La firma es Transporte Interprovincial Rosarina S.A. (Tirsa) y el caso tiene un agravante. Según confirmaron fuentes oficiales, al momento de recibir la plata entre mayo de 2010 y noviembre de 2011, esa empresa estaba a cargo de los hermanos Derudder, los ex dueños de Monticas, la línea que protagonizó el choque fatal de la ruta 33.
Bonadio explicó en su fallo que la mecánica “ilegal” consistía en que las empresas entregaran una declaración jurada de la cantidad de pasajeros y de kilómetros recorridos –entre otras cuestiones. Ante ello, el Estado pagaba los subsidios. Con la implementación del sistema Sube y la instalación de GPS en los coches se hicieron mejores monitoreos. Se estima que estas maniobras causaron un perjuicio al Estado de 609 millones de pesos.
Para el magistrado, el caso Tirsa es “una prueba irrefutable de la ausencia de controles” por parte del Estado.
Esa empresa recibió entre mayo de 2010 y noviembre de 2011 cupos de gasoil a precio diferencial sin prestar servicios. Es decir, durante 19 meses el Estado le entregó subsidios sin que moviera un sólo colectivo. El hecho consta en la causa N° 1500/2013, que se tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 6.
Ramos asumió como secretario en marzo de 2012, es decir después de los fondos otorgados a Tirsa, y está acusado por otros hechos en la causa que investiga Bonadio.
La irregularidad fue reflejada también en un informe hecho por la Auditoría General de la Nación (AGN), en el que señaló que a Tirsa le suministraron “un total de 345.620 litros de gasoil vendidos a precio diferencial durante el período en cuestión”, en el que no brindó servicios.
Según el cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esas entregas de cupos de gasoil subdiado significaron para el Estado Nacional un perjuicio de 756.149,44 pesos.
Fuentes del gobierno provincial indicaron a este medio que Tirsa estuvo a cargo del empresario Salvador Strano en la década del ’90 y luego fue adquirida por Victoria S.A. Después, pasó a manos de la firma entrerriana Costera Criolla y por último a los hermanos Guillermo y Raúl Derudder, ex propietarios de Monticas.
“El abogado de los Derudder, de apellido Vergara, consiguió mediante un artilugio legal que le siguieran pagando los subsidios a pesar de no dar servicios. Un director de la CNRT se dio cuenta y lo demandó. Ahí saltó el caso”, señaló un funcionario santafesino de cargo jerárquico y agregó que en 2012 la compañía se declaró en quiebra.
Por otra parte, Bonadio aclaró en su fallo que hasta el momento no tiene pruebas de “retornos” que las empresas hayan entregado a los funcionarios acusados.
FUENTE: ROSARIO3
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