Según la familia, sus compañeras de trabajo y algunas personas del barrio, el asesinato habría sido fruto de una venganza orquestada por el abusador de una alumna de Vanesa, una nena de 12 años de Alto Verde, que confió en la maestra para contarle que había sido violada y producto de ese ataque sexual había quedado embarazada. Vanesa denunció, y esa denuncia le habría costado la vida.
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Para enfrentar situaciones como ésta, el año pasado la provincia de Mendoza elaboró un proyecto de ley para crear la figura del “Defensor del Docente”. La iniciativa ya tiene la media sanción del Senado de esa provincia, y se espera que en este nuevo año legislativo la Cámara de Diputados la convierta en ley.
La idea de extenderlo a Santa Fe fue sugerida y anticipada por Luis Mino en Ahora Vengo este viernes por la mañana, y luego planteada por las abogadas de la familia de Vanesa Castillo en una reunión con la ministra de Educación, Claudia Balagué.
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En octubre de 2017, el Senado de la provincia cuyana aprobó la propuesta del Poder Ejecutivo sobre “La creación del Defensor del Docente, el agravamiento de las sanciones correccionales para ofensas a docentes y un nuevo sistema de denuncias en escuelas, en caso de detectar situaciones de violencia en contra de menores”.
Vale destacar que la iniciativa no sólo establece la defensa de los maestros, sino también del personal no docente dentro del ámbito educativo. El objetivo es poder canalizar denuncias a través de esa figura y no tener que hacerlo a títulos personal para evitar denuncias de padres. También se busca que a través de la idea preservar a los propios niños en las escuelas.
“Los docentes o profesionales, que por tener contacto inmediato con los menores, advierten en primer término los indicadores y formulan la pertinente denuncia judicial, en numerosas ocasiones, son posteriormente víctimas de violencia verbal, física y/o material en sus bienes, por parte de las personas que a raíz de la denuncia pasan a ser sujetos de investigación por el Ministerio Público Fiscal”, reza parte del fragmento de la iniciativa.
Por otro lado, y ya en el orden local, la Ley Nº 8.008 Orgánica del Ministerio Público (BO 27/02/09 establece que el Ministerio Público Fiscal debe arbitrar los medios para proteger a quienes por colaborar con la Administración de Justicia corran peligro de sufrir algún daño (art. 11).
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