menu
search
Santa Fe Administración Federal de Ingresos Públicos | Gobierno de Santa Fe | Provincia de Santa Fe

Qué gana y qué pierde Santa Fe si firma el convenio con Afip

Para el gobierno provincial es importante retomar este convenio para acceder a información valiosa sobre evasión tributaria y mejorar la recaudación. La oposición lo critica porque se pierden recursos de la coparticipación para financiarlo. La decisión final estará en la Legislatura.

El Ejecutivo provincial enviará en los próximos días a la Legislatura el convenio con la Afip que el gobernador Omar Perotti y el ex ministro de Economía Martín Guzmán firmaron la semana pasada y que motivó fuertes cuestionamientos desde la oposición, principalmente porque a Santa Fe le significaría resignar el 1,9% de la coparticipación nacional. La suerte de ese convenio depende de que lo apruebe la Legislatura.

Diputados y senadores recibirán más información este miércoles, cuando los jefes de bloque vayan a la Casa Gris, convocados por el Ejecutivo por este tema y por el acuerdo de pago de la deuda histórica. Otro tanto ocurrirá el jueves con intendentes y presidentes comunales que tienen mucho que ver con el tema, porque de concretarse el convenio verán disminuidos sus ingresos por coparticipación de origen nacional.

Hasta aquí hay argumentos a favor y en contra. El financiamiento del autarquismo de la Afip viene del año 1992, cuando Domingo Cavallo creó el organismo y se convino que entre todas las provincias aportarían los recursos para sostenerla. Al cabo del convenio en la década del 2000 Santa Fe no lo renovó, pero la Nación siguió detrayendo la cuota de la coparticipación (en ese momento era un porcentaje bastante más alto) sin consentimiento de la provincia, lo que motivó que en 2009 el gobernador Hermes Binner demandara al Estado nacional también por este concepto.

afip impuestos
La idea de que las provincias aporten un montó de coparticipación para financiar la Afip surgió en 1992, cuando Domingo Cavallo era el ministro de Economía.

La idea de que las provincias aporten un montó de coparticipación para financiar la Afip surgió en 1992, cuando Domingo Cavallo era el ministro de Economía.

En 2015, la Corte le dio la razón a Santa Fe y dijo que Nación no puede descontar sin consentimiento. Es decir que si las partes acuerdan un nuevo convenio, como ocurrió ahora, sería legal. Sin embargo sigue abierto el debate de fondo: ¿corresponde que Santa Fe vuelva a financiar a la Afip? En la actualidad aportan todas las jurisdicciones, incluso CABA, con excepción de Santa Fe y La Pampa.

Mientras el actual gobierno cree que es necesario retomar ese este convenio, la oposición sostiene el rechazo al igual que cuando el Frente Progresista gobernaba. Como se dijo, para la provincia el convenio implica ceder el 1,9 por ciento de la coparticipación. A cifras de hoy se estima que serían entre 7.000 y 8.000 millones al año.

El ministro de Economía Walter Agosto defiende la necesidad de contar con el convenio y dijo que “hacía tiempo que buscaba reponerlo” pero no podía porque el juicio no estaba resuelto.

El beneficio es que Afip pasará a compartir “información muy valiosa para mejorar la fiscalización” de la API, aunque también significa acceder a otros servicios, apoyo tecnológico y capacitaciones, explicó. Se argumenta que si esos 8.000 millones al año permiten mejorar la recaudación por una cifra similar o mayor -vía identificación de evasión y elusión tributaria-, el convenio se pagaría solo.

Conferencia Perotti - AgostoDSC00021_MTH.jpg
El ministro Walter Agosto sostiene que el acuerdo con la Afip es clave para que Santa Fe acceda a información valiosa en la lucha contra la evasión.

El ministro Walter Agosto sostiene que el acuerdo con la Afip es clave para que Santa Fe acceda a información valiosa en la lucha contra la evasión.

Otras fuentes del gobierno consultadas afirman que los alcances son mayores: “No es sólo la API la que se va a beneficiar, sino un montón de organismos públicos, como la Inspección de Personas Jurídicas, la Caja de Jubilaciones, municipios y comunas e incluso el Ministerio Público de la Acusación que podría acceder a información mucho más completa que la que hoy le puede brindar la API cuando tiene una investigación que necesita rastrear patrimonios o conocer la situación de personas o empresas”, completaron.

