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Jorge Macri encabezó la presentación de las nuevas medidas y marcó una postura firme respecto al cumplimiento de la normativa vigente. “Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional”, expresó el jefe de Gobierno. El mandatario aseguró que la ley y el orden rigen ahora en cada metro cuadrado.
El Ejecutivo local modificó la circulación en cinco de las 13 entradas al barrio, que pasaron a ser exclusivamente peatonales. Además, tres accesos cuentan con puestos policiales permanentes para fiscalizar el movimiento de carga. “Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto”, subrayó Macri tras supervisar los operativos en los puntos de control de Colibrí y Ramos Mejía.
Las autoridades también pusieron el foco en el desalojo de veredas tomadas y la remoción de estructuras que obstruían la vía pública. Durante la jornada, la Ciudad removió un lavadero de autos y una gomería montada en un micro inutilizado. El plan incluyó la clausura de corralones de materiales no autorizados para reducir riesgos estructurales y de seguridad.
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La informalidad en la Villa 31 propició un mercado inmobiliario ilegal con precios que oscilan entre 300 mil y un millón de pesos mensuales. Algunos locales comerciales alcanzan incluso valores de 1,8 millones de pesos por mes en la clandestinidad. “No podemos permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos”, agregó el jefe de Gobierno porteño.
Esta iniciativa cuenta con la intervención coordinada de los ministerios de Seguridad, Espacio Público y Desarrollo Humano. Aunque gestiones anteriores, como la de Mauricio Macri, intentaron restringir el ingreso de materiales, el Gobierno apuesta ahora a un control integral de los 13 accesos.
