Una reforma que apunta a la normativa de 2010
El proyecto oficialista busca revisar la actual Ley N° 26.657 de Salud Mental y Adicciones. Esta norma, promulgada en diciembre de 2010 bajo la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, estableció un paradigma basado en los derechos humanos y la atención comunitaria.
Si bien el contenido específico del articulado todavía no trascendió, el Gobierno confirmó que la iniciativa forma parte de las prioridades para el ciclo legislativo de 2026.
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Qué establece la ley vigente de Salud Mental
El proyecto de Milei llega para disputar una normativa con fuerte impronta política. La actual Ley de Salud Mental y Adicciones nació en 2010 y fue reglamentada en 2013, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Hasta hoy, este marco legal define a los pacientes como sujetos de derecho y prioriza la atención comunitaria por sobre los centros de internación monovalentes (manicomios).
- Sujetos de derecho: Considera a las personas con padecimientos mentales como ciudadanos con plenos derechos y no como "objetos" de tratamiento o peligrosos por naturaleza.
- Presunción de capacidad: La ley parte de la base de que toda persona es capaz, salvo que una sentencia judicial demuestre lo contrario.
- Internación como último recurso: Establece que la internación debe ser lo más breve posible y solo se aplica cuando no existan alternativas terapéuticas eficaces en el entorno de la persona.
- Desmanicomización: Prohíbe la creación de nuevos centros de internación monovalentes (los conocidos "manicomios") y exige que las internaciones se realicen en hospitales generales.
- Equipos interdisciplinarios: Los diagnósticos y tratamientos no quedan solo en manos de psiquiatras, sino que deben intervenir psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y otros profesionales de la salud.
- Control judicial de internaciones involuntarias: Si una persona es internada contra su voluntad por riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, el juez y el Órgano de Revisión deben ser notificados de inmediato para garantizar que no haya abusos.
- Abordaje de adicciones: Integra el tratamiento de las adicciones como parte de las políticas de salud mental, otorgando a los pacientes los mismos derechos que a cualquier otra persona con padecimiento mental.
- Derecho a la comunidad: Promueve que el paciente mantenga sus vínculos familiares, laborales y sociales, fomentando la atención en centros de salud cercanos a su domicilio.
