La Corte Suprema ordenó indemnizar a las familias de las víctimas de la masacre de Carmen de Patagones

A casi 22 años del ataque en una escuela bonaerense, el máximo tribunal dejó firme la responsabilidad del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires por los daños sufridos por las víctimas y sus familiares.

La Corte Suprema dejó firme la responsabilidad del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires por la masacre de Carmen de Patagones y ordenó indemnizar a las familias de las víctimas.

La Corte Suprema dejó firme la responsabilidad del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires por la masacre de Carmen de Patagones y ordenó indemnizar a las familias de las víctimas.

A casi 22 años de la masacre de Carmen de Patagones, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la obligación del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires de indemnizar a las familias de las víctimas fatales del ataque ocurrido el 28 de septiembre de 2004 en la Escuela de Enseñanza Media N° 202 "Islas Malvinas".

El máximo tribunal rechazó los recursos presentados por el Estado nacional y por la provincia de Buenos Aires, por lo que quedó firme la responsabilidad de ambos en la demanda por daños y perjuicios impulsada por los familiares de los estudiantes asesinados.

Qué resolvió la Corte Suprema

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte declaró inadmisibles los recursos presentados por el Ministerio de Seguridad de la Nación, en representación de la Prefectura Naval Argentina, y por la Fiscalía de Estado bonaerense, que actuó en nombre de la Dirección General de Cultura y Educación.

La resolución corresponde a la demanda iniciada por la madre de Sandra Núñez, una de las tres víctimas fatales del ataque.

El fallo llega casi 22 años después del ataque en la Escuela Islas Malvinas en Carmen de Patagones, donde un alumno de 15 años asesinó a tres compañeros e hirió a otros cinco.

El fallo llega casi 22 años después del ataque en la Escuela Islas Malvinas en Carmen de Patagones, donde un alumno de 15 años asesinó a tres compañeros e hirió a otros cinco.

El año pasado, el máximo tribunal ya había adoptado una decisión similar en la causa iniciada por la familia de Federico Ponce, mientras que el expediente impulsado por los familiares de Evangelina Miranda continúa su recorrido judicial.

La masacre de Carmen de Patagones

El 28 de septiembre de 2004, Rafael "Juniors" Solich, de 15 años, ingresó armado al aula de primer año del Polimodal de la Escuela Media N° 202 "Islas Malvinas" de Carmen de Patagones y comenzó a disparar contra sus compañeros.

Como consecuencia del ataque murieron Sandra Núñez, Federico Ponce y Evangelina Miranda, mientras que otros cinco estudiantes resultaron heridos. Tras el hecho, Solich fue declarado inimputable por ser menor de edad. Durante la investigación llegó a afirmar: "Cuando tiré, no era yo".

La Justicia consideró que existieron fallas en la actuación de las autoridades educativas y de la Prefectura, ya que el arma utilizada en la balacera pertenecía al padre del adolescente, integrante de esa fuerza.

La Justicia consideró que existieron fallas en la actuación de las autoridades educativas y de la Prefectura, ya que el arma utilizada en la balacera pertenecía al padre del adolescente, integrante de esa fuerza.

Por qué el Estado fue considerado responsable

Las familias de las víctimas demandaron tanto a la escuela como a la Prefectura Naval Argentina. El arma utilizada en el ataque pertenecía al padre de Solich, quien era integrante de esa fuerza.

La Justicia entendió que las autoridades educativas no actuaron con la diligencia necesaria frente a los problemas de conducta que el adolescente había manifestado antes de la masacre.

Según las sentencias dictadas en las instancias anteriores, distintos integrantes de la comunidad educativa habían advertido que el comportamiento de Solich era preocupante y que podía representar un riesgo para sus compañeros, pero esas señales no derivaron en medidas concretas de prevención.

Con el rechazo de los recursos extraordinarios por parte de la Corte Suprema, quedó firme la responsabilidad del Estado en la causa y avanzará el proceso de indemnización para las familias de las víctimas.

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