El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán, aseguró este viernes que la nueva Ley de Góndolas beneficiará al consumidor y que también será "una medida reparadora" que abrirá oportunidades para las industrias y los productores pymes.
La norma busca garantizar la multiplicidad de marcas, en los supermercados de grandes superficies, de un mismo producto tanto en góndolas como en locaciones virtuales.
Foto: infobae
El Senado sancionó esta noche, con el apoyo de la oposición, el proyecto de Ley de Góndolas, que busca ordenar la distribución de los productos en los supermercados y favorecer a las pymes y a las economías regionales.
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“Se trata de una medida reparadora, que busca fomentar la competencia y generar nuevas oportunidades para las industrias y productores pymes, terminando, además, con las prácticas abusivas de las grandes cadenas que imponían sus condiciones de compra”, dijo Beltrán tras la sanción.
El directivo entendió que la ley es "un gran paso para que las pymes accedan a las grandes tiendas, que amplíen sus puntos de venta, para poner en funcionamiento el mercado interno y terminar con la distorsión de precios que existe por la falta de competencia, la elevada concentración de oferta y la posición dominante de grandes empresas”.
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Según la nueva legislación, los supermercados deberán ofrecer un mínimo de cinco proveedores de un mismo producto por góndola, además del establecimiento de un tope de 30% de espacio por marca.
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Por otra parte, estarán obligados a garantizar un 25% del espacio para exhibir productos elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales, y el 50% al lado de las cajas. También se prohíbe el alquiler de lugares preferenciales en góndolas o locaciones virtuales, al considerarse una “exclusión anticompetitiva”.
La entidad desde hace años venía pidiendo "una normativa que remediara distintas situaciones que por décadas vulneraron el interés de las pymes", como los plazos de pago excesivamente largos; la obligación de contratar servicios de reposición, la aplicación de débitos unilaterales o la facturación de servicios no acordados previamente,.
También cuestionó la realización de promociones con cargo para la empresa proveedora; la exigencia de entrega de productos en forma gratuita por incorporación o por apertura de sucursales; la obligación de responder por productos no vendidos, y las exigencias logísticas no acordes a las posibilidades de una pequeña empresa.
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