Las usurpaciones en los terrenos públicos de zona cercana al CIC de Facundo Zuviría, que comenzaron el jueves 6 de febrero, no cesan. El jueves pasado los vecinos de barrio Esmeralda Sur se manifestaron con un corte de tránsito mientras otro grupo se reunía con el intendente Emilio Jatón. Este domingo denunciaron en el móvil de Aire de Santa Fe que no paran de llegar materiales de construcción para fabricar las viviendas precarias en las zonas ocupadas.
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
Según informaron los vecinos, la presencia de los gendarmes en la zona es permanente pero nunca intervienen en la descarga de los materiales.
A pesar de la orden de desalojo del juez federal Francisco Miño y de los móviles de gendarmería y de la policía que están apostados en la zona, los usurpadores siguen recibiendo materiales para construir sus casas. Según informaron los vecinos, la presencia de los gendarmes en la zona es permanente pero nunca intervienen en la descarga de los materiales.
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Desde la mañana del sábado, la toma comenzó a "solidificarse". Es que con el correr de los días, las carpas se transformaron en viviendas precarias, aunque con elementos de construcción sólidos que reflejan una firme intención de habitar los terrenos.
Más de dos semanas de usurpación
Las usurpaciones comenzaron a producirse el jueves 6 de febrero -hace ya dos semanas-, cuando alrededor de 165 personas llegaron los terrenos ubicados en calles Matheu y Azcuénaga, entre 9 de Julio y Facundo Zuviría.
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Funcionarios de la Municipalidad actuaron de inmediato, denunciaron lo sucedido ante la Policía de la Provincia y ante la Policía Federal. Incluso, tomaron contacto con los usurpadores y convencieron a la mayoría de ellos de que depusieran su actitud.
Sin embargo, alrededor de 40 personas se negaron a abandonar el lugar. Y a partir de ese momento, se hizo necesaria la intervención de la fuerza pública, pero esto nunca sucedió.
El fiscal federal Walter Rodríguez emitió un escrito en el que explicaba que ante la comisión de un delito flagrante, como es usurpar terrenos, cualquier fuerza de seguridad puede actuar. Ya sean fuerzas federales o provinciales.
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Entre el viernes 7 y el martes 11, la Municipalidad de Santa Fe radicó denuncias sobre lo que estaba ocurriendo. Lo hizo ante la Policía de la Provincia, la Policía informó al Ministerio Público de la Acusación. Luego fueron a la Policía Federal para dejar asentado lo que sucedía. Pero las respuestas nunca llegaron.
La fiscal provincial María Laura Martí, al recibir la denuncia, consideró que no existía delito en el accionar de estos vecinos.
La orden del juez
La orden firmada por el juez federal Francisco Miño, plantea que el operativo para recuperar los terrenos debía realizarse el domingo 16 a partir de las 5 de la mañana y durante un plazo no mayor a las 12 horas -hasta las 17 del mismo día-.
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En dicha comunicación se aclara que para lograr la recuperación de los terrenos Gendarmería "puede hacer uso de la fuerza si correspondiere", además de "identificar a las personas incursas en delito".
Para lograr la recuperación de los terrenos Gendarmería "puede hacer uso de la fuerza si correspondiere", además de "identificar a las personas incursas en delito".
También se advierte que "en atención a la naturaleza de los derechos humanos involucrados en la causa y en especial a la posible presencia de menores de edad, la utilización de la fuerza pública deberá respetar estrictamente los principios de necesidad -utilizarse si no hay medida eficaz para lograr un objetivo legítimo y urgente- y proporcionalidad -el uso de la fuerza debe ser proporcional al fin legítimo que se desee lograr-".
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El juez también plantea a Gendarmería la necesidad de tomar "medidas conducentes para proteger a los ocupantes de agresiones o amenazas por parte de terceros. Incluida la violencia basada en el género, a fin de preservar la dignidad y respetar los derechos humanos de quienes se encuentren infringiendo la ley".
Hasta este jueves, la fuerza federal continúa sin cumplir con esta orden de un juez federal. En términos teóricos, se podría estar frente a la posibilidad del delito de "Desobediencia" por parte del jefe de la Agrupación XXI de Gendarmería Nacional.
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