Es el caso, por ejemplo, de Sebastián Wagner, el femicida de Micaela García, en Entre Ríos: estaba preso por dos abusos sexuales, y debía purgar una condena de 9 años y 1/2. A pesar de ellos, y en contra de los informes del Servicio Penitenciario que advertían sobre la peligrosidad del delincuente sexual y desaconsejaban su liberación, el juez de Ejecución Penal Carlos Rossi le otorgó la libertad condicional cuando apenas había transcurrido la mitad de la sentencia. El resultado es conocido por todos: Wagner salió, secuestró a Micaela, la violó y la asesinó brutalmente.
A pesar de todo eso, en el jury que se realizó, la Justicia determinó que Rossi no tenía ninguna responsabilidad en lo sucedido y que no había obrado mal al dejar en libertad a Wagner, y lo restituyó en sus funciones. Increíblemente, sigue teniendo el poder de dejar en la calle a delincuentes condenados.
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También se cuestiona los casos en que se les permite a los acusados por delitos graves o por crímenes transitar el proceso en libertad, lo que les da vía libre para seguir ejerciendo su violencia, ya que rara vez cumplen las supuestas medidas alternativas a la prisión, las cuales no tienen control por parte de ningún organismo. Es, por ejemplo, la situación en que se encontraba el detenido por el asesinato de la oficial de la Policía bonaerense Lourdes Espíndola.
Al respecto, desde el Consejo de la Magistratura de la Provincia desligan de toda responsabilidad a los jueces, ya que insisten en que las medidas que éstos toman se basa en la normativa vigente, aunque también reconocen que “puede haber diferencias en la interpretación de la ley”.
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Sin embargo, el Ministerio de Seguridad de la Provincia, en un texto titulado “Tres por uno” recuerda tres casos puntuales, resonantes y recientes en los que diferentes magistrados dejaron en libertad a acusados por hechos gravísimos con penas expectadas muy altas y con antecedentes de poner en riesgo la seguridad de amplios sectores de la población, para marcar la responsabilidad que tiene la Justicia cuando, teniendo los argumentos para mantener en prisión a sujetos de alta peligrosidad, decide no hacerlo.
TRES POR UNO
“El 5 de febrero pasado Damián Chávez (22 años) junto al “Cable” Solis (hoy preso en una cárcel de mediana seguridad, también por la orden de un juez y contra la sugerencia del Servicio Penitenciario) y una tercera persona que continúa prófuga, interceptaron con una camioneta Ford Eco Sport el vehículo Audi con el que Jonatan “Bam Bam” Funes volvía de la UP 11 de Piñero de visitar a sus hermanos. Le dispararon y asesinaron para luego darse a la fuga y posteriormente incinerar el vehículo en el cual se trasladaban. Según cuentan las crónicas, durante el asesinato se dieron tiempo para acercarse a la novia de Bam Bam y dejarle un mensaje “Te dejamos viva para que cuentes lo que pasó”.
El imputado por el asesinato de Bam Bam Funes se va a la casa después de menos de 3 días detenido. La jueza le dio prisión domiciliaria con uso de tobillera y salidas laborales por 30 días. No resulta fácil de entender si consideramos que una de las hipótesis es que su “trabajo” es el sicariato. La magistrada aceptó la solicitud presentada por Fiscalía en acuerdo con la Defensa. A pesar de que también aceptó la imputación por los delitos de Homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas, Portación de arma de fuego de uso civil por el beneficio de la duda, Encubrimiento agravado con ánimo de lucro y por tratarse de un delito grave, Daño agravado por ser cometido en despoblado y en banda, todo en concurso real y en calidad de coautor.
La pena en expectativa, según la calificación imputada, sería de prisión perpetua. Un peligroso delincuente imputado por asesinato no debería esperar en su casa la sentencia. Esto agrava las condiciones de violencia en los barrios. La Justicia tiene las herramientas para evitarlo, pero peligrosamente no lo hace.
Como un deja vú, algunos magistrados repiten movimientos sin pensar en las consecuencias que generan en los territorios, ni hacerse cargo de sus actos. El año pasado una jueza mandó a la casa al más chico de los Funes (Alan). Para las fiestas se viralizó un video del muchacho acusado de varios delitos, soltando tiros al aire con una ametralladora. Se lo perdió de vista desde ese entonces hasta que a fines de enero lo volvieron a detener, esta vez con su pareja. Durante el lapso que estuvo prófugo, la lista de homicidios en la ciudad se engrosó de manera considerable.
Hace unos meses otra jueza dictó la misma medida para el Ema “Pimpi” Sandoval, quien está siendo juzgado por una múltiple tentativa de homicidio. En esa oportunidad, desde el Ministerio de Seguridad que conduce Maximiliano Pullaro advirtieron (nuevamente), que la decisión recalentaría los barrios donde el delincuente que atacó a tiros la casa del gobernador Bonfatti asienta sus reales. El resultado fue un incremento de las balaceras en la zona con la consecuente muerte (en este caso de una menor de 5 años).
El trabajo contra la violencia exige responsabilidad de todos los actores que forman parte del Estado. Si algunos miembros del poder judicial no entienden que están dentro de la problemática y que son parte de las situaciones de inseguridad que atraviesa transversalmente todos los estamentos, la solución es difícil y lejana. Todos se deben comprometer en hacer lo necesario para sumar acciones en favor de los ciudadanos de buena voluntad que deseamos habitar este suelo rosarino”.
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