Por el contrario, desde la oposición se cuestiona que las provincias tengan que financiar a la Afip o pagar por tener información. A su vez critican que el gobernador haya resuelto ceder al Estado nacional 8.000 millones de coparticipación sin informar ni consultar, siendo un tema que motivó un litigio de 15 años que acaba de cerrarse a favor de la provincia y que afecta directamente a municipios y comunas, que perderán ingresos de coparticipación, siendo que la gran mayoría de esos gobiernos locales son gestionados por partidos de la oposición.

A su vez, la forma en que el gobernador manejó los anuncios, poniendo en el mismo plano el cobro de una deuda histórica por la que pelearon cinco gobernadores y el regreso al convenio de Afip, provocó un sabor amargo en el propio oficialismo santafesino: la provincia pagará en efectivo 8.000 millones constantes y sonantes todos los años por una ventanilla y por la otra cobrará la deuda histórica en 10 años y con títulos públicos. Todo asociado, puesto en el mismo combo y dicho de esa forma sonó a mal negocio.

La oposición no la dejó pasar. “El acuerdo sería por $151.000 millones, $15.000 por año en diez años. Y con lo de AFIP vamos a estar perdiendo $8.000 por año, más de la mitad. Esto era un día histórico, pero ahora estamos más preocupados que contentos”, dijo la diputada socialista Clara García.

Walter Agosto en Legislatura 9.jpg
El convenio con la Afip se debatirá en la legislatura santafesina.

El convenio con la Afip se debatirá en la legislatura santafesina.

En la oposición llevan la voz cantante sobre esta última posición el antecesor de Agosto, el exministro socialista Gonzalo Saglione, y quien era su segundo, el ex secretario de Ingresos Públicos Pablo Olivares, actual asesor del bloque de senadores de la UCR. Ambos encabezaron el Foro de Expertos que convocaron radicales, sociales y PRO, entre otras fuerzas políticas, la semana pasada en la Universidad del Litoral, donde se cuestionó en duros términos el convenio.

Para Olivares, “pagar voluntariamente el 1,9% de la coparticipación con el argumento de que el pago es condición para que Afip brinde herramientas e información es acceder a un chantaje institucional y un monto estrafalario que choca contra el sentido común”. Afirma que Afip debe compartir esa información con otros organismos por beneficios sistémicos que incluso le aportan a la propia Afip por reciprocidad. Recalcó que “el costo anual a pagar a la Afip ($8.000 millones) es el doble del presupuesto anual de la API ($3.680 millones en 2022)”.

“Sería lo mismo que pagarle una comisión a Gendarmería para tener gendarmes en territorio santafesino por el servicio (además del hospedaje y manutención que hoy ya está a cargo de la Provincia)”, ejemplificó. Agregó otra comparación: “Es como si se le intentara descontar de la coparticipación a los municipios y comunas con el argumento de que la API hace la gestión de impuestos provinciales que se les coparticipan (patente, inmobiliario e ingresos brutos)”. Para Olivares “si Afip se financia con lo que ya aportan los santafesinos al fisco nacional o si, además de ese aporte, deberán hacer otro adicional”.

Otro aspecto es qué costo tendría para Santa Fe desconectarse directamente del sistema de recaudación de la Afip. “Con lo que realmente la Afip puede complicarle en recaudación a la Provincia son dos cosas. Uno, interrumpirle el servicio del sistema Osiris por el cual los contribuyentes de Ingresos Brutos que no son de convenio multilateral presentan declaración jurada del impuesto y el pago del saldo de la misma. El remedio para el API es desarrollar servicio propio para presentar declaración jurada y pago. Dos, excluir a la Provincia del servicio de identificación mediante clave fiscal de Afip. Esto haría que todos los servicios provinciales que se hacen mediante identificación con clave fiscal AFIP no podrían hacerse mediante esta modalidad. La solución es que la Provincia desarrolle su propio servicio de clave ciudadana, como hizo la Ciudad de Buenos Aires cuando antes de 2015 el ex jefe de Afip Ricardo Echegaray le bajó la palanca”.

El ex funcionario radical sostiene que el gobierno provincial firmó el convenio “por motivos incómodos que no quieren asumirse públicamente y entonces se usa el recurso de construir una racionalidad ficcionada”, en referencia a que haya sido una de las condiciones que la Casa Rosada le puso al gobernador para acceder a firmar el acuerdo por el pago de la deuda histórica en 151.800 millones de pesos.

Si está en lo cierto o no se podrá ver pronto, durante el trámite legislativo. Allí se verificará si el gobierno provincial pone énfasis en defenderlo y gestionar su aprobación o si, por el contrario, con el envío a la Legislatura considera cumplido el compromiso tomado con el gobierno nacional.