Normativas y financiación para garantizar los derechos humanos y una naturaleza sana. Esa podría ser la síntesis de un documento reciente de Naciones Unidas que sugiere que Argentina avance en la sanción de una Ley de Humedales que sirva para establecer presupuestos mínimos de protección para su uso y conservación. Para completar el combo, el país debe también garantizar el acceso a la información ambiental y trazar líneas de acción para un ordenamiento ambiental del territorio.
Así se desprende del documento “Aportes del Sistema de Naciones Unidas al proceso de elaboración legislativa para la conservación y el uso sostenible de los humedales en Argentina”, donde se destaca que la crisis sanitaria derivada del covid-19, los impactos del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y los incendios “representan grandes desafíos” para los gobiernos nacional y provinciales.
Desde la ONU recordaron además que los Humedales “proporcionan un abanico de valores y servicios como agua limpia, alimentos, biodiversidad e infraestructura, que sostienen los medios de vida y las economías locales y nacionales”. Por eso recomienda invertir en los Humedales como forma de obtener “muchos beneficios secundarios para la naturaleza y la sociedad”.
Para los expertos de Naciones Unidas la conservación de los Humedales es considerada una medida clave para revertir la degradación de la naturaleza y enfrentar la amenaza que significa el cambio climático. En esa línea recomiendan a los países fortalecer las leyes y políticas para conservar estos ecosistemas y permitir solamente sus usos sostenibles.
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Además, señalaron que la conservación de la biodiversidad es fundamental en el marco del concepto de “Una Salud” (humana y de la naturaleza) “como eje integrador de las políticas públicas en la materia.
Al mismo tiempo resaltaron la importancia de tener en cuenta la situación específica de los grupos en situación de vulnerabilidad sea por situaciones de pobreza, género, edad, discapacidades, geografía o contexto cultural o étnico. “Hay que tener especial consideración con las poblaciones locales e indígenas”, indicaron.
El trabajo de los especialistas internacionales destaca la necesidad de establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para la conservación y uso y sostenible de los humedales en todo el territorio de la República Argentina.
Esto, que se plasmaría si se sanciona la tres veces postergada Ley de Humedales, sería la base para construir una regulación “uniforme y mínima en todo el país” que podría ser complementada por las provincias de acuerdo al esquema de distribución de competencias que establece la Constitución Nacional.
Una herramienta clave para avanzar con eso es tanto la información ambiental como la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión, el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación ambiental y la planificación del manejo de los sitios Ramsar y otros humedales.
“La realización de inventarios de humedales se inscribe en la necesidad de mejorar el conocimiento y la información sobre estos ecosistemas, para la toma de decisiones vinculadas con su conservación y su uso racional” puntualiza el trabajo.
Poder financiar la ley es un paso básico, y para eso hay que pasar a un enfoque de “servicios ecosistémicos” priorizando lo que brindan los Humedales. “El financiamiento debe respaldar soluciones basadas en la naturaleza para un desarrollo sostenible con un enfoque de derechos”.
El listado de tareas para hacer para avanzar en una protección concreta de estos ecosistemas incluye adoptar un enfoque de derechos humanos a la hora de proteger el ambiente.
También exigir “a todas las empresas” que den a conocer “plena y públicamente los efectos que sus actividades empresariales tienen en el medio ambiente, la salud y los derechos humanos”.
Asimismo es fundamental implementar y monitorear cuidadosamente las reglamentaciones ambientales que protegen la salud humana, la degradación y agotamiento del suelo y la contaminación del agua, para finalmente “adoptar una política integral de protección de los defensores de derechos humanos y ambientales, que incluya acciones para prevenir ataques contra ellos, y combatir la impunidad en dichos casos”.
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