Los que anuncian estas respuestas judiciales son policías que aducen haber gestionado con la anticipación debida sus pedidos de licencia y que tienen programadas actividades, o viajes comprados u otras obligaciones, que la resolución 2022 del Poder Ejecutivo provincial realizar les impide.
Esta medida decide cancelar los otorgamientos de vacaciones por tiempo indeterminado, “a partir de los acontecimientos delictivos sucedidos en la ciudad de Rosario, y que consistieron concretamente con balaceras a distintos inmuebles asociados con magistrados intervinientes en el juzgamiento de la Banda de Los Monos”.
Varios policías comunicaron que están en marcha recursos de amparo judiciales para hacer valer los derechos.
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La medida requerida por el Secretario de Seguridad Pública Omar Pereyra y firmada por el gobernador Miguel Lifschitz supone la suspensión del otorgamiento de licencias “sea ordinaria, extraordinaria o excepcional”, salvo en los casos de mujeres que estén en periodo de lactancia o cursen un embarazo.
Por razones obvias, dijeron, no pueden hacer reivindicaciones gremiales motivo por el cual no expresan su demanda de modo público.
El decreto también prohíbe la utilización de teléfonos celulares y cualquier tipo de dispositivos electrónicos en el horario de trabajo para quienes realizan tareas de custodia, seguridad y patrullaje a pie, debiendo cada efectivo dejar esos elementos en la dependencia en que vayan a tomar servicio.
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