre los 2.490 y los 2.904 millones de pesos. Sin embargo, apenas 72 horas después, el Banco Central de la República Argentina anunció una devaluación del 22% de la moneda nacional.
¿Cómo impacta esta abrupta pérdida de valor del peso argentino en la cotización de una obra pública de tamaña dimensión e importancia?
Los trabajos de reparación de los terraplenes que protegen al Gran Santa Fe de posibles crecidas de los ríos tienen una particularidad: ante el anuncio de un Fenómeno del Niño para finales de este año, la obra no solo resulta imprescindible, sino que no existen posibilidades de postergación.
Según los cálculos oficiales para este llamado a licitación, el costo de la obra debería oscilar en los 2.000 millones de pesos, pero las cuatro ofertas que se presentaron superan dicho monto.
La UTE formada por Coemyc SA, Cocyar SA y Ángel Boscarino Construcciones SA, presentó un presupuesto de $2.490.916.760; Mundo Construcciones SA y Pilatti SA presupuestaron $2.620.090.599; Mem Ingeniería SA ofertó $2.808.636.765; mientras que la UTE integrada por Río Salado SRL y Montaño Construcciones cotizó los trabajos por $2.904.716.738.
Fuentes oficiales confirmaron que el hecho de que las ofertas superen el presupuesto oficial no representa un impedimento para la realización de las obras. Sin embargo, las estimaciones de las empresas que se presentaron en esta licitación son previas a la devaluación del peso dispuesta un día después de las Paso nacionales.
Al menos hasta este mediodía, ninguna de las firmas interesadas en realizar los trabajos había efectuado algún planteo en este sentido ante el Gobierno de la Provincia.
Se espera que el proceso administrativo en esta licitación sea rápido. La semana que viene se expedirá la comisión evaluadora de las distintas ofertas. Luego, la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, deberá firmar la resolución para el posterior decreto de adjudicación. El último paso será la firma del contrato y el inicio de los trabajos.
AIRE consultó a fuentes de las empresas interesadas en llevar adelante este proyecto.
Si bien existe preocupación por los efectos de la abrupta devaluación, en general hay confianza en que la modificación de costos no impacte de manera significativa. "El grueso del trabajo es el movimiento de 90.000 metros cúbicos de tierra y en esto la modificación del precio del dólar oficial no debería influir demasiado. Después sí aparecen otros ítems que dependen del dólar", dijo uno de los empresarios.
De todos modos, el sistema de licitación de obras públicas de la Provincia establece que la base de costos debe fijarse sobre los precios del mes anterior a la presentación de ofertas. A partir de ese parámetro se activa la cláusula de redeterminación de precios, que tiene en cuenta la inflación del mes en curso.
En otras palabras, la inflación que se produzca en agosto ya será tenida en cuenta por el Gobierno en el momento de tomar una decisión y adjudicar las obras a las empresas elegidas.
Como no existen márgenes para que el Gobierno declare caída esta licitación por problemas presupuestarios -el Fenómeno del Niño se anuncia para los próximos meses-, en caso de producirse diferencias significativas de costos será necesario establecer prioridades y llevar adelante los trabajos que resulten imprescindibles para garantizar la seguridad del Gran Santa Fe ante potenciales crecidas de los ríos o lluvias extraordinarias.
Esta primera etapa de obras no solo incluye la reparación de los terraplenes de defensas en los lugares donde perdieron altura, sino también trabajos en el sistema de protecciones, limpieza de reservorios y del drenaje urbano. Habrá que reparar el desagüe de Pedro Centeno -licitación que quedó desierta en su momento- y también el sector de descarga de la estación de bombeo del Lago del Parque del Sur, en la zona conocida como Puerto Piojo.
El mantenimiento de reservorios y canales de drenaje resulta clave: si el agua de lluvia no puede desplazarse correctamente hacia estos puntos, los equipos de bombeo no podrán funcionar a pleno para sacar el agua que se acumule en la ciudad ante posibles precipitaciones extraordinarias.
El presupuesto de esta primera etapa incluye la entrega de siete electrobombas y todos los equipos necesarios para el armado y reparación. Hasta el momento, no se sabe si estas bombas terminan siendo móviles o se colocan en las estaciones de bombeo que, si bien ya existen, fueron vandalizadas. Este problema se presenta, sobre todo, en San José del Rincón.
Las empresas que resulten ganadoras de la licitación de esta primera etapa, deberán retirar las bombas instaladas para que los equipos sean evaluados. En algunos casos se los reparará, pero en otros probablemente sea imprescindible un reemplazo. Para todo este proceso, el plazo fijado es de sesenta días.
Fuentes oficiales confirmaron que la ciudad de Santa Fe cumplió con los plazos establecidos. De todos modos, faltan al menos los datos de uno de los tres municipios afectados, aunque no trascendió de cuál se trata.
Tampoco se brinda información precisa sobre la cantidad de familias que viven sobre los terraplenes, reservorios y canales de drenaje del Gran Santa Fe. Lo que sucede es que, una vez que los relevamientos estén concluidos, técnicos de Recursos Hídricos de la Provincia determinarán con precisión cuántas personas deben ser reubicadas, porque viven en puntos críticos del sistema defensivo que requieren de un mantenimiento imprescindible.
Con estos datos, los municipios afectados tendrán que ofrecer terrenos donde construir nuevas viviendas para estos pobladores. En el programa Creo, que se emite cada mañana por AIRE, el director provincial de Localización y Adquisición de Tierras, Francisco Alda, dijo que "en dos meses deberían estar trabajando las máquinas sobre las defensas. Hay dos meses para trasladar a las familias, pero no tenemos dos meses... Debemos comenzar antes, veremos por dónde se empieza a trabajar y lo haremos con toda la fuerza".
Alda remarcó que "los municipios tendrán que ofrecer tierras. Les dije que por favor necesitamos saber dónde estamos parados y que de manera urgente me informen para que yo pueda comenzar a negociar con las familias. No es fácil. Hoy te dicen que les gusta el lugar, después que no les gusta, que no quieren irse lejos, que prefieren ir a la casa de un pariente, que necesitan dinero para materiales".
"Es una cuestión dinámica. Lo más difícil es el trabajo de los asistentes sociales que tienen que conversar con las familias, es duro, es complejo. Deben ver si tienen hijos, a qué escuela asisten, cuántas personas mayores viven. Es un trabajo social importante", advirtió.
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