El 11 de marzo de 2022, A., de 10 años, concurrió a los Tribunales de Reconquista a una audiencia judicial. Fue con su mamá, le dieron unos lápices y papel para dibujar, ese día pensó que llegaría más tarde a la escuela, después volvía a su casa. Sin embargo, fue llevada, sin que nadie escuchara sus llantos, a Roldán, para vivir con su padre.
A 500 kilómetros del lugar donde creció. El juez Fabián Lorenzini tomó la decisión provisoria, inicialmente por 90 días, de sacarla de su centro de vida para que se revinculara con el progenitor, sin atender a los lazos escolares, a las clases de natación, al pedido explícito de la niña. “Lo que más me preocupa a mí es que escuchen a mi hija”, dice la mujer, cuyas iniciales son E.M.
A. (se reserva su identidad) no fue escuchada por los magistrados que prorrogaron la tenencia exclusiva del padre hasta el 28 de febrero próximo. Pero tampoco por el abogado designado para representarla, Gustavo Masino, que nunca la entrevistó. Cada vez, ante cada psicóloga, la niña fue explícita: quiere volver a vivir a Reconquista con su mamá. Así lo expresa un informe firmado por Carina Biglieri, el 23 de diciembre de 2022, donde la niña dice que le “gustaba más vivir en Reconquista” y que “extraña” a su mamá.
Es por eso que la Asociación Civil Foro Reconquista “Alcemos la voz” presentó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, tras analizar las actuaciones judiciales, a pedido de la madre de la niña, y sus abogadas, Karen Rodgers y Carmen Maidagan.
Desde Alcemos la voz detallan que la actuación judicial “muestra un claro sesgo patriarcal”. Aunque la mamá contó que había sufrido violencia de género, ni el abogado de la niña ni el juez la tomaron en cuenta. “A la madre, se le requiere tratamiento psicológico. Al padre, ‘asistencia’ psicológica para superar las experiencias traumáticas vividas por la desvinculación con su hija. Otra vez más, se ignora la violencia de género”, dice la presentación ante la Corte.
La mujer viajó el 1° de febrero para festejar el cumpleaños de la niña, pero el padre le retaceo el contacto. Tenía autorización judicial para pasar una semana con su hija y no pudo verla más de diez minutos. Él le bloquea el teléfono “cuando quiere”, le dice que no está con la niña, incumple los acuerdos firmados en sede judicial. “El era un padre muy ausente que no venía a verla nunca”, relata E. En la justicia, tanto el abogado de la niña como el juez, -el anterior y el actual, Rodrigo Avilé Crespo- dan por hecho que fue la madre quien obstaculizó el vínculo.
“Yo decidí separarme antes de que me mate”, cuenta E., quien vivió durante un tiempo en Roldán con el padre de la niña. “A mí me internaron en una clínica psiquiátrica, pero porque él casi me mata, tenía cambios de conducta muy repentinos. Me internaron en la clínica San Felipe, estuve un día y medio. Él me acusa de que yo estaba loca, para sacarme la nena”, sigue el relato de la mujer y subraya la amenaza de su ex: “Si vos te separas de mí, te saco a la nena”.
Es por eso que María Andrea Adobato, que integra el Foro Alcemos la voz, considera que lo vivido desde hace un año es “violencia vicaria”, y que “la justicia es el brazo ejecutor de la violencia del padre es la justicia”.
La decisión de Lorenzini, convalidada luego por las prórrogas, también desoyó la opinión del perito psicólogo Gabriel Gabioud, quien fue explícito ante el juez: “Creo que el cambio de residencia debería ser la última opción, es una posibilidad, pero debería ser la última”.
Hay una voz judicial que tampoco se escucha. La asesora de menores, María Cecilia Chiaffredo, dejó constancia el 9 de noviembre de 2022 de la irregularidad. “No se ha efectuado la evaluación ni tampoco se escuchó a la menor”, dice la funcionaria judicial. Y subraya que la niña “no ha sido escuchada en clara violación a las garantías constitucionales que tiene de expresar su opinión libremente en función de su edad y madurez” y por eso considera que “corresponde que la menor sea oída en aras de priorizar su interés y bienestar”.
La abogada de Reconquista, Karen Rogers, que representa a la madre, recordó que las prórrogas se sucedieron sin la medida clave. “El 28 de febrero vence la prórroga, pero la justificación para prorrogar la medida es que tienen que escuchar a la niña, siempre dan vueltas y nunca se concreta la escucha”, planteó.
Ante la complejidad de la situación, también interviene la abogada rosarina Carmen Maidagan, quien recuerda: “Todavía tenemos que explicar que, desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a la que nuestro país adhiere en 1989, el niño se deja de considerar un objeto de protección para ser un sujeto de sus derechos. Esto quiere decir que ejerce sus derechos en la medida que tiene la autonomía para hacerlo”.
En ese punto, “es fundamental el derecho a ser escuchado. En el sistema judicial, en el sistema escolar, en el sistema educativo, la opinión del niño debe ser escuchada y tenida en cuenta. No quiere decir que se resuelva lo que el niño quiere, pero tiene derecho a expresarse y que esa expresión sea valorada”.
La ley nacional de infancia 26.061 y la provincial, 12.967, estipulan que la niña tenga un abogado que la represente. “En este caso, la niña tiene un abogado y no la escuchó. No hay nadie que le haya llamado la atención al abogado por esto, y por otras vías, la niña ha sido escuchada y nadie la tiene en cuenta. La niña dice ‘Quiero ir a vivir a Reconquista’. Es que allí tiene sus relaciones sociales, más allá de los padres. No es una cuestión de privilegiar sobre todo el vínculo familiar paterno, borrándole todos los vínculos sociales que tiene, escuela, vecinos, el club”, subraya Maidagan.
Pero en los tribunales de Reconquista, el único derecho que parece importante es el del padre.
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