Dan prisión preventiva al ex militar acusado de matar a una joven de 25 años en TUcumán
A trece días del hallazgo del cuerpo en Tucumán, la Justicia avanzó con la imputación formal y dispuso seis meses de prisión preventiva para el acusado.
La fiscalía y la querella participaron del proceso que busca esclarecer el crimen de Erika Álvarez, ocurrido en Manantial Sur, Tucumán.
Trece días después del hallazgo del cuerpo de Erika Álvarez en el barrio Manantial Sur de Tucumán, comenzó formalmente el proceso judicial contra Felipe Sosa, principal acusado por el crimen. La audiencia se realizó de manera virtual y concluyó con el dictado de prisión preventiva por el plazo de seis meses.
Prisión preventiva para el acusado de matar en Tucumán
El juez Bernardo L’Erario presidió la audiencia y coordinó las distintas intervenciones de la fiscalía, la defensa y las partes involucradas. En primer lugar, los fiscales Carlos Picón y Guillermo Giordano verificaron los datos personales del imputado y avanzaron con la imputación correspondiente.
Durante el desarrollo de la audiencia se registraron momentos de tensión, especialmente cuando la defensa, integrada por Rubén Flores, Isaías Díaz Romero, Sergio Díaz Juárez y Marcelo Cosiansi, cuestionó la extensión del interrogatorio. En ese tramo, Sosa confirmó tener formación militar, afirmó ser propietario de la empresa Seguridad Objetiva y declaró percibir ingresos por 1,250 millones de pesos.
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El juez Bernardo L’Erario presidió la audiencia virtual en la que se dictó la prisión preventiva por seis meses para Felipe Sosa.
La defensa sostuvo que la detención fue ilegítima, negó que hubiera existido un intento de fuga y calificó el traslado del acusado a Tucumán como un “circo mediático”. Sin embargo, el juez L’Erario avaló el procedimiento llevado adelante, descartó irregularidades y aseguró que no se vulneraron los derechos del imputado.
La audiencia contó además con la participación del querellante Carlos Garmendia y del padre de la víctima, Walter Álvarez, quienes siguieron atentamente cada instancia del proceso judicial.
Tras la imputación y el debate sobre las medidas de coerción, el magistrado resolvió dictar la prisión preventiva por seis meses, mientras avanza la investigación y se definen los próximos pasos de la causa.
