La violencia ganó en 2020 por amplia ventaja, ni una pandemia que paralizó el país durante por casi cuatro meses pudo parar la sangre que corrió este año en Rosario, donde se produjeron 214 homicidios (un 27% más que el año anterior), en su mayoría marcados por los enfrentamientos entre bandas, cada vez más atomizadas que disputan pequeños territorios a balazos.
Desde hace tiempo esa violencia se naturalizó en las capas medias de una ciudad que no sufre la sangre que corre en los márgenes golpeados por una pobreza endémica, donde la única perspectiva fugaz de prosperidad se alinea con la cocaína.
La pandemia corrió por primera vez en los últimos ocho años al problema de la seguridad de la agenda política. El covid-19 absorbió todo el miedo y el juego clandestino acaparó como nunca todas las miradas. Pero los balazos y la sangre volvieron a correr como en los años de mayor crisis, entre 2013 y 2015.
Después de las tres gestiones del Frente Progresista, cuando el problema empezó a rugir antes de explotar, nadie en ese espacio tiene a mano una receta exitosa, sino todo lo contrario. El ministro de Seguridad Marcelo Sain hace responsable a las anteriores gestiones de dejar que el problema de la narcocriminalidad explotara, con una policía cada vez más deteriorada y en permanente complicidad con el delito. Este año Sain promovió tres leyes de seguridad para ordenar un sistema obsoleto e ineficiente, pero ni el propio gobierno de Perotti insistió demasiado en que ese paquete se aprobara, tras las tensiones internas que aparecieron con la causa de juego clandestino.
Desde 2013 se escribieron varios capítulos donde las sospechas de la protección política sólo quedaron en elucubraciones periodísticas.
El gobernador Omar Perotti puso bajo la lupa en su discurso inicial que había que trazar una línea para “cortar las complicidades con el delito”. Nadie podía imaginar ese 11 de diciembre que el principal engranaje de esas relaciones estrechas con el delito iba a estar dentro del propio peronismo y en una causa de juego clandestino, que comenzó a partir de la investigación del crimen del gerente del Banco Nación de Las Parejas Enrico Encino en enero pasado en el Casino City Center, donde Los Monos fueron a atacar a balazos.
La matriz del juego clandestino, un delito benigno comparado con el narcotráfico, se puso bajo la lupa y aparecieron las complicidades dentro de la justicia, luego de que el empresario Leonardo Peiti se presentara como arrepentido y declarara que le pagaba coimas al jefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal y a su mano derecha Gustavo Ponce Asahad, quienes terminaron presos. La llegada de Serjal a ese puesto esconde otros intereses, más importantes que la protección a los garitos.
Apareció luego el eslabón político, con el senador Armando Traferri, acusado de ser el nexo entre el capitalista de juego clandestino y los fiscales, pero la acusación de los investigadores Matías Edery y Luis Schiappa Pietra no logró sortear la cápsula del Senado, donde peronistas y radicales no dejaron que prosperara el desafuero del senador por San Lorenzo. La oscuridad de la política santafesina quedó más ennegrecida.
Desde 2013 se escribieron varios capítulos donde las sospechas de la protección política sólo quedaron en elucubraciones periodísticas, porque nadie en la justicia investigó qué pasó con casos emblemáticos, como el crimen de Luis Medina, el atentado contra el exgobernador Antonio Bonfatti y la supuesta protección a Luis Paz, entre decenas de hechos turbios. No encontrar nunca culpables, como pasó en Santa Fe en la última década, fue parte de este juego peligroso.
En uno de los años de mayor violencia en Rosario, el juego clandestino, un delito donde nadie nunca sale lastimado, se convirtió en el eje de la lucha contra las mafias. Los garitos con computadoras y máquinas tragamonedas reemplazaron en el interés a los búnkeres que en 2014 derrumbó Sergio Berni ante las cámaras de TV.
La mafia política protege a la delictiva porque en su raíz, en su tronco y en su follaje están hechos de lo mismo.
“¿Dónde está la plata?", repitió el sicario con insistencia, mientras apuntaba a Marcelo Medrano, alias Coto, narco y barra de Newell’s. Unos días después del crimen empezó a aparecer en esta trama el esquema de negocios de Medrano que -según se investiga- había ido unas horas antes que lo mataran a una financiera Cofyrco, en el centro de Rosario, a comprar 17.000 dólares. Se sospecha que adquirió más de 130.000 en los últimos meses.
En esa cueva secuestraron 41.000 dólares, 33.000 euros, 81.000 reales, 3.000 libras, 5.000.000 de pesos y más de 175 DNI de personas, en su mayoría de Rosario, que usaban sus nombres en la agencia para comprar dólar ahorro (legal) y después venderlo a precio del blue (ilegal).
El crimen de Medrano y otras causas vinculadas a Los Monos por extorsiones llevaron a los investigadores a las cuevas del centro de Rosario, donde se cambia, se invierte y se lava el dinero de la droga, un hilo que hasta ahora nunca se había profundizado.
El caso Oldani en Santa Fe despertó certezas similares, que las financieras son un eslabón sólido donde va a parar el dinero oscuro del narcotráfico pero también de la política, de los gremios y del lado B de la economía formal. Por eso generó tanto revuelo en Rosario la posibilidad de que se allane la reina de las cuevas en calle Córdoba, donde parte del establishment político, judicial y económico tiene depositados sus jubilaciones paralelas.
En otra causa que apareció de manera visible la relación entre el narcotráfico y el universo de las finanzas fue una investigación que llevó adelante el fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez, que tejió la relación que existía entre la narcoavioneta que tuvo un mal aterrizaje en San Justo el 22 de febrero pasado, cargada de cocaína que después desapareció, y una fábrica de facturas truchas a través de una red de personas que generaban Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS).
En la investigación se detectó que además de narcotráfico esta organización manejaba una sofisticada red de lavado de dinero con epicentro en Rosario, donde se creaban Sociedades Anónimas Simplificadas -una figura jurídica que se creó en 2017, destinada a los emprendedores- para luego vender facturas en varias provincias, como Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Río Negro, entre otras.
La impunidad demarca una convivencia sólida y armónica que pone a Santa Fe en un escenario cercano a lo que el escritor y periodista italiano Leonardo Sciascia describió en "El día de la lechuza", editada en 1960, cuando señala que la mafia política protege a la delictiva porque en su raíz, en su tronco y en su follaje están hechos de lo mismo.
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