Fue en la reunión que mantuvieron el 16 de enero pasado en la Casa Rosada, cuando el presidente Alberto Fernández tiró sobre la mesa la idea general de lo que el domingo delineó en su discurso en el Congreso sobre la lucha contra el narcotráfico en Santa Fe. Hubo un cambio en el eje que desde hace tiempo existe sobre este problema: ya no son necesarios más gendarmes, sino más fiscales para investigar y, sobre todo, que tengan mayor decisión.
En ese encuentro con los funcionarios del gobierno santafesino, encabezados por el gobernador Omar Perotti, Fernández dejó traslucir la idea de apurar la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal federal en Santa Fe, como adelantó en ese momento Aire de Santa Fe.
La letra fina al presidente se la había dado el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, que ya se había reunido tres días después de asumir en el cargo con su par nacional Sabina Frederic. A mediados de enero empezaba a preocupar la crisis de seguridad y violencia derivada del narcotráfico en Rosario y Santa Fe –ahora la atención es mayor- y la conclusión era que el envío de más gendarmes no iba a solucionar ningún problema de fondo. Desde el 4 de abril de 2014 hasta ahora en cinco oportunidades desembarcaron las fuerzas federales para apaciguar el incremento de los crímenes, que siempre vuelve a recrudecer, como ocurrió en enero y febrero de 2018 y en este verano de 2020.
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Esa semana de mediados de enero, Sain se quedó en Buenos Aires con el senador Roberto Mirabella, mano derecha de Perotti, y fueron a hablar con Gustavo Beliz, secretario de Gestión Pública, como les había indicado el presidente. Beliz es el que tiene la llave de gran parte de las puertas del gobierno.
Un mes y medio después, el presidente hizo una especie de prólogo a su alocución en el Congreso el jueves pasado en el Monumento a la Bandera, donde prometió que el 20 de junio los santafesinos verán soluciones al problema del narcotráfico y la violencia.
Tres días después, en el Congreso de la Nación, Fernández fue más específico. “De la mano de la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio penal, vamos a impulsar un fortalecimiento de toda la actuación de la Justicia Federal penal en las zonas más críticas donde el crimen organizado ha logrado desarrollarse a través del narcotráfico, especialmente en la zona de influencia de Rosario y Santa Fe”, aseguró el presidente.
“El reordenamiento que impulsamos tiene un profundo sentido federal: consolida por un lado la autonomía de la ciudad de Buenos Aires con su justicia penal local, y aumenta la actuación de jueces y fiscales en la zona de Rosario y Santa Fe”, agregó.
“En esta última provincia, vamos a impulsar la creación de una nueva sala y una Secretaría de Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Para fortalecer el Ministerio Público Fiscal y la aplicación rápida del código acusatorio, vamos a reforzar la creación de nuevos cargos auxiliares fiscales y asistentes fiscales bajo la órbita de un fiscal coordinador de distrito. Propondremos la creación de un juzgado federal, una fiscalía y una defensoría federal en la ciudad de San Lorenzo que también va a estar orientada a la investigación de la trata de persona, el lavado de dinero y el narcotráfico”, desgranó Fernández.
Lo que vio Sain
Desde su función en el Organismo de Investigaciones, Sain vio de cerca y con sus propios ojos el diagnóstico que hace tiempo sobrevuela sobre la Justicia Federal en Santa Fe, en el foco de las críticas de varios sectores desde hace años, cuando nunca mostró la más mínima reacción para enfrentar el problema de raíz, el narcotráfico.
No es algo nuevo. Desde por lo menos 2013 que esta mirada crítica da vueltas y vueltas y atraviesa gestiones de distinto signo político.
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En diciembre de 2015, tras asumir el presidente Mauricio Macri, el Ministerio de Justicia de la Nación propuso la creación del Centro de Investigación del Narcotráfico y el Crimen Organizado, que llamó (Cinco). Pero esa idea nunca se cristalizó. Pidió a mediados de 2018 la cesión del edificio de la ex Aduana, en el centro de Rosario, pero jamás se conformó ese proyecto, que apuntaba a que funcionaran de manera coordinada fiscales provinciales y federales, como así también las fuerzas nacionales y provinciales.
Lo único que se consiguió, pero tampoco funcionó nunca de la manera pensada, fue una oficina que instaló la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), pero que nunca se pudo dotar de una planta de personal para que investigara causas con una mirada diferente buscando relación entre expedientes y narcos.
La burocracia del Estado parece ahogarse en su propia falta de acción, y los proyectos se acumulan en cajones de escritorio.
Mejor en Santa Fe
Hasta ahora nada funcionó. Nada pareció moverse en la justicia a la par de lo que ocurre en las calles de Rosario. En Santa Fe, el fiscal Walter Rodríguez logró avanzar en causas emblemáticas y profundizar investigaciones con una efectividad mucho mayor y comprometida que en Rosario.
El argumento que se expone en la Justicia Federal de Rosario es siempre el mismo. La falta de recursos y fondos. Pero la realidad es otra a pesar de que el problema existe. En la Cámara Federal de Rosario trabajan más de 180 personas, muchas de ellas con apellidos que se repiten y conforman una gran familia, con jueces que ganan fortunas y no pagan impuesto a las ganancias.
El argumento que se expone en la Justicia Federal de Rosario es siempre el mismo. La falta de recursos y fondos.
Desde los propios tribunales hay voces que se alzan entre las paredes del edificio de calle Oroño, siempre en ruinas, que advierten que la implementación del nuevo sistema procesal penal, como propuso el presidente, se podría hacer sin demasiados problemas, reasignando y reorganizando el personal que está en funciones. Se deberían realizar obras para crear las salas de audiencias, porque con el nuevo sistema, las imputaciones deberán ser en un plazo corto.
El nuevo sistema
La ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, estuvo la semana pasada en Santa Fe viendo cómo se podría implementar el nuevo sistema acusatorio federal. En la práctica la mayoría de los jueces federales delega en los fiscales las investigaciones, pero el nuevo sistema prevé no sólo eso, sino que las imputaciones se realicen en un plazo corto, por lo que las fiscalías deberán estar dotadas de auxiliares de justicia para que investiguen y aporten pruebas para que los jueces definan el futuro de los detenidos.
Otro tema es qué se investiga. Y que a esas audiencias sólo vayan perejiles. En 2018 se duplicaron las causas iniciadas por tenencia para consumo de drogas ilícitas en Santa Fe. Se iniciaron en ese año –que es el último que está registrado– 803 expedientes de un total de 2337 que se abrieron por infracción a la ley 23.737.
En el 34% de las causas quedaron imputadas personas que fueron detenidas por las fuerzas de seguridad con drogas, generalmente marihuana y cocaína, para consumo personal. La ley original establece –según el artículo 14– que para ese tipo de casos la pena será de 1 a 6 años, aunque aclara que “será de un mes a dos años cuando por escasa cantidad surgiere inequívocamente que la tenencia es para su uso personal”.
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