Los hechos de inseguridad que sufren a diario los repartidores de la ciudad de Santa Fe –que según números propios se mantienen entre seis y ocho por día– requieren de soluciones urgentes. Pese a los encuentros que mantuvieron con autoridades del Ministerio de Seguridad hace algunos meses (algo que se repitió este martes) y las acciones que se llevaron adelante oportunamente, los robos de motos son cada vez más violentos y las agresiones siguen ocurriendo.
Los repartidores de la ciudad de Santa Fe sufren entre seis y ocho hechos delictivos por día.
Maiquel Torcatt / Aire DigitalLuego de una nueva marcha en reclamo de mayor seguridad, los repartidores fueron convocados nuevamente esta semana y se analizaron más propuestas que puedan reducir los hechos delictivos que vuelven a ponerlos como protagonistas. Se reunirán cada 15 días.
Sin embargo, existe un proyecto de ley que pretende dar respuesta a este flagelo y que además permitiría confeccionar un mapa del delito actualizado. Concretamente propone crear un Sistema de Monitoreo Informático Permanente mediante sistemas GPS, a los fines de monitorear su geolocalización durante los horarios de trabajo, armar estadísticas y coordinar esfuerzos y recursos en pos de una mayor eficiencia en la prevención del delito.
Además, propone crear una central de denuncias con botón anti-pánico ante cualquier situación sospechosa, para que pueda ser abordada de manera inmediata. Otra cuestión importante es que –si una de estas motos es robada– podría recuperarse rápidamente a través de su GPS.
En qué estado se encuentra el proyecto
El proyecto fue presentado en septiembre de 2021 por el diputado provincial Oscar “Cachi” Martínez. Actualmente se encuentra en la Comisión de Seguridad, donde el próximo miércoles 27 de julio recibirán a los repartidores, quienes insistirán en que se acelere el tratamiento de la iniciativa.
En diálogo con AIRE, Martínez aseguró que “no hay antecedentes legislativos en otras provincias del país y Santa Fe podría ser pionera en dar este tipo de respuestas”. Además, indicó que “lo más importante es que se estaría garantizando la seguridad y la integridad física a muchísimos jóvenes que hoy realizan esta tarea”.
Según pudo conocerse, la traba del proyecto es el financiamiento del sistema, además de los fondos para la compra de estos dispositivos. Sin embargo, los diputados de la comisión están trabajando en propuestas y alternativas. Una de ellas es la posibilidad de que el dinero de las multas que se le aplican a las apps de deliverys pueda ser destinado a financiar este sistema. El legislador recordó que hace muy poco tiempo se le aplicó una multa a una de las más conocidas, que fue de más de cuatro millones de pesos.
Martínez aseguró que “hay voluntad política para que el proyecto avance”, y admitió que de acuerdo a conversaciones que mantuvo con otros legisladores y con autoridades del Ejecutivo provincial, como el ministro de Seguridad, Jorge Lagna, la ministra de Gobierno, Celia Arena, y el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach "hay predisposición para implementar este sistema ya sea a través de una ley o del accionar de la provincia”.
“Lo más importante es darle respuesta a estos jóvenes que solo pretenden que no los maten cuando salen a trabajar y que el Estado los cuide. Esta es una responsabilidad del Gobierno provincial y se requieren medidas urgentes”, concluyó.
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