"Autobombo", "mafiosa", "buitre", "te vamos a hacer ir de Reconquista" y amenazas contra la integridad física son algunas de las expresiones en redes sociales que fueron denunciadas penalmente por la abogada Luciana González, representante legal de los trabajadores de la Algodonera Avellaneda, empresa que le pertenece al grupo Vicentin y cuyo futuro es incierto. La planta, que da trabajo a 450 personas, amenaza con cerrar porque un conflicto laboral y salarial no resuelto la tiene paralizada hace ya un mes.
La profesional representa a los trabajadores en medio de una puja sindical entre aceiteros y textiles
La disputa entre la representación sindical de los empleados también pasó a un primer plano, luego de que el sindicato de aceiteros lograra sentarse en la mesa de negociaciones sobre el futuro del grupo Vicentin, relegando al gremio de textiles, al cual pertenecían antes los trabajadores.
Las amenazas contra González fueron vertidas luego de una entrevista realizada el sábado en Aire de Santa Fe, durante la cual la abogada brindó detalles del conflicto y contó que el día anterior los representantes de los cerca de 450 empleados de la Algodonera Avellaneda le habían planteado al presidente Alberto Fernández (a través de una videoconferencia) la situación laboral que los preocupa: salarios deficientes, la planta paralizada desde hace un mes y el consecuente riesgo de perder la fuente laboral.
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"No es una de las empresas que está dentro del concurso preventivo, la Algodonera no es deficitaria, al igual que muchas de las empresas del grupo que están en Uruguay", sostuvo la abogada Luciana González en la entrevista con la periodista Geraldine Brezán, en el programa 7 AM.
El sueldo de los trabajadores de la planta de Avellaneda oscila entre $20.000 y $25.000, y la profesional consideró que es "insuficiente" frente a una "actividad riesgosa". El pago del salario se divide: una parte en dinero y la otra en ticket de carne de Friar, otra de las empresas del grupo Vicentin. La abogada señaló que la problemática se desató porque "era insostenible el hambre de los trabajadores".
Seis audiencias se celebraron en el Ministerio de Trabajo y de ninguna participaron los directivos de la firma. "En la última estuvo el ministro Roberto Zukerman, y por parte de la empresa asistió un abogado sin directivas ni autorización para hacer un ofrecimiento concreto", comentó González.
La planta, que da trabajo a 450 personas, amenaza con cerrar, ya que un conflicto laboral y salarial no resuelto la tiene paralizada hace ya un mes.
La abogada consideró también que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presidencial puso al grupo Vicentin en situación de víctima cuando realmente son victimarios. "Que la población sepa que cada vez que pida por Vicentin, apoya a un grupo de explotadores. Parece que acá no saben que la esclavitud está abolida. Los Vicentin hicieron su fortuna sobre el hambre y la explotación de los trabajadores", agregó.
Amenazas
Tras su participación en Aire de Santa Fe, la letrada recibió una serie de amenazas en forma sistemática a través de sus redes sociales, razón por la cual dejó asentada la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía Regional de Reconquista.
La denuncia es por los delitos de amenazas y violencia de género. La profesional dijo que muchos de los improperios recibidos fueron escritos desde cuentas falsas en Facebook y algunos de ellos eliminados por sus autores.
Señala en el escrito al que tuvo acceso Aire Digital que “las manifestaciones se refieren a mi persona agrediéndome como mujer y profesional, con claro sesgo misógino y violento”.
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