Obligaron a una nena de 13 años a casarse y la sometieron a torturas: condenaron a una familia a 10 años de prisión
La Cámara Federal de Casación confirmó las condenas contra un matrimonio y su hijo por explotar a una adolescente de 13 años durante más de dos años.
La adolescente tenía 13 años cuando fue obligada a establecer una unión con un joven de 20 y luego sufrió explotación y violencia durante más de dos años.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a 10 años de prisión para un matrimonio y su hijo, acusados de captar, trasladar y explotar a una adolescente que tenía apenas 13 años cuando fue obligada a contraer una unión con uno de ellos.
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La víctima sufrió explotación laboral, doméstica y sexual durante más de dos años. Según estableció la Justicia, también padeció golpes, quemaduras, amenazas y otros episodios de violencia.
El fallo rechazó los argumentos de la defensa, que había intentado justificar parte de los hechos a partir de los usos y costumbres de la comunidad gitana a la que pertenecían los acusados.
La obligaron a casarse con un joven de 20 años
Los hechos comenzaron entre marzo y abril de 2022 en Neuquén, cuando la adolescente fue entregada a la familia acusada a cambio de $825.000, dinero que en la investigación fue identificado como un "precio dotal".
La Justicia determinó que Isabel y Alberto Cristo obligaron a la joven, identificada con las iniciales V.S.Y., a establecer una unión de hecho con su hijo, Franco, quien tenía 20 años. La víctima tenía 13 años y, tiempo después, quedó embarazada.
Tras la unión forzada, la adolescente comenzó a sufrir diferentes formas de explotación y violencia. La investigación estableció que los acusados la sometieron a trabajos domésticos y laborales y que también padeció graves abusos físicos.
La trasladaron a Santa Fe y la sometieron a servidumbre
Luego, los tres integrantes de la familia trasladaron a la adolescente a Santa Fe, donde permaneció sometida a distintas formas de explotación hasta diciembre de 2024.
Durante ese tiempo, la joven realizó tareas domésticas para toda la familia y también trabajó como vendedora ambulante. Según su relato, debía entregar el dinero que obtenía y recibía amenazas, incluso relacionadas con la posibilidad de dejarla sin comida.
La víctima denunció haber sufrido golpes, quemaduras y amenazas, además de situaciones de violencia mientras atravesaba enfermedades y embarazos. Para la Justicia, la captación, el traslado y el sometimiento de la adolescente configuraron el delito de trata de personas con fines de explotación.
Intentó escapar con su hijo y logró ser rescatada
En diciembre de 2024, la joven consiguió regresar a San Juan junto a Franco y el hijo que tuvieron. Sin embargo, meses después, en abril de 2025, los padres del hombre intentaron obligarla nuevamente a regresar a Santa Fe.
Durante una parada en Caucete, la adolescente intentó escapar con su hijo en brazos. De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, Isabel Cristo salió a perseguirla a pie, mientras los demás integrantes del grupo la seguían en una camioneta.
La mujer logró alcanzarla y la obligó a volver al vehículo, que se retiró del lugar a gran velocidad.
Un testigo que presenció la escena alertó al sistema de emergencias. La denuncia quedó registrada en el 911 de San Juan y permitió que efectivos de la Unidad Rural N°1 localizaran el vehículo y rescataran a la joven junto a su hijo.
La Justicia rechazó que las costumbres culturales justificaran los hechos
Durante el proceso judicial, la defensa sostuvo que la relación había sido voluntaria y negó la existencia de explotación o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. También argumentó que el pago realizado entre las familias formaba parte de sus costumbres culturales y cuestionó la indemnización fijada para la víctima.
Sin embargo, el juez Daniel Petrone, al confirmar la sentencia, rechazó esos planteos y sostuvo que la pertenencia de los acusados a una comunidad y la invocación de sus usos y costumbres no pueden justificar la violación de derechos fundamentales.
El tribunal remarcó además que, por la edad de la víctima y su situación de vulnerabilidad, no existía posibilidad de considerar válido un consentimiento para el matrimonio. La resolución confirmó también la reparación económica de $75 millones que los condenados deberán entregar a la joven.
Para llegar a esta conclusión, los jueces analizaron la declaración de la víctima en Cámara Gesell, testimonios de profesionales, registros de las comunicaciones al 911 e informes oficiales incorporados durante la investigación.
